La reforma del mercado eléctrico europeo no estará lista hasta, por lo menos, un año y medio. La convulsa situación política en España, que coincide en la presidencia europea durante este segundo semestre, las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2024 y la tradicional lentitud de la burocracia en Bruselas hacen imposible que sea antes.

Al menos eso es lo que ha asegurado Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, en un encuentro informal con periodistas en el marco de la entrega de los Premios Convive en Mérida.

En su opinión, no hay duda de que era imposible que se aprobara una medida tan importante en solo unos meses.

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Además, ha puesto en evidencia la propuesta española. Considera que no se puede volver a un modelo de mercado del año 85. Europa se ha negado al plan que ofrecía España y quiere impulsar los contratos bilaterales, las subastas basadas en un precio de mercado y dar estabilidad y predictibilidad al precio eléctrico al margen de lo que ocurra en los mercados de gas y petróleo.

Las medidas propuestas por Bruselas son una suma de los planes presentados por los países europeos. Se basan en la libertad de los agentes del mercado eléctrico de elegir diferentes esquemas de compraventa, desde la operación en el mercado eléctrico diario (se mantiene el sistema marginalista) hasta los contratos por diferencias (CfD) y los contratos de compra a largo plazo (PPA).

Más de 1.600 alegaciones

Si la reforma va por el procedimiento ordinario, la Comisión Europea debe presentar una propuesta legislativa al Consejo y al Parlamento Europeo, que es lo que ya ha hecho. Al mismo tiempo, la Comisión transmite la propuesta a los países miembros.

Después, el Parlamento Europeo examina la propuesta de la Comisión y puede aprobarla, o presentar enmiendas. Esa fase también ya se ha superado, con la presentación de 186 enmiendas del ponente Nico González Casares, que además es miembro del grupo socialista por España y representa al conjunto del Parlamento Europeo. El texto ha tenido que negociarse con los ponentes alternativos (uno por grupo político europeo) que tenían de plazo para presentar enmiendas hasta el 23 de mayo.

Ahora, el siguiente paso es que el 17 de julio se vote el texto acordado entre ponentes en la Comisión Europea de Industria y el 11 de septiembre se lleve al pleno del Parlamento.

El documento aprobado será la posición del Parlamento, que a partir de ahí se tendrá que negociar con el Consejo en los trílogos (diálogos interinstitucionales), y esos diálogos estarán dirigidos, por la parte del Consejo, de julio a diciembre de 2023 por España, que tendrá la presidencia rotatoria del Consejo.

El problema es que de las 186 enmiendas que ha presentado el Parlamento Europeo (a su representante Nico González), el Consejo se lo ha devuelto con otras 1.600 alegaciones a las enmiendas. Se presenta complicado, con un verano por medio, que se pueda resolver el enredo en unos pocos meses.

Y además, el texto se ha presentado en inglés, y alrededor de un 40% de los parlamentarios europeos no hablan ese idioma, lo que dificulta aún más llevar a cabo los trámites, porque primero habría que traducirlo al menos al francés, uno de los idiomas "de trabajo" oficial de la UE.

Mercado spot vs. precio fijo

Sánchez Galán ha querido recordar que no es lo mismo el precio de mercado que el precio spot o el que se fija en el mercado mayorista diariamente. Ha dicho que esa no es la realidad del sector. De hecho, el 90% de los clientes eléctricos tienen los precios fijados con contratos bilaterales.

En definitiva, mientras se aprueba esa nueva reforma, cada país busca poner en marcha las medidas que más les beneficie a sus consumidores, pero no todos parten del mismo punto de partida.

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Por ejemplo, Alemania introdujo en 2022 un paquete de ayudas por valor de 200.000 millones de euros para ayudar a empresas y hogares a hacer frente al aumento de las facturas de electricidad y gas tras la invasión rusa de Ucrania y la caída de las exportaciones de gas ruso.

Y Francia también se ha tirado de chequera. De hecho, se llama 'cheque énergie', y son dos ayudas excepcionales para que los hogares paguen la factura energética. Aquellos cuya renta fiscal por unidad de consumo de referencia sea superior o igual a 10.800 euros e inferior a 17.400 euros reciben un cheque energético por valor de 100 euros. Y para la industria tiene topado el precio de la electricidad que producen sus nucleares a 42 euros/MWh desde hace años.

Sobre estas decisiones, tanto la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como el presidente de Iberdrola coinciden en su lectura. Para la vicepresidenta la lucha contra la crisis energética no debería depender de la "capacidad económica" de los estados, y evitar desequilibrios en las relaciones entre países miembro de la UE.