El juez Manuel García-Castellón, encargado de investigar el llamado caso Villarejo, ha negado al excontroller de Iberdrola, José Antonio del Olmo, ahora enfrentado judicialmente a la compañía de la que fue directivo, el estatus de denunciante de corrupción, como éste solicitaba en base a la directiva europea para la protección de los whistleblowers que informen sobre estas infracciones.

Además, en una resolución fechada este martes, García-Castellón considera que están prescritos los hechos narrados en la querella presentada por la empresa eléctrica contra Del Olmo.

Inicialmente, fue interpuesta —únicamente, por el supuesto delito de falsedad— en los Juzgados de Instrucción de Bilbao y, posteriormente, se acumuló en esta pieza número 17 del caso Villarejo, de cuya investigación se encarga el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Una ampliación de la querella señalaba a Del Olmo por otros dos delitos más: revelación de secretos y de violación y difusión de secretos empresariales.

El magistrado considera que todos ellos estarían prescritos cuando la querella fue presentada. Por ello, archiva ahora esta causa, definitivamente, para el excontroller de Iberdrola.

No obstante, el pasado octubre, José Antonio del Olmo sí fue condenado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao por la sustracción de documentos internos de la compañía y su posterior difusión en un medio de comunicación. 

Por estos hechos había sido demandado por la empresa, cuyas peticiones fueron estimadas íntegramente por el juez. El excontroller fue obligado a devolver a Iberdrola "la totalidad de los documentos sustraídos ilícitamente a la misma". 

Finalmente, el juzgado bilbaíno consideró injustificable que Del Olmo robase estos documentos con ánimo, no de denunciar alguna irregularidad, sino de custodiarlos en una notaría durante 14 años, desde el 2004 hasta el 2018. Según alegó el condenado, se trató de una maniobra de "autoprotección".

La publicación en prensa de un documento interno atribuido a Iberdrola —y que la compañía consideraba que no era verdadero— fue lo que motivó la querella inicial contra el excontroller por un supuesto delito de falsedad.

Asimismo, tal y como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, a finales del pasado junio, el Juzgado Central de Instrucción número 6 también archivó, por prescripción, esta pieza 17 del caso Villarejo para Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. En ella se investigaban los encargos realizados por el excomisario José Manuel Villarejo a favor de la compañía eléctrica.

Esta pieza del caso Tándem (apodado caso Villarejo) aún sigue abierta para el exresponsable de Seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, quien habría sido el que contrató a Villarejo y para éste último, comisario de Policía ya jubilado.

Protección de denunciantes

En su auto, el juez García-Castellón deniega a José Antonio Del Olmo la protección que contempla la directiva europea sobre denunciantes de corrupción. España aún tiene pendiente trasponer esta norma. Por el momento, el Ministerio de Justicia ya presentó, el pasado mes de marzo, un anteproyecto de ley sobre esta materia.

"Una directiva no transpuesta genera obligaciones para el Estado miembro. Sin embargo, no ocurre lo mismo para los particulares. La directiva no transpuesta no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular", recuerda el magistrado.

No obstante, según el criterio del juez, no existe en este caso "una disposición suficientemente precisa e incondicional" en la directiva europea en la que sustentar, de forma directa y pese a que aún no esté traspuesta por España, la solicitud de Del Olmo.