Sin embargo, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes del sector, el gigante mundial de los fondos de inversión tiene intención de dar continuidad al proyecto empresarial de Naturgy y no prevé impulsar cambios en su estrategia.

Aún así, es una decisión que no se espera que sea efectiva antes de finales de año, por una cuestión del calendario de los 'permittings', es decir, de obtener los permisos de las autoridades competentes para poder llevar a cabo la operación. 

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Mientras tanto, el Gobierno ya ha dicho que estudiará la compra por si choca con el escudo 'antiopas' aprobado hace cuatro años y ampliado en julio pasado. Un blindaje que se aplica a las inversiones exteriores directas cuando alcancen o superen el 10% del capital o de los derechos de voto o tome el control de una compañía española de sectores estratégicos.

En este caso, como BlackRock se haría con el 20,6% de Naturgy, la participación que posee actualmente GIP, se encienden las alarmas en el Ejecutivo sobre si se debería activar ese escudo 'antiopas'.

"Sin embargo, BlackRock no se hace con capital social de la compañía, sino que adquiere un gestor mundial de infraestructuras independiente, que entre sus activos tiene participaciones de Naturgy", aseguran las mismas fuentes.

"Ha comprado el equipo gestor del vehículo, pero no el vehículo", puntualizan.

Una entrada condicionada

Esta posible operación rememora al proceso de opa llevado a cabo por el fondo australiano IFM y que finalizó en octubre de 2021. Entonces, el Gobierno, pese a la cautela mostrada durante meses, le dio luz verde a cambio de que el fondo cumpliera una serie de condiciones.

El objetivo era asegurarse que la dirección y la gestión de la compañía permanecieran en España e impulsar a que la empresa invirtiera en proyectos renovables.

También entre las condiciones se incluía que se rechazaran propuestas de desinversión en el país, además de mantener una parte significativa de la plantilla en territorio nacional, y rechazar la retirada de la cotización en Bolsa.

Tiene sentido. Según un informe de BNEF, el sector gasístico es estratégico a nivel global, no solo es la tecnología de primera necesidad para la industria, sino que seguirá apoyando el mix energético mundial durante décadas como energía de 'back up'.

De hecho, el sector energético mundial está apostando cientos de miles de millones de dólares a este combustible fósil. El Centro de Política Energética Global de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia lo llama "la tercera gran ola del GNL (gas natural licuado)".

BlackRock apuesta por la energía

Y ahora el gigante estadounidense es uno de los principales propietarios del sector energético español, al participar como un socio mayoritario en el control de empresas tan estratégicas para España como Iberdrola, Repsol, Enagás, Redeia, Solaria, y en poco tiempo también en Naturgy.

"Es cierto que cuando un fondo de inversión está en muchas empresas, aumenta su capacidad de decisión y por tanto, su capacidad de influencia", explica a EL ESPAÑOL-Invertia María de la Torre, experta legal en Gobernanza y socia directora de Governance & Compliance.

Sin embargo, reconoce que "los fondos pueden hacerlo porque es escrupulosamente legal". Aún así, cuando un fondo tiene presencia en los consejos de administración de muchas empresas de un mismo sector, como pueden tener objetivos empresariales muy dispares, es difícil ver cuál va a ser su decisión en los consejos de administración.

"Se puede influir en función de los intereses personales hacia un lado u otro, dependiendo de qué de mayor rentabilidad para sus clientes o qué empresa le sea más atractiva en un momento dado", señala la experta jurista.

Pero hasta la fecha no hay ninguna normativa que impida este procedimiento. "Legalmente se habla de conflicto de intereses en una compañía cuando chocan las relaciones familiares, pero en realidad, lo importante son las tenedoras, que suelen ser fondos de inversión, y ahí la ley no entra".

Así que la mejor opción para que haya un buen funcionamiento del mercado es que el Gobierno apruebe una normativa que requiera transparencia a los socios mayoritarios de las empresas estratégicas y a sus consejos de administración.

"La transparencia de mercado y el conflicto de intereses se debe impulsar a través de la CNMV, pero hasta ahora no entra dentro de sus competencias una regulación para ello. Esto es, que vigile el control indirecto de las empresas, algo que no afecta a la cotización pero sí al valor patrimonial. Aún así debería hacerlo y solo sería posible si se impulsara una normativa específica para ello", concluye la letrada.