Según señala la legislación, los Juzgados de lo Mercantil son unos juzgados especializados, dentro del orden civil, en la resolución de conflictos sobre acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad.

Por eso, Repsol considera que la cuestión por la que se le demanda tiene más sentido que se juzgue en Madrid, ya que va en contra de la información corporativa, todo lo relativo a publicidad, notas de prensa y mensajes, corresponde a la Comunicación de la compañía. Por tanto, la tramitación judicial del caso recaería sobre la empresa con sede en Madrid, y no sobre la filial que se encuentra en Santander.

[Iberdrola lleva a los juzgados a Repsol por competencia desleal y 'greenwashing' en sus biocombustibles]

Iberdrola acudió a mediados de febrero a un juzgado de Cantabria ya que, de acuerdo con la normativa procesal, cuando se demandan empresas con diferentes domicilios sociales, el demandante puede elegir el lugar de cualquiera de esos domicilios. En este caso la sociedad competidora de Iberdrola en la venta de luz y gas, Repsol Distribuidora de Electricidad y Gas, tiene su domicilio social en Santander.

Según han señalado a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes cercanas a Iberdrola, "con este cambio de timón, puede que se busque retrasar todo el proceso", aunque fuentes conocedoras de la multienergética niegan que esta sea la razón.

Directiva europea de 'greenwashing'

Precisamente en febrero pasado, el Consejo de la Unión Europea aprobaba la directiva sobre el blanqueo ecológico, que quiere prohibir prácticas comerciales como la ecoimpostura y la obsolescencia temprana, y reforzará las obligaciones de información a los consumidores, según explica el despacho de abogados Garrigues.

La nueva norma está pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, pero es definitiva tras el visto bueno al texto propuesto por el Parlamento Europeo el pasado 20 de febrero.

Se introducen nuevas normas para combatir el blanqueo ecológico, es decir, las afirmaciones engañosas o no verificadas sobre el impacto medioambiental o social de los productos o servicios.

Entre otras medidas, se añaden nuevas prácticas comerciales al listado de aquellas que ya se consideran desleales en cualquier circunstancia. Por ejemplo, se prohíben las afirmaciones medioambientales genéricas sin un comportamiento medioambiental excelente reconocido.

Afirmaciones que tanto pueden ser sobre la totalidad de un producto o de una empresa cuando, sin embargo, se refieran solo a un aspecto del producto o de la empresa, o la exhibición de distintivos de sostenibilidad que no se basen en un sistema de certificación o que no hayan sido establecidos por las autoridades públicas.

Biocombustibles e industria

Mientras el proceso judicial sigue su curso, Repsol ha recalcado que continuará con sus planes de incrementar el desarrollo de productos enmarcados como combustibles renovables.

"No nos va a distraer la demanda de Iberdrola que no está acostumbrada a competir en un mercado abierto, sino a funcionar en un entorno regulado como es el del mercado eléctrico, cuyas normas salen publicadas en el BOE", dijo el consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, el pasado 21 de marzo.

Repsol tiene una apuesta clara por los combustibles renovables. "Una apuesta por reducir las emisiones en el transporte sin que la factura la pague la sociedad y sin que se cargue esta factura sobre las personas con menos recursos de la sociedad", añadía.

En el último mes se ha conocido que Repsol ha comprado a la agroindustrial Bunge el 40% de tres plantas de producción. Son tres plantas operadas por Bunge dedicadas a la producción de aceites y biocombustibles en Bilbao, Barcelona y Cartagena, cercanas a complejos industriales de Repsol.

También ha comenzado la producción a gran escala de combustibles renovables en Cartagena, la primera planta de la Península Ibérica dedicada en exclusiva a la producción de combustibles 100% renovables. Puede producir diésel renovable y combustibles sostenibles de aviación (SAF, por sus siglas en inglés), que se pueden utilizar en cualquier medio de transporte: automóviles, camiones, autobuses, barcos o aviones, aprovechando las infraestructuras existentes de repostaje.