El comité de Industria del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles (por 55 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones) su posición negociadora sobre la reforma del mercado eléctrico europeo. La principal novedad es que no incluye el tope a los ingresos de las energías de bajo coste (renovables y nuclear) que defiende la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. 

Esta medida figuraba en el informe original elaborado por el ponente parlamentario, el eurodiputado del PSOE Nicolás González Casares, como mecanismo permanente de gestión de crisis. Pero fue rechazada por el resto de grupos políticos, que se oponían a esta intervención en el mercado. También la Comisión de Ursula von der Leyen hizo un dictamen negativo que sostiene que el tope a los ingresos de las renovables crea incertidumbre entre los inversores, fragmenta el mercado único y no genera ingresos suficientes.

Al final, el propio González Casares renunció a incluir el límite a los beneficios de las energías low cost en la reforma del mercado eléctrico europeo. El eurodiputado del PSOE alcanzó a principios de julio un acuerdo con el Partido Popular Europeo, los liberales de Renew y los Verdes que descarta esta medida. Este compromiso es el que ha sido aprobado este miércoles por el comité de Industria.

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"Un tope a los ingresos de las fuentes de energía con menores costes maginales, las llamadas tecnologías inframarginales, era una línea roja absoluta para el Partido Popular Europeo, porque significaría abrir la puerta a una inaceptable interferencia en los mercados y sería perjudicial para la inversión, especialmente en las muy necesarias renovables", ha dicho la negociadora de los populares, la portuguesa Maria da Graça Carvalho.

"Hemos logrado imponer todas nuestras posiciones, alcanzando un compromiso con los otros grupos políticos beneficioso para los intereses de todos los implicados, desde los consumidores hasta la industria", sostiene Carvalho.

El tope a los ingresos de renovables y nuclear en la UE (fijado en 180 euros por megavatio hora), que se había aprobado como medida de emergencia temporal para rebajar el precio de la luz, expiró el pasado 30 junio. Eso ha dejado sin cobertura europea al decreto de minoración de las centrales 'low cost' promovido por la vicepresidenta tercera, que se aprobó un año antes que el reglamento comunitario y además establece un límite mucho más bajo (67 euros por MWh).

La votación de este miércoles no es todavía el final del camino, sino que establece únicamente la posición del Parlamento Europeo. El texto final de la reforma del mercado eléctrico debe negociarse y acordarse entre la Eurocámara y los Gobiernos de los Veintisiete, que aún no han sido capaces de llegar a un acuerdo entre ellos.

Los Gobiernos también han descartado el tope a los ingresos de las renovables que había planteado Ribera. El principal escollo ahora es el enfrentamiento entre Berlín y París a cuenta de si los reactores nucleares franceses existentes pueden beneficiarse o no de ayudas públicas a través de los denominados contratos por diferencias, el pilar central de la reforma.

En la reunión informal de ministros de Energía celebrada en Valladolid el pasado 12 de julio no se logró ningún acuerdo. "España cree que no debemos minorizar a ningún Estado miembro, pero eso significa que todos los Estados miembros, que todos los Gobiernos han de entender que deben ceder posiciones para facilitar un acuerdo que sea aceptable por los demás", dijo Ribera, que ejerce de presidenta de turno del Consejo de Energía, al término de la reunión.

El texto de la Eurocámara respalda los rasgos principales de la reforma de mínimos propuesta por la Comisión, que se basa en incentivar los contratos a largo plazo con el fin de limitar la influencia del gas en la factura eléctrica y amortiguar la volatilidad de precios. 

Los eurodiputados pretenden además reforzar el capítulo de los derechos de los consumidores. En particular, se prohibirá la desconexión de clientes vulnerables o en riesgo de pobreza energética. Además, los suministradores estarán obligados a ofrecer contratos de duración determinada y precio fijo, además de contratos variables. Finalmente, se consolida el derecho de compartir energía entre consumidores activos, y se extiende este derecho además de a los hogares, a todas las empresas.

"Con este acuerdo, el Parlamento pone a los ciudadanos en el centro del diseño del mercado eléctrico, prohibiendo a las empresas cortar el suministro eléctrico a los consumidores vulnerables y en riesgo, promoviendo el derecho a compartir la energía, reduciendo los picos de precios y promoviendo precios asequibles para los ciudadanos y empresas”, ha dicho González Casares.

El objetivo de la presidencia española es que la reforma del mercado eléctrico europeo se concluya antes de fin de año.