La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha llevado a cabo inspecciones en las sedes de Endesa y Naturgy para recabar y recopilar información de estas distribuidoras dentro de una investigación que está llevando a cabo.

Fuentes conocedoras de estas actuaciones han confirmado a EFE la información publicada este jueves por El Confidencial, en la que indica que los investigadores han requisado dispositivos y material informático en sedes de estas compañías en varias ciudades de España.

Por su parte, la CNMC sólo ha dicho que no puede informar sobre inspecciones que están en curso.

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Algunas de estas visitas de los inspectores se han producido en esta semana y otras han sido anteriores, y por el momento, se está a la espera de las conclusiones que arroje el desarrollo de las inspecciones.

Aunque en este caso no se ha dado a conocer el motivo por el que se han impulsado estas investigaciones, en otras ocasiones los registros en compañías energéticas han venido precedidos de denuncias.

Fue lo que ocurrió entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre del año pasado, cuando la CNMC llevó a cabo inspecciones por posibles prácticas anticompetitivas en las sedes de las petroleras Repsol, Cepsa y BP, a raíz de la denuncia de dos asociaciones independientes de operadores petrolíferos, que consideraban abusivos los descuentos que hacían en el combustible, aunque por el momento no se conoce si, al final, se ha abierto un expediente sancionador.

En el caso de las inspecciones a distribuidoras de electricidad, aún no ha trascendido la razón o denuncias que han llevado a la CNMC a hacer estas inspecciones, aunque en los últimos tiempos sí que se ha cuestionado la actuación de las compañías distribuidoras, a las que desde algunos ámbitos se ha acusado de obstaculizar la conexión de instalaciones de autoconsumo que no son de las empresas de su grupo.

Alianza por el Autoconsumo

El pasado 21 de junio, Alianza por el Autoconsumo publicó el informe: 'Autoconsumo en España: Diagnósticos, retos y propuestas', en el que se revelaba que los procedimientos de las distribuidoras de electricidad eran una de las principales barreras al desarrollo del autoconsumo colectivo en España.

En esta plataforma participan Greenpeace, Fundación Renovables, Holaluz, UNEF, Ecooo, y AVAESEN (asociación de empresas de energías renovables y otras tecnologías limpias de la Comunitat Valenciana).

El informe, para el que se han recogido más de 500 casos reales, expone que los procesos de las distribuidoras generan retrasos de meses o incluso años en la tramitación.

Según los datos recogidos, los consumidores han sufrido problemas relacionados sobre todo con la solicitud del punto de acceso, la activación de las instalaciones y, en la fase de contratación, con la comercializadora (por problemas desde la distribuidora).

Los retrasos en estos puntos, la obligación de realizar modificaciones en instalaciones de enlace o red así como la imposición de obligaciones sin respaldo legal han sido las mayores barreras para acceder al autoconsumo. En total, las instalaciones afectadas por estos retrasos recogidas en el informe suman una potencia de 3,58 MW.

Los trámites administrativos innecesarios y la solicitud excesiva de documentos y requerimientos, que en muchas ocasiones no están reflejados en la regulación, alargan y postergan los procedimientos.

Además, cada distribuidora cuenta con protocolos de actuación propios, algo que dificulta aún más el proceso. La ley exige que las tramitaciones de autoconsumo colectivo no puedan superar en ningún caso los dos meses desde la obtención del Certificado de Instalación Eléctrica, pero esto dista mucho de la realidad.

Ante esta situación, la Alianza reclama figuras como la del gestor de autoconsumo (representante legal, figura ya contemplada pero no desarrollada en la normativa española y ya presente en otros países europeos) para ayudar a los consumidores en los procesos ante distribuidoras y administraciones y que, además, es clave para facilitar la activación de la flexibilidad distribuida.