Así se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, en la que se puede comprobar cómo nuestro país ha desembolsado ya 71 millones de euros en pagos a distintos bufetes internacionales de abogados para que ayuden a la Abogacía General del Estado en su defensa. 

Una cantidad a la que hay que sumarle otros 58 millones de euros de las costas derivadas a las que el Estado español ha sido condenado. En total, 129 millones de euros. 

[El fondo de inversión Blaskett pide el 'default' de España en plena guerra por los laudos de las primas a las renovables]

A esa cifra hay que sumarle otros 119 millones de euros en intereses derivados del retraso del Ejecutivo a la hora de hacer frente a los pagos a los que ha sido condenado en distintos procesos judiciales y en distintas cortes de arbitraje internacional. 

De hecho, algunos de esos fondos de inversión a los que se les adeuda dinero han solicitado -con éxito- el embargo de distintos bienes de nuestro país en el extranjero. Así, por ejemplo, la justicia británica ha dado luz verde al embargo de la sede del Instituto Cervantes en Londres; también a la congelación de sus cuentas bancarias. 

Por otro lado, la defensa de los fondos han conseguido también bloquear la indemnización de 1.000 millones de euros que España debía recibir del armador del Prestige. La última medida adoptada ha sido la de solicitar el 'default' de nuestro país para lograr que el Tesoro acelere el pago de una emisión de deuda de 226 millones con vencimiento en 2029. 

Desde el Gobierno restan importancia a estos reveses. Recuerdan que la base jurídica de las reclamaciones (de los fondos) dentro de la UE no es válida. ¿El motivo? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó que los arbitrajes de inversiones dentro de la UE no son válidos, ya que los estándares de protección de las inversiones están asegurados por la normativa europea. Esto ha hecho que los interesados hayan optado por buscar arbitrajes en otros países. 

Así, las fuentes consultadas subrayan que la legalidad de los argumentos de España "ha quedado refrendada". "No obstante, como siempre ocurre con los laudos, hay otro tipo de intereses de quienes quieren sacar un beneficio", añaden.

Todas estas reclamaciones tienen que ver con los laudos en inversiones renovables por las medidas adoptadas por el Gobierno del PP en 2012 y 2013 que motivaron demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (institución perteneciente al Banco Mundial), fundamentalmente, basándose en el Tratado de la Energía. Anteriormente, el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero ya aplicó los primeros recortes a las primas.