El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se desarrolla el procedimiento y los requisitos para el otorgamiento de la autorización administrativa de las redes de distribución de energía eléctrica cerradas. Es una medida destinada a los polígonos industriales que les permitirá reducir sus costes energéticos, al compartir un mismo punto de acceso al sistema eléctrico, y mejorar así su competitividad.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, destacó que esta era una regulación que pedían "desde hace años" los polos industriales del país. También que se trata de una solución que se parece al modo en el que funcionan las comunidades energéticas locales.

Ribera añadió que con este procedimiento, distintas plantas industriales podrán participar de una red cerrada dentro del polígono que se conecta a un único punto del sistema eléctrico. Esto permitirá, además, un ahorro en el coste de la electricidad a cada una de las plantas conectadas a un único punto de la red, así como para el conjunto del sistema eléctrico.

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Las redes de distribución cerradas, según establece la normativa europea, son aquellas que suministran energía eléctrica a una zona industrial. Así, permiten agregar pequeños consumidores con distintas tensiones de red como si fueran un único gran consumidor conectado a una mayor tensión.

En concreto, sólo las empresas industriales pertenecientes a la categoría 'B' o 'C' de la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE) y aquellas que aun perteneciendo a los grupos 'D' y 'E' se computen como industriales a efectos estadísticos, podrán conformar una red de distribución cerrada.

En la red podrán participar hasta 100 consumidores no industriales, siempre que tengan relación con las industrias, estén en el interior de la red o sean adyacentes a la misma, y no representen más del 2% del consumo eléctrico total.

Construirla o comprarla

Según el Real Decreto aprobado, con el que se completa un trámite que se inició en junio de 2021 con el lanzamiento a consulta pública de su proyecto, los industriales titulares de la red cerrada tendrán que construirla o comprarla a una compañía distribuidora.

Además, serán los responsables de gestionarla, de invertir en su mantenimiento y de facturar por los peajes, cargos y otros costes a los consumidores conectados a ella, mientras que los comercializadores que vendan electricidad a los miembros de la red cerrada sólo facturarán por la energía consumida.

A finales de 2018 el Gobierno aprobó mediante el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, una batería de medidas para ayudar a las empresas electrointensivas a mantener su competitividad y cuota de mercado frente al impacto del precio de la electricidad.

Entre ellas se encontraba ya la figura de la red de distribución de energía eléctrica cerrada con el objetivo de facilitar una reducción de costes de este suministro para la mediana y gran industria concentrada en ámbitos territoriales reducidos.