Los países de la Unión Europea han alcanzado este miércoles un acuerdo unánime sobre el octavo paquete de sanciones contra el Kremlin desde el estallido de la guerra en Ucrania el pasado 24 de febrero. Las nuevas medidas restrictivas son la respuesta de los Veintisiete a la anexión por parte de Rusia de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia tras la celebración de simulacros de referendos que no han sido reconocidos por la comunidad internacional.

El pilar central de este octavo paquete de sanciones consiste en trasladar a la legislación europea el tope al precio del petróleo ruso decidido por el G7. La UE ya ha acordado un embargo parcial al petróleo ruso que entrará en vigor el próximo 5 de diciembre, así que el nuevo precio máximo (cuyo importe aún no se ha decidido) afectará a los países extracomunitarios.

¿Cómo garantizará la UE que este precio máximo se aplique? El paquete incluye la prohibición del transporte marítimo de petróleo ruso a terceros países -así como de los servicios de aseguramiento asociados- si se ha pagado a un precio por encima del tope del G7. La medida chocó inicialmente con la oposición de los Estados miembros que tienen una gran industria naviera, como Grecia, Chipre y Malta. Al final, los tres países han levantado sus reservas tras recibir garantías de que serán compensados.

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El objetivo es reducir los ingresos de Rusia y al mismo tiempo mantener estable el mercado energético y permitir que los países en desarrollo puedan comprar petróleo ruso a precios bajos. Incluso si India y China deciden no sumarse al tope del G7, Bruselas confía en que ambos países podrán imponer fuertes descuentos a Moscú gracias a esta medida.

En segundo lugar, la UE prohibirá que los ciudadanos europeos se sienten en los órganos de gobierno de empresas rusas. Una medida que parece diseñada específicamente para el caso del excanciller alemán Gerhard Schroeder, que se niega a abandonar los cargos que ocupa en varias compañías energéticas rusa como Gazprom. Otros directivos europeos que ejercían papeles similares los abandonaron voluntariamente tras el estallido de la guerra en Ucrania.

El tercer pilar de sanciones tiene como objetivo restringir al mínimo imprescindible las relaciones comerciales entre la UE y Rusia. Por un lado, habrá nuevas prohibiciones a la importación de productos rusos, que privarán a su economía de 7.000 millones de euros en ingresos, según los cálculos de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Se trata de productos de acero, pulpa de madera, papel, maquinaria y electrodomésticos, productos químicos, plástico o cigarrillos.

Al mismo tiempo, la UE ampliará el catálogo de artículos que no se pueden exportar a Rusia, para incluir tecnologías de doble uso que son también necesarias para la maquinaria de guerra del Kremlin. Entre los productos afectados se encuentran componentes electrónicos, piezas de aviones o sustancias químicas.

Finalmente, la UE aumentará la lista negra de individuos y entidades con sanciones específicas por contribuir a la invasión de Ucrania, en la que figuran ya más de 1.300 personas entre altos funcionarios, oligarcas, responsables militares y propagandistas de la guerra. A todas estas personas se les han congelado los activos que tienen en territorio comunitario y se les prohíbe entrar en la UE.

El octavo paquete de sanciones se centra en los responsables de la ocupación y la anexión ilegal de las provincias ucranianas de Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk, así como los organizadores de los simulacros de referendos.

Von der Leyen presentó el octavo paquete de sanciones el pasado 28 de septiembre. La presidencia checa de la UE las ha tramitado por el procedimiento urgente con el fin de cerrar el acuerdo antes de la cumbre informal de líderes europeos que se celebra este viernes en Praga. Hungría, que amenazó con vetar cualquier medida que afectara al sector de la energía, ha acabado sumándose al pacto.