"Con la convocatoria electoral y los cambios políticos quedan en el aire temas como la posición de España en la negociación de la reforma del mercado eléctrico europeo, el futuro PNIEC (Plan Nacional de Energía y Clima 2030), los mercados de capacidad, el impulso del almacenamiento y la hoja de ruta del biometano", señala a EL ESPAÑOL-Invertia Javier Revuelta, senior principal de AFRY Management Consulting en España.

"La llamada propuesta española para la reforma del mercado eléctrico europeo quería favorecer más los contratos por diferencias (CFD) e impulsar más los power purchase agreements (PPA) para las renovables". Además, España debería jugar un rol determinante, durante el periodo en el que ocupará la Presidencia del Consejo de Europa, en su redacción final y podría enriquecer el texto que ya ha presentado la Comisión Europea. Sin embargo, no se sabrá en qué sentido se hará hasta que los ciudadanos voten el próximo 23 de julio.

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¿Por qué estas dudas? Javier Revuelta apunta que "hasta ahora el Partido Popular no ha tenido un programa energético claro, sólo se ha mostrado favorable a alargar la vida útil de las centrales nucleares, al igual que Vox".

En la misma línea apunta Óscar Barreiro, socio responsable de Energía Utilities de Consulting en PwC. "De la propuesta de un potencial nuevo gobierno del PP se puede decir poco, porque han dicho poco".

"Probablemente no han querido incluir en sus agendas de campaña electoral ningún aspecto que pudiera ser polémico o que les pudiera perjudicar a nivel autonómico y municipal, así que hay muchas dudas sobre cuál será su posición en varios de los frentes que tiene el sector energético".

"La actualización del PNIEC que va a presentar el Gobierno de Pedro Sánchez a Bruselas va a perder peso de cara a los inversores, porque hasta que no se celebren las elecciones, se puede considerar papel mojado", continúa el senior principal de AFRY Management Consulting en España.

Nuevos objetivos para 2030

Reitera el experto de PwC que queda en el aire "el futuro PNIEC, que aunque se presenten a finales del mes de junio, las alegaciones que vengan de Bruselas las recogerá el nuevo Gobierno y las incluirá o defenderá otra posición".

"Las diferencias entre los dos bloques políticos que existen en España es que unos son más idealistas y buscan objetivos más ambiciosos en sostenibilidad y electrificación y otros son más pragmáticos y se cuestionan la velocidad de la descarbonización", puntualiza por su parte el responsable de PwC.

Lo que sí se conoce es el futuro político a nivel autonómico y regional. "Muchas de las decisiones que se tienen que tomar para avanzar en la construcción de parques renovables dependen de la administración local", explica a este diario, por su parte, Jordi Martínez, experto en el sector de la energía y socio director en la consultora AEC (Advanced Energy Consulting & Optimize Energy).

En este piso de la Administración los cambios provocados por las Elecciones Autonómicas y Municipales son numerosos. "Y mientras se hace el cambio de poderes, se espera la ralentización de la tramitación de los permisos y licencias. Así que las consecuencias de esta nueva situación política las vamos a empezar a ver muy pronto".

Nuevo calendario nuclear

Otro de los asuntos más espinosos es el futuro de las centrales nucleares. "A priori se podría pensar en renovar sus licencias cada 10 años hasta que haya suficientes renovables y potencia de respaldo limpia", continúa el experto en energía.

En 2019, el Gobierno y las grandes eléctricas -Endesa, Iberdrola y Naturgy- firmaron un cierre "escalonado" para las nucleares, aunque sería abordado "central por central". El cierre nunca se debía de producir antes de 2025, pero el horizonte para la clausura total se fijó en 2035 o 2036.

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En ese caso, debería contar con la aprobación del CSN (Consejo de Seguridad Nuclear), el órgano que regula la seguridad nuclear en España. "En principio, si el Gobierno decide que se cambia el plan de cierre, y si no hay barreras técnicas, no tendría por qué oponerse. Otro tema es lo que opinen los propietarios de las centrales nucleares, que lo decidirán en función de la rentabilidad empresarial".

También se ha quedado en el aire la finalización del séptimo Plan General de Residuos Radiactivos que lo ha elaborado Enresa y que el Consejo de Ministros tenía previsto aprobar hacia mediados de este año. Su suspensión retrasa la posible construcción de siete almacenes temporales descentralizados (ATD), que custodiarán en el futuro los residuos radiactivos y el combustible nuclear gastado.

En definitiva, la política energética queda en suspensión temporal a la espera de conocer quién será el nuevo inquilino de Moncloa.

Los cambios políticos pillan a la transición energética en España en plena ebullición, con la construcción de 60 GW renovables, el boom del autoconsumo y de las comunidades energéticas. Y además queda por impulsar el tan necesario almacenamiento y dar el "pistoletazo de salida" de la eólica marina, además de otros sectores como el hidrógeno verde, el biometano y la cuestión hídrica. Pero para todo eso habrá que esperar al 23 de julio.