El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. Europa Press

Observatorio de la Energía

Repsol deja en el aire una inversión de 8.000 millones en España hasta 2025 por la “falta de estabilidad”

El CEO de la energética, Josu Jon Imaz, ha amenazado con buscar otros países donde invertir, incluso en el vecino Portugal. 

27 octubre, 2023 01:46

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, anunció este jueves la intención de su compañía de buscar "alternativas" a sus inversiones en España "si no hay estabilidad política". El vasco avisaba de que tomaría esa determinación, sobre todo, si se prorroga el impuestazo a energéticas y banca. Ello podría suponer redirigir unos 8.000 millones de euros hasta 2025 a otros países.

Según el Plan Estratégico 2021-2025 presentado hace dos años, el grupo multienergético preveía destinar 19.300 millones a inversiones a nivel global. Aunque no está desglosado por países, tomando como referencia que el 41% de las inversiones de 2023 se han concentrado en España, la cifra alcanzaría esos 8.000 millones.

Con ello, quería aumentar su generación eléctrica renovable y su producción de hidrógeno libre de emisiones. También impulsar otras iniciativas bajas en carbono en nuestro país.

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Pero, según señaló el propio Imaz este jueves, a la compañía le pesa que ha sido la empresa del Ibex 35 que más impuestos ha pagado en España hasta septiembre. De hecho, de la contribución fiscal que ha pagado a nivel mundial, unos 10.890 millones de euros entre enero y septiembre de 2023, cerca del 70% (7.441 millones) los ha abonado en España.

"Es cristalino que, si se prevé mantener un impuesto especial para las energéticas y la banca más allá de 2023, tomaremos las medidas oportunas. Repsol es la compañía del sector más impactada con unos 450 millones de euros este año".

Alerta en banca y energía

No es la primera vez que las grandes empresas españolas avisan de la posibilidad de tomar medidas por determinadas decisiones políticas, tanto de España como de otros países.  

Dese que el Gobierno de Estados Unidos de Joe Biden anunció su Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), energéticas como Iberdrola, Repsol y otras europeas advirtieron de que esta iniciativa hacía al país americano más atractivo para la inversión.

Sobre todo porque, en paralelo, Europa ponía sobre la mesa elevar los impuestos que pagan las energéticas. Concretamente, la Comisión Europea proponía una tasa sobre el 33% los beneficios extraordinarios de las grandes empresas dedicadas al petróleo, carbón y refinerías, aunque con fecha de caducidad: finales de este año. Una medida que fue adoptada por las grandes economías del euro. 

La banca también teme las embestidas tributarias. Igual que en el caso de las energéticas, el pacto entre el PSOE y Sumar incluye hacer permanente el impuesto extraordinario a la banca. 

Crédito

Héctor Grisi, consejero delegado de Santander, avisó este mismo miércoles del perjuicio que puede tener esta medida. Según está configurado actualmente, el gravamen podría afectar a la concesión de crédito en momentos menos favorables para el sector que el actual.

"Hay ciclos y estamos en un ciclo arriba y el impuesto puede afectar o no. En un ciclo bajo [con bajadas de los tipos de interés], creo que podría afectar de manera importante", indicó.

Además, opina que el tributo es "discriminatorio", en tanto en cuanto sólo afecta a la banca, que ya tiene una presión fiscal superior al resto de los sectores, dado que está obligado a pagar más por el Impuesto de Sociedades (30% versus el 25% de las demás empresas), así como otras tasas.

Además, dentro del programa de Gobierno pactado entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz también está que las grandes empresas paguen un 15% efectivo de tributación sobre el resultado contable a través del Impuesto de Sociedades. 

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Desde que se conocieron las iniciativas del PSOE y Sumar, muchos empresarios y patronales han alertado de que se pone en riesgo la competitividad de las empresas españolas. Y que se puede estar abriendo la puerta que algunas dejen de tener como base España. 

Este ha sido el caso de Ferrovial. En abril pasado, los accionistas de la compañía aprobaron que la empresa española trasladara su sede social hasta Países Bajos.

Si bien el argumento de la multinacional era que el traslado era necesario para cotizar con plenas garantías en Estados Unidos, la sombra de acceder a una fiscalidad más ventajosa siempre ha planeado sobre esta operación.  

Posible destino: Portugal

Durante su ataque al impuestazo, Josu Jon Imaz también mencionó la posibilidad de Portugal como país donde podría tener actividad internacional para su negocio industrial.

Pero ¿por qué Portugal? El país luso bonifica y da ayudas fiscales a las grandes empresas, sobre industriales, que se instalan en su territorio. Y no sólo eso: también le aporta facilidades y de gestión.

Se trata de una experiencia por la que optó ya hace tres años Siemens Gamesa, que cerró parte de su negocio industrial de fabricación de palas eólicas en España para trasladarlo a Vagos, al norte de Portugal.