"Hoy en día ya trabajan conjuntamente, se han organizado, con presencia en redes sociales y financiación para promocionarse, y muchos de los líderes son diferentes de los iniciales, porque los objetivos han ido moviéndose en función de cómo ha evolucionado quién les paga", explican a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes del sector empresarial renovable.

Sin embargo, ni todas las que existen están interrelacionadas ni las unen los mismos objetivos. Y además, los grupos políticos que les apoyan suelen ser tan dispares como Izquierda Unida en Asturias, Vox en Castilla y León, el BNG (Bloque Nacionalista Galego) en Galicia o Compromís en Valencia.

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"Es interesante ver, por ejemplo, que en estos movimientos puedes ver en la misma reunión a grupos de ultraderecha con anticapitalistas de izquierdas trabajando juntos". 

Pero ¿quién financia estos movimientos? "No se puede hablar conjuntamente de toda esta corriente antirrenovable, porque hay de todo", continúan las mismas fuentes a este diario.

"Hay organizaciones locales cuyos participantes son los propietarios de negocios de turismo rural, otras que son agricultores que no han sido los afortunados de tener un terreno adecuado para la instalación de proyectos eólicos o fotovoltaicos y sus vecinos sí, e incluso hay clubs de cazadores que ven limitados los terrenos para realizar su deporte", remarcan.

Y añaden que "luego hay que contar con los intereses políticos de las formaciones que cuentan con financiación para generar enfrentamiento con la oposición".

Parálisis en Galicia

"En Galicia siguen más de 200 MW eólicos en construcción o construidos y listos para conectarse a red, paralizados por la justicia, en concreto por la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)", señalan fuentes de una compañía eléctrica a este diario.

Son varios proyectos que fueron detenidos con medidas cautelares, como consecuencia de la vía judicial emprendida por organizaciones como la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega), Ecoloxistas en Acción Galiza y Petón do Lobo.

"Después de haber sido sometidos a una evaluación ambiental durante meses y años, han quedado en una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica al dejar en suspenso su continuidad", señalan esas fuentes.

Sin embargo, el pasado viernes 22 de diciembre, el Tribunal Supremo anunciaba la revocación de la anulación de la autorización del parque eólico Corme G-3, en el municipio de Ponteceso (A Coruña), al estimar el recurso de la Xunta Galicia y EDP Renovables. Con ello, se abre la puerta a tumbar múltiples suspensiones de proyectos realizadas por el TSXG en los últimos meses.

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"Quien ha estado detrás de todo esto ha sido el entorno del nacionalismo, tanto de ultraderecha como de ultraizquierda. Es peculiar que coincidan en frenar el desarrollo industrial de Galicia todos aquellos que pretenden aparecer como salvadores de la supuesta patria, aunque sea a costa de los ciudadanos", señala a este diario Francisco Méndez, responsable de Estrategias Industriales de CCOO de Industria de Galicia.

Y mientras tanto, aparecen en el horizonte más de 20 grandes proyectos industriales, 18 de ellos declarados "proyectos industriales estratégicos, que dependen para su arranque de la puesta en marcha de proyectos eólicos que les suministren energía limpia y a buen precio: supervivencia de Alcoa en San Cibrao, proyecto de Resonnac en Coruña, planta de neumáticos en As Pontes y varios de hidrógeno verde".

Esto supone "unos 8.000 puestos de trabajo industriales", que dependen de "la posible paralización de casi 2.000 MW eólicos, producto de reclamaciones sin sentido y del deconocimiento de una casta judicial poco formada en temas técnicos y científicos", añade el responsable sindical de CCOO.

Hay plataformas ciudadanas cuyo objetivo es que no se instale ni un megavatio renovable en su territorio, pero también hay otras que persiguen un modelo en contra de los grandes megaproyectos. 

Renovables sí, pero no así

Su lema es "renovables sí, pero no así" y en su manifiesto declaran que "en España existen superficies suficientes para instalar 181 GW que producirían más de 272.037 GWh/año en energía fotovoltaica sin que exista ninguno o un mínimo impacto ambiental". Así reza el informe publicado por el Observatorio de la Sostenibilidad.

"Existen unas 300.000 hectáreas (308.308 hectáreas) en tejados solares, zonas industriales, vertederos, escombreras, minas abandonadas, zonas aledañas a las infraestructuras de autovías, autopistas y vías férreas, canales al aire libre e invernaderos ya consolidados", continúa.

La instalación de placas solares en tejados y zonas industriales acerca la producción al consumo por lo que se evitan los impactos de evacuación de las líneas de alta tensión. El que la producción este muy cerca del consumo también favorece la implantación del coche eléctrico", concluye el think tank del movimiento antirrenovable en España.