La presidenta Ursula von der Leyen presenta este martes un nuevo paquete de medidas para intervenir el mercado del gas

La presidenta Ursula von der Leyen presenta este martes un nuevo paquete de medidas para intervenir el mercado del gas Comisión Europea

Observatorio de la Energía

Bruselas quiere obligar a los países de la UE a comprar conjuntamente el 15% del gas para rebajar precios

La Comisión Europea adoptará este martes un nuevo paquete de medidas para intervenir el mercado, con un mecanismo temporal para limitar los precios.

17 octubre, 2022 12:45
Bruselas

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Bruselas quiere obligar a los países de la Unión Europea a comprar conjuntamente de forma centralizada el 15% del gas que consumen con el fin de rebajar los precios. Esta es una de las propuestas estrella del nuevo paquete de medidas de emergencia que adoptará este martes 18 de octubre la Comisión de Ursula von der Leyen para amortiguar la subida desorbitada del gas y su impacto en la factura de la luz.

El enésimo plan de Von der Leyen para afrontar la crisis energética será discutido por los líderes europeos en la tradicional cumbre de otoño que celebran el 20 y 21 de octubre en Bruselas. La mayoría de jefes de Estado y de Gobierno están a favor de la compra conjunta de gas (siguiendo el modelo utilizado para la vacuna contra la Covid-19), pero prefieren que la participación sea voluntaria, lo que hace prever una acogida fría a las ideas de Bruselas.

"Creo que los Estados miembros podrían aceptar que un 15% de los volúmenes solicitados sean comprados obligatoriamente de forma conjunta por las compañías que utilizan ese gas", ha explicado el comisario de Justicia, Didier Reynders, en una entrevista a la cadena belga RTL

[Bruselas anuncia un mecanismo temporal para limitar los precios del gas importado]

El Ejecutivo comunitario argumenta que la agregación de la demanda de gas y la compra conjunta permitirán a la UE utilizar su poder de compra colectivo para negociar mejores precios y reducir el riesgo de que los Estados miembros compitan entre sí y contribuyan así a inflar los costes.

La compra conjunta mejorará la transparencia y ayudará en particular a los Estados miembros más pequeños, que se encuentran en una situación menos favorable en tanto que compradores. No obstante, Bruselas admite que esta plataforma centralizada no tendrá ningún impacto en los precios a corto plazo: sólo estará operativa a partir de primavera, para la próxima temporada de llenado de depósitos.

"Por lo que se refiere al precio del gas, lo que vamos a hacer ahora es primero pedir las compras conjuntas. Los Estados miembros decían: voluntariamente, sí. A nosotros nos gustaría que sea obligatorio", ha señalado Reynders.

Aparte de las compras conjuntas de gas, la Comisión Europea sigue apostando por negociar rebajas de precio con los proveedores fiables. "Noruega y Estados Unidos nos venden gas. Todavía podemos pedirles que hagan un esfuerzo. Estados Unidos nos vende el gas a un precio mucho más alto que el precio allí", se queja el comisario de Justicia.

[La 'excepción ibérica' se abre paso como solución preferida en la UE para rebajar la factura eléctrica]

"Pero el verdadero debate que divide a los Estados miembros es el miedo a fijar un precio demasiado bajo y verse privados de suministros. Este es el equilibrio que hay que encontrar. Estamos tratando de convencer a los Estados miembros para que avancen en esta dirección", ha indicado Reynders.

De hecho, el paquete de medidas que aprobará este martes la Comisión Europea incluye un mecanismo temporal para limitar los precios del gas, según anunció la semana pasada la comisaria de Energía, Kadri Simson. Una idea defendida por España, Italia y Francia, pero a la que se oponen Alemania y Holanda, precisamente por los riesgos para la seguridad de suministro.

Entre las propuestas de Bruselas se encuentran también nuevos recortes del consumo de gas en la UE, así como un sistema de solidaridad para salir al rescate de los Estados miembros más afectados por la crisis. En cambio, el Ejecutivo comunitario retrasa de momento el proyecto de ley para extender la 'excepción ibérica' al resto de la Unión Europea, pese a que así lo reclaman un gran número de Estados miembros.