EDPR abre una batalla legal contra Colombia tras abandonar el país y anotarse un golpe de 700 millones

El choque con el país sudamericano por los retrasos y cambios regulatorios que afectaron la construcción y operación de sus proyectos eólicos desembocó en diciembre de 2024 en su salida del país. Un golpe que el propio grupo estimó entonces en hasta 700 millones de euros.

Ahora, la millonaria disputa ha escalado hasta el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), el organismo del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre inversores extranjeros y Estados.

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El Secretario General del Ciadi registró oficialmente la solicitud de inicio del procedimiento de arbitraje la semana pasada. EDPR ha confiado la representación legal de su caso al despacho Uría Menéndez.

Mientras, la República de Colombia, como demandado, estará representada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en Bogotá. EDPR ha declinado a este medio hacer comentarios sobre la disputa.

Origen del conflicto

La compañía de renovables llegó a Colombia en 2019 con dos proyectos eólicos de 500 megavatios (MW) en La Guajira, llamados Alpha y Beta. Juntos podrían generar 2,5 teravatios hora (TWh) al año, energía suficiente para abastecer a 1,2 millones de hogares colombianos.

Ese mismo año, ambos proyectos obtuvieron los permisos ambientales y, en octubre, EDPR firmó acuerdos de venta de electricidad a 15 años mediante una subasta estatal. La venta estaba prevista para comenzar en el año 2022.

La compañía contrató turbinas y equipos por una importante parte del capex (gasto de capital) previsto. Pero los confinamientos por la pandemia retrasaron los permisos de la línea de interconexión de 81 km que necesitaban.

Para no detener los trabajos, las turbinas se almacenaron en un puerto de La Guajira.

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A finales de 2022, el cambio de Gobierno, que supuso un giro a la izquierda con Gustavo Petro, trajo nuevos requisitos ambientales y aumentó de 56 a 113 las comunidades indígenas involucradas. Esto generó nuevos retrasos en los proyectos.

A estos problemas se sumaron otros factores: nuevos impuestos, aumento de los costes de construcción, devaluación del peso colombiano y mayores costes de financiamiento.

En agosto de 2023, el Gobierno publicó el Decreto 1276, con medidas de emergencia para mitigar la situación. Sin embargo, el decreto fue anulado judicialmente en octubre, manteniendo el desequilibrio en los proyectos.

EDPR renegoció con el Gobierno el 80% de los volúmenes de energía de los PPA firmados en 2019 y suspendió la entrega por más de dos años. Paralelamente, el permiso ambiental para la línea de interconexión fue presentado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con expectativa de otorgamiento en febrero de 2025.

En la presentación de resultados del primer trimestre de 2024, EDPR informó que revisaría la viabilidad económica de ambos proyectos.

Hasta diciembre de 2024, cuando la compañía comunicó su salida del país, para EDPR no se había logrado visibilidad sobre mejoras en el marco regulatorio, como reformas al mecanismo de cargo por confiabilidad y otras medidas necesarias para la viabilidad de los proyectos.

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Tras un análisis detallado, la compañía concluyó que los proyectos no cumplían con los criterios de inversión ni con su perfil de riesgo.

Por ello, decidió no continuar con las inversiones restantes necesarias para construir los parques y advirtió que continuaría acciones legales necesarias para proteger sus intereses en Colombia. Una advertencia que ha materializado ahora ante el Banco Mundial.

La compañía estimó unas pérdidas potenciales de hasta 700 millones de euros, incluyendo el deterioro total de los proyectos y 200 millones adicionales relacionados con garantías y pasivos estimados que podrían pagarse en el futuro.

Sólo estos 200 millones son incrementales a la deuda neta más allá de 2024. Estas cifras se consideraron en 2024 eventos no recurrentes, sin impacto en el ingreso neto recurrente ni en la política de dividendos de la compañía.

Otras salidas europeas

Los retrasos y los cambios regulatorios que ha experimentado el mercado renovable de Colombia no sólo precipitaron el abandono de proyectos por parte de EDPR.

En 2023, un año antes de la retirada del grupo que dirige Miguel Stilwell, la italiana Enel también confirmó su salida del proyecto terrestre Windpeshi en La Guajira (200 MW).

Según la matriz de Endesa, la decisión se debió a los retrasos significativos en el cronograma de obra y al aumento de las inversiones que estos provocaban.

Ese mismo año, la francesa EDF Renewables se retiró del proyecto solar Pubenza 2 en Cundinamarca, de 50 MW, parte de una adjudicación mayor de 145 MWp.

La compañía atribuyó igualmente su decisión a retrasos en los permisos ambientales por parte de la autoridad regional y a cambios fiscales y regulatorios que afectaron la rentabilidad del proyecto.

Más recientemente, en mayo de 2025, la noruega Statkraft salió de Colombia tras vender a Ecopetrol sus renovables en Colombia, que compró a la española Elecnor. La operación abarcó nueve proyectos de energía solar y eólica, con una capacidad total de 1,3 GW en regiones como La Guajira, Sucre, Córdoba, Caldas y Magdal.

Naturgy vs. Colombia

EDPR no es la primera gran energética española que lleva a Colombia ante tribunales internacionales de arbitraje.

Antes, Naturgy también recurrió al Ciadi, aunque en un contexto regulatorio y temporal distinto. La disputa surgió por la distribuidora eléctrica Electricaribe, intervenida por el Gobierno colombiano en 2016 y posteriormente liquidada.

Naturgy alegó que la intervención y liquidación constituían una expropiación indebida y violaban las garantías a la inversión extranjera. Por su parte, el Estado sostuvo que actuó para proteger a millones de usuarios frente a un servicio deficiente y la falta de inversión en la red eléctrica.

El procedimiento arbitral se inició en 2017 y concluyó en 2021 con un laudo favorable a Colombia. El tribunal consideró que las medidas adoptadas fueron un ejercicio legítimo del poder regulatorio para asegurar la continuidad y calidad del suministro en la región Caribe, y no una expropiación que obligara a indemnizar a Naturgy.

No obstante, Colombia tampoco obtuvo indemnización alguna por su contrademanda, en la que pedía compensación por los daños derivados de la mala gestión de la distribuidora.