El presidente de Rusia, Vladímir Putin. Reuters
El veto al gas ruso despierta los temores a arbitrajes internacionales millonarios por la ruptura de contratos
La fórmula prevista por Bruselas para poner fin a acuerdos vigentes es alegar causa de "fuerza mayor", pero esto abre la puerta a reclamaciones ante el Ciadi.
Más información: La UE prohibirá la compra al contado de gas ruso desde finales de 2025 y los contratos a largo plazo en 2027
El plan de la Comisión Europea para cortar los lazos energéticos con Rusia antes de finales de 2027 enfrenta riesgos legales que podrían llevar a las empresas europeas a los tribunales internacionales.
En su hoja de ruta, Bruselas contempla ofrecer mecanismos legales que permitan anular los acuerdos a largo plazo existentes para la compra de gas sin que las empresas del Viejo Continente sean responsables. En concreto, la fórmula legal prevista es alegar una causa de "fuerza mayor" para evitar las cláusulas take or pay, que obligan a pagar por el gas incluso si no se consume.
Sin embargo, la ruptura de estos contratos podría desencadenar reclamaciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) o ante otros mecanismos legales internacionales, lo que pondría a las empresas europeas en riesgo de enfrentar costosos arbitrajes.
A pesar del respaldo político de Bruselas, fuentes del sector energético advierten que la incertidumbre es alta. "Más allá de las necesidades de las empresas para encontrar nuevos proveedores o recurrir al mercado spot, en función de su modelo de negocio, está el riesgo de las disputas legales internacionales y qué coberturas habrá para enfrentarse a ellas", explican.
La Comisión Europea todavía no ha publicado los textos legislativos -se concretarán en el próximo mes- pero el comisario de Energía, Dan Jørgensen, ha avanzado que Bruselas pedirá a los países miembros que desarrollen planes nacionales para la desconexión de los combustibles rusos.
En este sentido, se espera que estos planes estén listos para finales de este año. Y España deberá iniciar los procedimientos y consultas pertinentes para su propuesta.
El Ciadi, conocido por resolver disputas entre gobiernos y empresas extranjeras, podría ser uno de los mecanismos en los que Rusia recurra si considera que la ruptura de los contratos vulnera sus derechos bajo los acuerdos bilaterales de inversión. Esto se debe a que, aunque la UE tiene la capacidad de regular y establecer políticas dentro de sus fronteras, los contratos existentes entre las empresas de la UE y Rusia están protegidos por acuerdos bilaterales de inversión entre los dos países.
En el caso de España, la situación afecta principalmente a Naturgy, que mantiene un contrato de compra desde 2018 con Rusia, vigente hasta 2041, desde la planta Yamal LNG. También hay otros acuerdos a largo plazo entre Rusia y empresas europeas como la francesa TotalEnergies o la anglo-holandesa Shell.
La Comisión de Ursula von der Leyen ha diferenciado en su plan el fin de las compras en el mercado spot y las sujetas a contratos a largo plazo previos a la invasión.
En el primer caso, ha propuesto desde finales de 2025 todas las importaciones de gas ruso (tanto por gaseoducto como el gas natural licuado) basadas en nuevos contratos y contratos al contado (con una duración de menos de un año) existentes. Esta medida permitirá reducir en un tercio de forma inmediata los suministros restantes de gas ruso, según los cálculos de Bruselas.
De cara a 2027 y de forma gradual, el Ejecutivo comunitario plantea dejar sin efecto el resto de contratos a largo plazo.
Durante la Reunión Anual de Sedigas celebrada este jueves, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, advirtió: "Hay muchas cosas por detallar, especialmente en este phase out del gas ruso".
"Por un lado, debemos garantizar el suministro; por otro, la seguridad jurídica. Y ahí es fundamental distinguir entre los contratos anteriores a la guerra, los acuerdos a largo plazo, y las compras spot. El documento de la Comisión lo recoge, y para mí es importante", añadió.
