Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia recuerdan que, en estos momentos, no pueden tomar ninguna decisión porque no hay datos en los que apoyarse. Un argumento que no termina de convencer a algunas de las entidades financieras españolas que esperaban un mayor apoyo del regulador en este momento.

En Fráncfort, oficialmente, se remiten -por ahora- a las palabras de Luis de Guindos de la semana pasada. En rueda de prensa, el vicepresidente del BCE señalaba que el nuevo impuesto debe evitar dañar la solvencia de las entidades y no impedir que el crédito se restrinja. 

[El PSOE no incluye el delito que exige Podemos en su borrador de los impuestos a bancos y energéticas]

¿Puede haber algo más en el futuro? Dependiendo de lo que ocurra sí. El BCE está capacitado para emitir opiniones cuando observa medidas que pueden poner en jaque al sistema financiero. Ahora bien, cabe recordar que se trata de documentos que carecen de ningún tipo de vinculación ni obligación para los Gobiernos. 

Lo cierto es que en la sede del regulador la idea de gravar a las entidades no termina de convencer. Ya lo hicieron saber allá por el año 2019 cuando Lituania puso en marcha una tasa adicional contra los beneficios bancarios. 

En aquel entonces, el regulador señalaba que "emplear los ingresos de un impuesto a la banca para fines presupuestarios generales [...] impondrían cargas indebidas a las entidades dificultando la provisión de crédito [...]". 

Y eso es, precisamente, lo que esperan algunas entidades financieras en nuestro país. Una respuesta similar del BCE que sirva para plantar cara al Gobierno. Sin embargo, hasta no tener la letra pequeña habrá que esperar. 

La posición del BCE

Como ha contado EL ESPAÑOL-Invertia, no se puede olvidar que si bien el BCE no es partidario de imposiciones, tampoco le resulta del todo descabellado el evitar los llamados 'beneficios caídos del cielo' de la banca. Esto es, evitar que las entidades puedan beneficiarse de las subidas de tipos y decidan mantener depositada en Fráncfort la liquidez obtenida durante la pandemia. 

Sea como sea todavía hay que esperar. El mutismo en España sobre el nuevo impuesto es máximo. PSOE y Podemos esperan a que Hacienda acabe con sus trabajos para evaluar la medida con la que esperan recaudar 3.000 millones de euros en sólo dos años. 

La duda está en saber si se aplicará como un recargo contra los beneficios o si se opta por otras fórmulas que ya se han utilizado en Europa. En Francia, por ejemplo, el gobierno de Françoise Hollande optó por una fórmula que consideran neutra y que obliga al pago de un 0,06% en función del capital y de los salarios que pagan cada año. 

Portugal, por su parte, impone un 0,1% a los beneficios; mientras que en Austria se grava los activos, inversiones y depósitos que cada entidad tiene.