Un parque eólico

Un parque eólico Vestas Omicrono

Observatorio de la Energía

La eólica terrestre se para en España, muchos proyectos están judicializados por movimientos ambientalistas

Además de los largos procesos administrativos para solicitar la construcción de un parque eólico, ahora se eternizan en los tribunales de Justicia.

30 septiembre, 2023 02:37

Ni la falta de materiales, ni la lentitud de la Administración pública, ni la falta de financiación. Lo que está paralizando la construcción de parques eólicos en España es la judicialización de los proyectos tras los recursos que presentan los movimientos antirrenovables.

Según ha podido saber este diario de fuentes del sector eléctrico, la situación es especialmente grave en Galicia. "Los proyectos eólicos están parados sine die, porque ya sabemos los tiempos de la justicia en España", señalan a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Después de haber sido sometidas a una evaluación ambiental durante meses y años, quedan en una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica al dejar en suspenso continuidad".

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Y no son proyectos que no tengan aprobada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o no cumplan con los procedimientos señalados la Administración, pero "buscan cualquier resquicio legal para poder paralizarlos", añaden las mismas fuentes. Y en el caso de Galicia, "suelen estar financiados por grupos políticos que buscan esa confrontación".

"Las organizaciones que han presentado batalla se acogen a un argumento que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechazó en proyectos fotovoltaicos, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) lo ha validado. No tiene sentido".

Alcanzar 60 GW eólicos

El nuevo PNIEC presentado por el Gobierno en junio pasado prevé que haya 62 GW de energía eólica –de las que 3 GW sería eólica marina–. Hasta la fecha hay instalados 30 GW, según datos de REE, por lo que habría que duplicar la cifra en los próximos siete años.

"Al ritmo que vamos, se prevé que se incorpore de media una capacidad de 3 GW al año, insuficiente para alcanzar el objetivo, pero si se paralizan en los tribunales los proyectos eólicos, será mucho más difícil", añaden las fuentes.

"Y todavía no se ha impulsado la eólica marina en España, pero casualmente también es Galicia donde hay mucha movilización en contra, a diferencia de otras áreas marítimas alrededor de la costa española", aseguran.

Así es. El sector pesquero ya ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo para la anulación de los planes del Gobierno de eólica marina y se ha creado incluso una Plataforma en Defensa de la Pesca. Reclaman la anulación del decreto que establece los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) con los que el Gobierno regula la eólica marina, ya que considera que son "ilegales" por su impacto sobre el sector pesquero.

Seguridad jurídica en Galicia

Galicia cuenta en la actualidad con 3.000 megavatios de potencia renovable con declaración de impacto ambiental favorable y autorizaciones de construcción sobre los que planea la sombra de la incertidumbre por si se producen nuevas medidas cautelares por parte del TSXG.

Por eso, 6 patronales industriales y los dos sindicatos mayoritarios han formado el movimiento Mesa para o Desenvolvemento Renovable e Industrial de Galicia (MDRIG). La integran, por un lado, la Asociación Eólica de Galicia (EGA), la Asociación Gallega del Hidrógeno (AGH2), la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime), el Clúster de Enerxías Renovables de Galicia (Cluergal), Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y la Federación Gallega de la Construcción (Fegacons). Y por otro, CCOO y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Galicia (UGT FICA).

"Se está poniendo en juego 7.000 millones de euros en nuevas inversiones, a los que habría que sumar otros 2.500 millones en concepto de construcción de los parques, y más de 9.000 empleos", explica a este diario Francisco Gómez Méndez, responsable de Estrategias Industriales de CCOO Industria en Galicia.

Y de Galicia a Aragón. Una región que solo en 2022 instaló 492 MW, convirtiéndose en la segunda autonomía que más capacidad incorpora a la red, solo por detrás de Castilla y León (6.507 MW). La producción eléctrica con eólica cubre ya el 100% de la demanda autonómica al rozar ya los 5.000 MW.

También aquí Ecologistas en Acción, de la mano de la Asociación Naturalista de Aragón (Ansar), ha recurrido los expedientes de varios de los proyectos, aunque aquí alegan que los promotores están fragmentando los parques para poder facilitar su DIA.

Y si en el norte del país, el problema es con los parques eólicos, en la mitad sur es con la fotovoltaica, en concreto Extremadura, donde se han paralizado algunos proyectos por los tribunales autonómicos.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ido contracorriente y sus sentencias han sido más favorables a la industria renovable que en otras comunidades autónomas.