La retribución a las redes que propone la CNMC beneficia a Redeia y penaliza a las grandes eléctricas, según un informe

Pero aún es más agrio una vez conocidos los detalles sobre retribuir a su homóloga para el transporte eléctrico, Redeia.

Las principales compañías de distribución, Iberdrola, Endesa y Naturgy, pero también en menor medida EDP y Viesgo Distribución (EON), han solicitado aumentar hasta el 7 o 7,76% ese porcentaje, o al menos, cambiar el modo en el que se aplica.

[Bogas (Endesa): "Será un 'austericidio' si la CNMC no mejora hasta el 7 o 7,7% la retribución de la red eléctrica"]

Pero una vez entrado en detalle en el modelo retributivo pensado para el transportista, hay sorpresa y desconcierto, porque los nuevos modelos retributivos propuestos para las redes de transporte y distribución de electricidad son muy diferentes.

Aunque ambas actividades tendrán la misma tasa de retribución del 6,46%, el método de cálculo y los incentivos difieren profundamente, lo que podría distorsionar la inversión futura en infraestructura eléctrica y ralentizar el proceso de electrificación de la economía.

Varios analistas han manifestado su desconcierto ante el trato desigual que el regulador planea aplicar a inversiones similares, dependiendo de si se realizan en redes de transporte —gestionadas por Redeia— o en redes de distribución —operadas por las eléctricas—.

Según el informe "Electricity transport regulatory model looks far better than distribution”, elaborado por RBC Europe Limited, una filial que opera en Europa del Royal Bank of Canada (RBC), uno de los bancos más grandes del mundo, el modelo regulatorio propuesto por la CNMC para el transporte de electricidad tiene un impacto positivo en Redeia.

Dos modelos

El nuevo marco para el transporte eléctrico (2026-2031) establece que las inversiones de Redeia se remunerarán según costes auditados, lo que da visibilidad y certeza a sus ingresos.

En contraste, las inversiones en distribución solo se retribuyen en función de la potencia conectada a futuro (GW), es decir, no se reconoce la inversión hasta que se conectan nuevos consumidores.

Propuesta de la CNMC Remuneración total de Redeia 2026-31 (millones de euros) RBC

Este enfoque, según los expertos, desincentiva las inversiones estructurales en distribución, como por ejemplo extender líneas eléctricas hacia polígonos industriales vacíos o zonas sin demanda inmediata.

“Una empresa puede tardar ocho años en conectarse, y hasta entonces, la inversión no se remunera”, señalan fuentes del sector.

Este desequilibrio tiene implicaciones sistémicas importantes. Si se amplían las redes de transporte sin una expansión proporcional de las redes de distribución, se genera un cuello de botella que impide la conexión de nuevos usuarios. Peor aún, los costes de esta infraestructura infrautilizada recaerán sobre los consumidores actuales vía peajes, encareciendo la factura eléctrica.

Los analistas advierten que solo un crecimiento paralelo y equilibrado entre redes de transporte y distribución puede garantizar la eficiencia del sistema y evitar un encarecimiento estructural de la energía.

Condiciones operativas

En este nuevo escenario, Redeia emerge como la gran beneficiada. Sus ingresos regulados anuales pasarán de 1.217 millones de euros en 2025 a 1.858 millones en 2026, lo que supone un aumento del 52%, según estimaciones basadas en el gráfico previo de RBC Capital Markets.

Este aumento viene acompañado de condiciones operativas más favorables. Por ejemplo, la reducción del coste operativo (el que se paga por operar la red actual) reconocida por la CNMC será de menos 6% para Redeia, mientras que las eléctricas sufrirán una rebaja del 24% en distribución.

Una rebaja que entrará en vigor en 2026 y que los analistas no comprenden cómo se justifica. Esta asimetría regulatoria ha sido recibida con escepticismo por parte de analistas y operadores del mercado.

Cuestionan si la CNMC está promoviendo un marco verdaderamente neutral o si está priorizando injustificadamente al gestor del sistema en detrimento del resto de actores.

La situación plantea dudas sobre la equidad del proceso regulatorio y su alineación con los objetivos de transición energética.

El sector espera que durante el proceso de consulta pública —abierto hasta el 7 de agosto en el caso de la distribución y hasta el 9 de septiembre para transporte— se reconsideren algunos de estos elementos para garantizar un desarrollo coordinado, justo y eficaz del sistema eléctrico nacional.