El Gobierno asegura que el diseño del mercado eléctrico no está preparado para situaciones de alta volatilidad ni para la penetración masiva de las energías renovables. Por eso, y ante la grave crisis energética del último año impulsada por la invasión rusa en Ucrania, ha aprobado una propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo para enviarlo a Bruselas.

"Queremos ofrecer seguridad de precios a los consumidores y estabilidad a los inversores, además de impulsar la transición energética con las nuevas figuras que existen en el mercado ya hoy en día", ha dicho la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Proponemos que se pongan en marcha recursos que proporcionen firmeza y flexibilidad al sistema en los próximos años, como el almacenamiento o gestión de la demanda". La propuesta se remitirá a la Comisión Europea para que sea analizada por las instituciones comunitarias dentro del proceso de transformación de los mercados energéticos desencadenado por la guerra en Ucrania.

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"La vocación de España siempre ha sido contribuir en el debate de evolución de la regulación europea en materia energética, e incluso hemos sido pioneros en dar la voz de alarma de la crisis que se estaba forjando antes incluso de la guerra de Putin".

Pero el Gobierno quiere destacar que la propuesta que plantea tiene que ver más con un contexto de energías renovables que hace casi 30 años, cuando se aprobó el sistema actual, no se tenía en cuenta. "Necesitamos reducir la inmensa volatilidad que hemos estado sufriendo en los últimos meses", añade la ministra.

Subastas de capacidad y demanda

"Un sistema en el que el peso de las renovables es cada vez mayor necesita contar con servicios de disponibilidad, almacenamiento o cobertura para que se pueda aprovechar cuando estas tecnologías estén funcionando a full".

Y por eso, se plantean instrumentos a plazo que proporcionen ingresos estables para productores inframarginales y precios asequibles y poco volátiles a consumidores. Establece, mediante subastas, contratos por diferencias con los generadores de renovables, que percibirán un precio fijo durante toda la vida útil de las instalaciones, de un modo similar al sistema aplicado en España.

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En consecuencia, la generación renovable reflejará los costes medios de las instalaciones, garantizando su rentabilidad y trasladando la rebaja a los consumidores. Además, las plantas con capacidad firme, almacenamiento y gestión de la demanda deberían contar con incentivos económicos para garantizar su disponibilidad.

Los mercados a corto plazo (diario, intradiario...) podrían continuar proporcionando las señales de eficiencia en el corto plazo, junto con los contratos a plazo de energía y otros servicios (capacidad, flexibilidad...).

"Es la evolución natural del mercado en beneficio de consumidor y del inversor, es un sistema flexible pero con garantías", apuntaba Ribera. 

Con esta propuesta de dar mayor peso a los mercados a largo plazo y los incentivos a crear mercados de capacidad, impulsar la gestión de la demanda y generar más sistemas de almacenamiento (desde hidráulico hasta baterías de ión litio), "desplaza el efecto actual en el que la mayoría contrata a corto plazo".

Aún así, Teresa Ribera recuerda que "el objetivo es una convivencia entre mercados a corto pero con visibilidad a medio y largo plazo".

Aquellas tecnologías no contestables, en las que apenas hay competencia, por escasez de recurso o falta de apoyo social y político, como hidroeléctricas y nucleares, el contrato por diferencias se materializará a un precio regulado. Con ello se podrían reducir los precios de los consumidores inmediatamente, a la vez que se ofrece seguridad, visibilidad y estabilidad de ingresos a los generadores, sin que obtengan beneficios extraordinarios.

Prórroga de la 'excepción ibérica'

El Gobierno, como ya adelantó la propia vicepresidenta, también pedirá simultáneamente la prórroga de la excepción ibérica, porque "desde que se puso en marcha, los hogares acogidos a la tarifa regulada -PVPC- 4.500 millones de euros, unos 150 euros por familia de promedio".

La 'excepción ibérica', que se aplica en España y Portugal desde el pasado 15 de junio, es un mecanismo que topa el precio del gas para la generación de electricidad con el fin de abaratar el precio de la luz.