Berkeley Energia ha abierto la puerta a presentar un arbitraje contra el Gobierno de España por la situación de 'vía muerta' en la que se encuentra su proyecto de la mina de uranio de Retortillo (Salamanca). La decisión de la minera ha provocado que sus acciones se disparasen en bolsa, llegando a subir más de un 18%.

La compañía australiana ha presentado una notificación por escrito de una disputa de inversión al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press.

En concreto, la notificación de Berkeley informa al Reino de España de la naturaleza de la disputa y de los incumplimientos del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), y propone "buscar negociaciones rápidas para una solución amistosa de conformidad con el artículo 26.1 del TCE".

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La posibilidad de un arbitraje ha dado alas a Berkeley en bolsa. Las acciones de la compañía se han disparado un 18,37% poco después de la apertura de este viernes, llegando a marcar máximos del día en los 0,219 euros.

Aunque la subida se ha reducido poco después, hasta el 12,43%, el repunte de Berkeley -que cotiza en el mercado continuo- era el más abultado del conjunto de la bolsa española. En lo que va de 2022 su capitalización bursátil se ha incrementado casi un 38%.

La minera indicó que ofrece al Gobierno de España iniciar el diálogo para reactivar la construcción de la mina de uranio de Retortillo (Salamanca), a través de la presentación de esta notificación de disputa de inversión.

No obstante, la empresa, que recientemente nombró un Comité Asesor para el directorio de su filial española compuesto por Rafael Miranda, Jaime García-Legaz y Miguel Riaño, mostró su confianza en continuar con la construcción de la mina de uranio de Retortillo y aseguró que "tomará todas las acciones necesarias para preservar sus derechos".

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Berkeley señaló que la notificación presentada al Gobierno español es necesaria "para preservar los derechos de la compañía de cara a la posibilidad de iniciar un arbitraje internacional si la disputa no se resuelve satisfactoriamente".

De todas maneras, subrayó que "está dispuesta a colaborar y mantiene la esperanza de que la controversia pueda resolverse de forma amistosa mediante rápidas negociaciones".

Recurso administrativo

La compañía consideró que el Gobierno español ha infringido la normativa sobre procedimientos administrativos en España, pero también la protección otorgada a la empresa en el marco del TCE, "lo que implicaría que la decisión sobre la denegación de la solicitud de construcción por parte de Berkeley no es legal".

En diciembre del año pasado, la minera presentó un recurso administrativo contra la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico bajo la ley española, que de momento no ha sido resuelto.

Para la empresa, el Ministerio ha rechazado la solicitud de construcción de Berkeley sin seguir el procedimiento legalmente establecido, ya que no se ha tenido en cuenta el Informe de Mejora ni se ha enviado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para su valoración, tal y como ha solicitado la compañía en múltiples ocasiones.

Tras una detallada comparación de distintos expedientes (La Haba -Badajoz-, Saelices El Chico -Salamanca-, propiedad de Enusa Industrias Avanzadas S.A.), Berkeley estima que se le ha exigido información que no se corresponde con el marco normativo y los criterios aplicados en otros procesos para instalaciones radiactivas similares.

En consecuencia, la empresa consideró que el CSN ha actuado "de forma discriminatoria y arbitraria" al evaluar la solicitud de autorización de construcción del proyecto de Salamanca.