Repsol y Mapfre reciben la demanda de 4.300 millones de Perú por el derrame de 2022 y presentan su defensa

La demanda de 4.500 millones de dólares (unos 4.300 millones de euros) por el derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero de 2022 en la Refinería de la Pampilla (Perú) ha llegado a las oficinas de Repsol y Mapfre y ha sido contestada.

Unos meses después del vertido de petróleo en Perú, calificado por Naciones Unidas como "el peor desastre ecológico en la historia del país", se admitió una demanda civil por daños y perjuicios presentada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (Indecopi).

La reclamación —dirigida a Repsol, Mapfre y la naviera italiana Fratelli d'Amico Armatori, además de Transtotal Marítima como operadores del buque— exige una compensación de 4.500 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones corresponden a daños directos y 1.500 millones a daños morales de los afectados por el derrame.

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"Repsol y Mapfre España han sido notificados con la demanda el 14 de mayo del 2024 y han cumplido con presentar sus defensas de forma y fondo oportunamente", recoge la petrolera española en su último informe financiero. No obstante, "Fratelli presentó su contestación a la demanda, que a la fecha se encuentra pendiente de notificación a las partes", añade.

A pesar de que la demanda presentada por Indecopi podría implicar una prolongada tramitación, Repsol se mantiene firme en su evaluación de que, conforme al criterio de sus abogados externos y tras revisar todos los argumentos planteados por las partes contrarias, "los Tribunales Peruanos terminarán por desestimarla, considerándola en consecuencia como un riesgo remoto".

Mientras llegaba la demanda, Repsol y Mapfre Perú han presentado oportunamente sus defensas, planteando recursos de nulidad contra el auto de admisión de la demanda.

En ellas, se apoyaron en la "falta de motivación", la no "subsanación de los defectos inicialmente señalados por el juez", la ausencia de un proceso de "conciliación previa por parte de Indecopi", la "falta de identificación de los reclamantes" y la "indebida acumulación de peticiones".

Además, las compañías han defendido la falta de legitimidad activa de Indecopi, la existencia de transacciones con un número creciente de personas afectadas por el derrame registradas en el Padrón del Gobierno Peruano, y la deficiente representación del denunciante.

También argumentan que las sociedades del grupo Repsol y sus aseguradoras carecen de "legitimidad pasiva" y que cualquier "eventual responsabilidad civil derivada del derrame depende de las investigaciones en curso". Finalmente, han cuestionado la falta de sustento de los importes reclamados, entre otros argumentos.

Indemnización de 450 millones

Paralelamente al conflicto con Indecopi, Repsol y Mapfre han interpuesto nuevas demandas contra la naviera involucrada, de modo que elevan sus reclamaciones de indemnización a 450 millones de euros.

A la demanda presentada en 2023 contra Fratelli D’Amico Armatori por "incumplimiento de obligaciones y responsabilidad extracontractual", se añaden ahora dos nuevas por compensaciones relacionadas con daños, limpieza y otros gastos relacionados.

Jesús Hellín / Europa Press

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La multinacional española sostiene que "todas las pruebas periciales" evidencian que el movimiento "descontrolado e indebido del buque y su desplazamiento de la posición prevista para una descarga segura" causaron la rotura de la instalación submarina de la terminal número dos de la refinería y, con ello, el derrame del crudo al mar.

La primera demanda contra la naviera, presentada el 12 de enero de 2024, reclama una indemnización de 197,5 millones de dólares (189 millones de euros) y ya ha sido admitida a trámite.

Las dos últimas, interpuestas el pasado 13 de enero contra Fratelli y la aseguradora The Standard Club Ireland, responden a los "daños debidos a contaminación por hidrocarburos, el pago de lo gastado en compensaciones a terceros y costes de limpieza asociados al incidente", según recoge Repsol en su último balance anual. 

El importe total de ambas reclamaciones asciende a 265 millones de dólares (más de 253 millones de euros).

Según Repsol, la responsabilidad del proceso de amarre y su seguridad y operación "es del capitán y, en consecuencia, de su empleador, Fratelli D'Amico, no sólo según legislación peruana, sino también legislación marítima internacional".

Otros litigios relacionados

A 11 de abril de 2024 Repsol ha sido notificada con una nueva demanda de la Municipalidad Distrital de Ancón, que sostiene que se ha visto afectada, entre otros, por la disminución de la recaudación y gastos en los que ha incurrido en el marco del derrame en los últimos años, así como por el daño reputacional a raíz del evento".

Por este motivo, reclama una indemnización total de 155 millones de dólares por responsabilidad civil extracontractual (15 millones por lucro cesante, 29 millones por daño emergente y 111 millones por daño moral). A este respecto, Repsol "considera que el riesgo de que se materialice el total del importe reclamado es remoto".

A finales de diciembre de 2023, Repsol también comunicó por carta a sus filiales la demanda presentada por la organización Stichting Environment and Fundamental Rights (SEFR) en Países Bajos.

Esta demanda fue notificada a las tres empresas el 10 de enero de 2024 y está dirigida en nombre de casi 35.000 personas supuestamente afectadas por el derrame de petróleo en Perú. La compensación solicitada supera los 1.000 millones de libras esterlinas.

Repsol argumenta que la jurisdicción neerlandesa no tiene relación con el derrame ocurrido en Perú. Además, destaca que esta demanda presenta similitudes con la de la Asociación Damnificados por Repsol, que ya fue desestimada, y señalan los numerosos defectos en la demanda, lo que también consideran un riesgo remoto.

El 2 de octubre de 2024, las demandadas presentaron una moción cuestionando la jurisdicción del tribunal. Se espera que el tribunal se pronuncie sobre la admisibilidad y la jurisdicción del caso entre el segundo y tercer trimestre de 2025.

Como consecuencia también del derrame, distintos organismos reguladores peruanos (entre ellos, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre) han iniciado procedimientos administrativos sancionadores contra la refinería La Pampilla de Repsol.

"Existen procedimientos administrativos sancionadores que continúan vigentes en sede administrativa o judicial y sus resultados, dependerán de las conclusiones que se obtengan de las investigaciones en curso", señala la española.