Para cada uno de estos últimos la Fiscalía Anticorrupción pide dos años de cárcel, mientras que para Ibergen solicita una pena de multa de 84,8 millones de euros más el decomiso de las ganancias supuestamente obtenidas (21 millones) y una indemnización "hasta un máximo" de 107 millones para las comercializadoras de energía eléctrica que, según la tesis acusatoria, se habrían visto perjudicadas por la subida "artificial" del precio de la luz entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013.

Sin embargo, ninguna de las grandes comercializadoras tradicionales -Acciona, Endesa Fortia, la antigua Viesgo (integrada en Eon y luego en Repsol) o Hidroeléctrica del Cantábrico- han interesado el resarcimiento de daño alguno.

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Solo una comercializadora, Geoatlanter S.L., ejerce la acusación particular y reclama 902.000 euros (los peritos de la propia Fiscalía limitan su eventual perjuicio a 99.000 euros) y otra, Axpo Iberia, que habría sufrido un perjuicio de 6,2 millones, ejerce la acción civil, pero no la penal.

Se han retirado del procedimiento Fenie Energía, Céltica Energía y Nexus Energía. A ellas se ha unido Belegi Invest, que en un escrito presentado el pasado miércoles comunicó al Juzgado la renuncia a ejercer la acusación. También se ha retirado la asociación de consumidores OCU, mientras que Facua se mantiene.

Sanción administrativa

Los hechos objeto del juicio son los mismos por los que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en 2015 a Ibergen una multa de 25 millones de euros que se encuentra recurrida.

Fue la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC la que el 10 de diciembre de 2013 inició la información previa que acabaría en la sanción administrativa, aunque la Comisión no interpuso una denuncia en la jurisdicción penal y, de hecho, la Abogacía del Estado no interviene como acusación.

La acusación

Ello, junto al hecho de que, tras más de cinco años de instrucción, los escritos de acusación son una copia de la resolución sancionadora de la CNMC, ha llevado a Ibergen a quejarse de que "se ha criminalizado una cuestión puramente técnica" sobre el precio del agua, que tiene su ámbito en el contencioso administrativo.

Según la CNMC -y así lo recogen las acusaciones-, Iberdrola Generación llevó a cabo, entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de ese mismo año, una estrategia de elevación de precios de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo que hizo que un volumen en torno a 45 GWh -que se venían ofertando a finales de noviembre por debajo de 70 euros/MWh y resultaba casado con precios medios diarios en el entorno de los 45-55 euros/MWh- quedara reducido a 13 GW diarios.

Del mismo modo, la energía que a finales de noviembre se ofertaba a más de 90 euros/MWh y quedaba sin casar (es decir, quedaba fuera del precio de venta de la electricidad fijado para el día siguiente y, por lo tanto, quedaba sin despachar por ese operador más caro), pasa a ser de un volumen en torno a 40-50 euros/GWh diarios en noviembre, a un volumen de 105 GWh en diciembre.

La Fiscalía considera que ese aumento del valor de las ofertas de energía eléctrica se hizo "sin causa legítima que lo justificara" y "con la finalidad de provocar una subida del precio y perjudicar a los consumidores", a pesar del incremento que ya experimentaban en esos días los precios del mercado de contado, "que la situaban ante un corte óptimo de oportunidad".

Para el Ministerio Público, al retirarse la programación de las centrales de Duero, Sil y Tajo, éstas dejaron de producir energía y las operaciones de compra se casaron con la energía procedente de las centrales de ciclo combinado, que funcionan con gas natural y son de coste superior, por lo que el rango de precios también fue más elevado.

A partir del 24 de diciembre de 2013 se registraron fuertes borrascas y viento, lo que provocó la reducción del precio de la energía por la importante aportación de fuentes renovables.

No se imputa a lbergen ser el causante de una la subida del precio desde los 50 euros/MWh que marcaba el mercado en noviembre de 2013 a los 80-90 euros/MWh que marcaba en las tres primeras semanas de diciembre, sino de aprovechar esa subida de precios para incrementar el precio de casación en 7 euros/MWh adicionales.

Para las acusaciones, esa presunta actuación de llevar al mercado a precios artificiales, que no se corresponderían con la capacidad de producción disponible en las centrales hidrológicas, constituye delito contra el mercado y los consumidores.

Criterios técnicos

Para Ibergen, en cambio, las ofertas presentadas respondieron a criterios técnicos y de racionalidad. Se hicieron en un contexto de "excepcional escasez de agua" debido a una sequía persistente.

En su escrito de defensa, la compañía explica que el agua de un embalse constituye un recurso limitado (a diferencia de la energía procedente del sol y del viento) y no adquirible en el mercado (a diferencia del gas y del carbón), de forma que si se usa para producir energía deja de poder hacerse más adelante. Su utilización viene determinada por las aportaciones de agua de lluvia, lo que se denomina 'producible hidráulico'.

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Ibergen sostiene que, entre mediados de noviembre y finales de diciembre de 2013, los niveles de producible sufrieron una "caída extrema", alcanzado cotas mucho más bajas que en 2012 y 2011, y agravándose a medida que transcurrían las semanas.

"Está objetivado que el nivel de producible entre finales de noviembre y finales de diciembre de 2013 fue aún más bajo en las cuencas hidrográficas del Duero, Sil y Tajo", afirma, sin que ninguna predicción meteorológica apuntara que ese contexto fuera a corregirse a partir del 24 de diciembre.

Ibergen "dio prioridad, no a la obtención de un beneficio económico, sino a la prudencia propia de un operador diligente", afirma la empresa, que sostiene que "como realmente habría ganado dinero es disponiendo antes del 24 de diciembre de las reservas que, prudentemente, optó por no utilizar".

En ese período, a medida que la falta de aportaciones hidráulicas agravaba la situación de las reservas, el precio de las ofertas de las centrales hidroeléctricas "tendió naturalmente a aproximarse al coste de la producción de energía eléctrica mediante tecnologías sustitutivas", es decir, las de las centrales de ciclo combinado. "La situación del mercado gasista y los precios de los combustibles a finales del 2013, coyunturalmente elevadísimos, determinaron el precio al que ese período de 2013 se ofertó en los mercados mayoristas la energía eléctrica de producción hidráulica", afirma.

Circunstancias externas

A ello se unió el incremento de la demanda de electricidad en semanas de temperaturas bajas, la disminución de la producción eólica por falta de viento y la circunstancia de que un 46% de la potencia nuclear instalada no pudo operar.

Por ello, defiende que fueron hechos y circunstancias externas, y no la manipulación de precios, lo que explica la situación y así se reflejó en un informe de la propia CNMC de 7 de enero de 2014 en el que "en ningún momento afirmaba, ni siquiera decía sospechar, que tales factores se hubieran visto acompañados de manipulación alguna", tal y como afirma la compañía.

También rechaza que se redujese la producción hidroeléctrica, causando con ello el aumento de los precios. "Durante tres semanas, mientras descendían los niveles de producible, la empresa mantuvo el nivel de producción de las centrales hidráulicas, hasta después de la primera semana de diciembre de 2013.

Fue sólo entonces cuando la producción empezó a disminuir, como consecuencia de que el mercado no casase las ofertas presentadas por las centrales hidroeléctricas. Antes de que descendiese la producción de Ibergen, el mercado ya había registrado precios por encima de los 80 euros/ MWh", sostiene.

Todos estos datos serán objeto de pruebas periciales para las que el Juzgado Central de lo Penal ha reservado hasta siete jornadas de la vista. En ella también comparecerán como testigos el ministro de Industria de la época, José Manuel Soria, y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.