Los ministros de Energía de los 27 celebran este martes un encuentro de emergencia con el objetivo de cerrar un acuerdo de mínimos sobre la propuesta de Bruselas que exige un recorte del 15% en el consumo de gas a todos los Estados miembros. Una disminución que deberían aplicar incluso los países menos dependientes del gas ruso, como España, y que entaría en vigor de inmediato: desde el 1 de agosto.

La norma ha generado una fuerte división dentro de la UE, hasta el punto de reabrir la fractura provocada por la crisis financiera entre el norte y el sur, entre Alemania y España. Aunque esta vez con los papeles invertidos: ahora es Madrid la que rechaza salir al rescate de Berlín en los términos marcados por la Comisión. Por primera vez, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha plantado ante una iniciativa del equipo de Ursula von der Leyen.

[La presión energética de Putin divide a la UE y reabre los reproches entre Alemania y España]

El debate de este martes se produce justo cuando Gazprom acaba de anunciar que reducirá el flujo de gas hacia Alemania a través de Nord Stream 1 a un 20% de la capacidad total. La compañía lo atribuye a dificultades técnicas, pero en Bruselas se considera que se trata de otra vuelta de tuerca en el chantaje de Vladímir Putin por el apoyo de la UE a Ucrania.

De ahí el interés de todos los Estados miembros de superar las disputas de los últimos días y escenificar de nuevo una imagen de unidad. Con el fin de recomponer esta unidad, República Checa -que ocupa la presidencia de turno de la UE- ha presentado un borrador de compromiso que incluye múltiples excepciones y derogaciones para intentar acomodar a todos los países críticos con el plan original de Bruselas.

Instalaciones del gasoducto Nord Stream 1 en Lubmin, Alemania Europa Press

La oferta para España y Portugal -dos de los máximos oponentes- es reconocer su estatus de "isla energética" en la UE, el mismo argumento que se utilizó para aprobar el tope al gas. Los países con baja capacidad de interconexión con el resto de Europa se beneficiarán de un menor recorte de gas, dice el borrador de reglamento, que no menciona directamente a ningún Estado miembro.

¿Cuál será este menor recorte? La cifra definitiva se acabará de negociar este martes. Eso sí, para gozar de esta derogación, Madrid y Lisboa deberán demostrar que han usado las tuberías disponibles y su infraestructura nacional de gas natural licuado (GNL) para redirigir gas a otros Estados miembros "en la mayor medida posible".

Múltiples derogaciones

El reglamento contempla además otra derogación a la que también se puede acoger España para industrias críticas altamente dependientes del gas. Entre ellas, la industria química y petroquímica, el hierro y el acero, la fabricación de vidrio, y la industria cerámica y de productos minerales no metálicos. 

Finalmente, la propuesta de compromiso prevé una excepción para los Estados miembros que no tienen ninguna interconexión de gas, por ejemplo, islas como Malta. También se librarán de los recortes los países Bálticos si Rusia les desconecta de su red de electricidad, a la que ahora están vinculados. Además, hay otra derogación para los Estados miembros que no hayan alcanzado el objetivo de llenar al 80% sus depósitos de gas.

[Ribera se planta ante Bruselas: "España no apoya recortar el 15% el consumo de gas"]

Bruselas había calculado el 15% como objetivo de recorte porque esta cifra equivale a 45.000 millones de metros cúbicos de gas, la cantidad necesaria para pasar con seguridad este invierno en caso de un corte total del gas ruso. La presidencia checa de la UE sostiene que, incluso con todas estas derogaciones, el ahorro sería suficiente para sobrevivir al invierno. Otros países son más escépticos sobre el impacto real de una norma con tantas excepciones.

En lo que sí hay acuerdo total entre los Estados miembros es en denegar a la Comisión los nuevos poderes que pretendía arrogarse en materia energética. La última palabra a la hora de decretar una alerta y convertir en obligatorios los recortes de gas no la tendrá el Ejecutivo comunitario (como preveía la propuesta original), sino los Gobiernos, que decidirán por mayoría cualificada. 

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante la rueda de prensa de presentación del plan del gas Comisión Europea

La Comisión se limitará a presentar la propuesta de alerta, aunque también pueden hacerlo 5 Estados miembros. El reglamento sólo estará en vigor un año y no dos como pretendía el equipo de Von der Leyen.

A la espera de los flecos finales que deben cerrarse este martes, el Gobierno de Sánchez está satisfecho por el giro que ha dado el debate. "Lo que estamos negociando es cómo se recogen las diferentes circunstancias de lo que significa ser una isla energética", explican fuentes diplomáticas.

España tiene un "compromiso fundamental con la solidaridad, pero de forma efectiva y proporcionada". Y considera prioritario mantener la unidad europea porque lo contrario favorecería a Rusia.

A juicio de Madrid, lo que no tiene sentido es realizar un recorte del 15% del gas y que después este ahorro no pueda redirigirse a los Estados miembros necesitados por falta de interconexiones y de capacidad de regasificación, como es el caso.

Nuestro país ya está redirigiendo el 20% de sus importaciones de gas hacia otros Estados miembros de la UE, lo que es ya una expresión de solidaridad, destacan las fuentes consultadas. Pero existen "límites físicos" que impiden ir más allá.

España contra Alemania

No obstante, la gesticulación y el tono del Gobierno de Sánchez en el rechazo a los recortes de gas no ha sentado nada bien en Bruselas. La viceprepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, acusó a Von der Leyen de querer imponer su plan sin haberlo consultado previamente con los Estados miembros.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, durante una reunión en Bruselas

"Si hay un tema sobre el que los Estados miembros han tenido la ocasión de debatir ad nauseam estos últimos meses es el de la energía", ha replicado el portavoz de la Comisión, Eric Mamer. Bruselas subraya además que base legal para el recorte de gas es el artículo 122 del Tratado, el mismo que se utilizó para poner en marcha los fondos Next Generation o el mecanismo Sure para financiar los ERTE. En ambos casos, España está entre los principales beneficiarios.

En una combativa rueda de prensa, Ribera esgrimió, además, los mismos argumentos que utilizaron Alemania y los 'frugales' contra España, sobre todo durante la crisis financiera. "A diferencia de otros países, los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético", ha dicho. Un dardo dirigido de forma poco disimulada contra Berlín y su dependencia del gas ruso.

"Lo que puede empezar como un problema en el campo de la energía, se convertirá rápidamente en un problema económico. Y no creo que a nadie le interese que la economía europea tenga que hacer frente a las consecuencias de dificultades significativas en una de sus grandes países como Alemania", responde la Comisión Europea.