Europa se prepara para cambiar el modelo de mercado eléctrico común, que lleva funcionando con las mismas reglas desde 1998. Entonces la generación de electricidad provenía de unas pocas tecnologías, muy concentradas y de gran potencia. Ya no. Todo está cambiando demasiado rápido, más aún de lo esperado, por la invasión rusa en Ucrania y el despliegue masivo de renovables.

Por eso, ya en septiembre pasado Bruselas anunció que iba a reformar todo el sistema de funcionamiento del mercado. Incluso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que pocos meses antes defendía a capa y espada el actual, llegó a reconocer que "el mercado ya no es adecuado para su propósito".

Ahora toca hacerse con conceptos como agregadores de la demanda, contratos por diferencias, precio fijo a largo plazo o subastas de capacidad, incluidos en la propuesta que el Gobierno español ha enviado a la Comisión Europea "para reformar el mercado eléctrico europeo, al objeto de rebajar los precios y reducir la volatilidad".

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Hoy en día el mercado mayorista de electricidad de la UE funciona sobre la base de precios marginales, es decir, la última tecnología que entra es la que marca el resto de las otras. 

Todos los productores de electricidad, desde los que queman combustibles fósiles (gas) hasta la energía eólica y solar o la nuclear, participan en un mercado diario y horario y ofrecen su producto de acuerdo con sus costes. Primero entran los recursos más baratos -las renovables- y acaba con lo más caro, que suele ser el gas.

Contratos por diferencias

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, propone que, en el futuro, la Unión Europea reduzca el peso de ese mercado diario lo máximo posible.

Y, mientras tanto, se ponga el esfuerzo en impulsar e incentivar los contratos por diferencias, es decir, que se cree un mercado a plazo por diferencias para las energías renovables.

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A través de subastas, los generadores de renovables percibirán un precio fijo durante toda la vida útil de las instalaciones a través de los llamados contratos por diferencia. Así lo explican desde Foro Industria y Energía, una plataforma creada para el encuentro, la reflexión y el diálogo entre todos los actores implicados en el desarrollo y gestión de la energía para la industria.

También el Gobierno propone que se establezcan precios regulados para nuclear e hidráulica, un debate que ya se ha planteado en numerosas ocasiones en nuestro país para esas tecnologías. "Se establece un suplemento fijado normativamente, por disponibilidad, siendo en la práctica precios intervenidos", añaden desde la plataforma.

Y, por último, están los contratos de capacidad, que "se contemplan para las centrales de ciclo combinado (queman gas para generar electricidad)". El funcionamiento de estos contratos es "retribuir su disponibilidad (vía subasta) y su garantía del suministro o bien, en caso necesario, la generación de energía".

Es decir, que los propietarios de las centrales de gas cuenten con unos ingresos mínimos a cambio de que estén disponibles siempre que se los necesite. Es decir, cuando no haya generación renovable.

Agregadores de la demanda

Otro concepto que en el futuro comenzará a ser familiar es el de agregador de la demanda. Se llama así o gestión activa de la demanda cuando se trata de una figura que podría agrupar agentes distintos.

Un agente que podría ser, por ejemplo, los propios consumidores, pero también autoconsumidores, miniproductores, comunidades energéticas o cualquier combinación de estos, para actuar como una sola entidad y participar en el mercado eléctrico (tanto mayorista como minorista) o vender servicios al operador del sistema.

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El agregador puede juntar varias unidades de generación y actuar como si fueran una única titularidad, pero no solo está pensado para vender electricidad o para comprarla, sino para aprovecharse de cierta volatilidad de los precios.

Es el caso de la gestión de la demanda. Los usuarios finales (hogares, pymes o industrias) aprovechan incentivos económicos para aumentar/disminuir la de electricidad y cambiarlo de horas. Por ejemplo, una familia quiere poner la lavadora u otro electrodoméstico en una hora determinada, pero se le ofrece recibir dinero por hacerlo en otra hora con menos demanda eléctrica, se está modificando el patrón de consumo.  

Una propuesta poco original

Aunque el Gobierno de Sánchez presume de haberse adelantado a Bruselas con su propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo, lo cierto es que el plan de la vicepresidenta Ribera copia los elementos centrales de un documento que presentó la propia Comisión Europea el 25 de octubre de 2022.

En este papel, el equipo de Ursula von der Leyen ya planteaba generalizar los contratos a largo plazo con los proveedores de energía nuclear y renovables como mejor receta para evitar un efecto contagio de la escalada del gas en la factura de la luz. Según sostenía el Ejecutivo comunitario, esta alternativa sería una mejor solución que extender a toda la UE la 'excepción ibérica'.

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"Las renovables y otros tipos de generadores inframarginales (como la nuclear) serían remunerados mediante contratos por diferencia, independientemente del precio marginal", señala el documento de Bruselas, que se distribuyó a todas las capitales y se debatió en una reunión de ministros de Energía en Luxemburgo.

"El precio de estos contratos normalmente se establecería mediante subasta y sería una expresión directa de los costes reales de producción de cada tecnología", añade.

Otro tanto ocurre con el papel que asigna al gas en ese documento, que coincide con la propuesta de Ribera con las subastas de capacidad.

"Para alcanzar este objetivo al menor coste para los consumidores, la nueva estructura de ingresos para los generadores inframarginales basada en contratos por diferencia debe complementarse con un mercado a corto plazo que funcione bien y que garantice que la tecnología más barata y más eficiente se usa en cada momento", apunta el documento de Bruselas.

¿Cuál es ahora el calendario de la reforma del mercado eléctrico europeo? El equipo de Ursula von der Leyen tiene la intención de lanzar en los próximos días una consulta pública para recabar la opinión de todas las partes interesadas. No sólo de los Estados miembros (incluidos aquellos que no quieren tocar el sistema de fijación de precios, como Alemania y Holanda), sino también de las compañías o los consumidores.

Una vez examinadas todas las contribuciones, el Ejecutivo comunitario presentará sus propuestas legislativas durante el mes de marzo. A partir de ahí, los Gobiernos de los 27 y la Eurocámara tendrán que llegar a un acuerdo, que podría tardar meses dada la complejidad del expediente. Por eso, la vicepresidenta Ribera ha pedido a Bruselas una prórroga de la excepción ibérica hasta finales de 2024.