Hacienda acumula un retraso de seis meses para aprobar la orden que frenaría el fraude del IVA de los hidrocarburos

El Ministerio de Hacienda lleva un retraso de seis meses para aprobar tres normativas que están en el trámite de audiencia y consulta pública y cuyo plazo finaliza este jueves 3 de julio.

Se trata de los proyectos de orden para reconocer la condición de operador confiable, de orden que regula los avales para garantizar su viabilidad y de orden con el modelo 319 de 'pago a cuenta del IVA', que habilitará el pago anticipado del IVA en la salida de determinados carburantes del régimen de depósito fiscal.

[El 25% del sector hidrocarburos está implicado en el fraude del IVA que alcanzó ya los 3.000 millones en 2023]

"El esquema normativo no está completo, lo que deja espacio a que siga habiendo operadores petrolíferos que sigan haciendo su agosto. Por ejemplo, hay casos que se están trayendo el petróleo de Nigeria. Pero, ciertamente, son muchos menos los que están defraudando", explican fuentes del sector de compraventa de carburantes a EL ESPAÑOL-Invertia.

"El real decreto-ley aprobado a finales de diciembre ya ha tenido un efecto en los precios de venta de carburantes a la distribución. Ya no están anormalmente bajos, ahora la diferencia es muy pequeña, porque saben que tienen la lupa encima".

Aún así, las fuentes consultadas recuerdan que "mientras no se establezcan todos los procedimientos normativos, existe el riesgo a que se vuelva a lo de antes".

Pero, además, apuntan a que "está muy bien regular, pero una vez que tengamos la orden ministerial si luego no hay inspecciones de nada va a servir. Y no tres años después, sino en tiempo real, que es lo que se persigue con esta medida".

Normativa sin fecha

En la práctica, algunos procedimientos normativos establecen un plazo máximo de seis meses para resolver y notificar la resolución del procedimiento, contado desde la publicación de la apertura del trámite. Sin embargo, no hay un plazo legal único, y suele oscilar entre uno y varios meses.

Varía según la normativa sectorial aplicable y la carga de trabajo de los órganos implicados, y el interés de los afectados. Sin estas órdenes, la Administración no dispone de las instrucciones precisas para aplicar la ley, lo que puede generar inseguridad jurídica o incluso imposibilidad material de ejecución.

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"No hay una visión compartida entre los diferentes agentes del sector", continúan las mismas fuentes.

"Operadores grandes y pequeños tienen objetivos diferentes. Por ejemplo, Repsol, Moeve o BP querrían que la norma fuera lo más restrictiva posible, mientras que los de la asociación UPI (Unión De Petroleros Independientes) quieren más equilibrio entre competencia y control".

Efectos en 2026

Desde el 1 de enero de 2025, la Ley 7/2024 introduce la obligación de constituir una garantía del 110% de la cuota de IVA correspondiente para operadores no considerados confiables, con el objetivo de frenar el fraude. "Por tanto, no se verán sus efectos hasta 2026".

El fraude se produce principalmente mediante tramas de sociedades instrumentales que eluden la liquidación del IVA en la cadena de comercialización de carburantes, aprovechando vacíos legales y la suspensión del impuesto en los primeros eslabones de la cadena de suministro.

Se estima que alrededor del 25% del combustible vendido en España en el primer trimestre de 2024 no pasó por Hacienda, pese a que el consumidor sí pagó el 21% de IVA en el repostaje.

En 2023, el fraude se estima que alcanzó aproximadamente los 2.000 millones de euros. El año pasado, la lista de grandes morosos (aquellos que adeudan más de 600.000 euros y sus responsables solidarios) que publica cada año Hacienda vinculados a estas prácticas sumó 1.200 millones de euros, "aunque las estimaciones del sector suben hasta los 1.900 millones", concluyen las mismas fuentes consultadas.