Las relaciones entre las grandes compañías energéticas y el Gobierno no atraviesan por sus mejores momentos. Se quejan de que el Gobierno las señala por generar unos beneficios "abultados" pero, en la mayoría de ellas, no son por sus negocios en España.

Desde hace un año, con un precio de la luz que marca récords históricos casi de forma diaria, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de rebajas fiscales para intentar abaratar la factura, pero la crisis energética se agudiza y no es suficiente. Por eso, se ha anunciado que se recortará parte de las ganancias no solo de las grandes eléctricas, sino de otras empresas en el 'perímetro' de Iberdrola, Endesa y Naturgy, aunque eso sí, será ya para 2023.

Hasta que llegue ese momento ¿cuáles son las medidas que se han aprobado en estos últimos doce meses y cuáles están pidiendo pista para ser aprobadas? Por el momento, triunfan las que van destinadas a descuentos en las facturas de los consumidores más que las que apuntan directamente a la línea de flotación de la cuenta de resultados de las compañías.

Medidas fiscales de luz y gas

Hace justo un año, el 24 de junio de 2021, el Gobierno aprobaba el RDLey 12/2021 con el que se conseguía una rebaja del 21 al 10% en el IVA de las facturas eléctricas de los hogares y se suspendía el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que gravaba con un 7% los ingresos por la venta de electricidad en el mercado y, por tanto, repercutía en la factura.

Tres meses después, aprobaba el RDLey 17/2021, en el que prorrogaba hasta final de año la suspensión del IVPEE, la prórroga hasta marzo pasado de la rebaja del IVA del 21% al 10%, y se añadía una nueva medida: la reducción hasta el mínimo legal comunitario del impuesto a la electricidad, del 5,11% hasta el 0,5%.

También se destinaron 900 millones de euros adicionales (se sumaron a los 1.100 millones existentes) de las subastas de CO2 para financiar los costes del sistema eléctrico que se descontaría de la factura de todos los consumidores. Y por último, se puso un tope de subida de hasta un máximo del 4,35% en la TUR (tarifa de último recurso) a los consumidores domésticos de calefacción y agua caliente con gas natural.

En esa normativa también se incluía un impuesto conocido como "dividendos del gas", que lo que pretendía era que todas las tecnologías no consumidoras de gas deberían devolver la diferencia al Estado entre su coste y precio marcado en el mercado mayorista de electricidad (pool).

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Esto provocó el rechazo de las grandes eléctricas, que aseguraban que vendían toda su generación a plazo y, por tanto, no se beneficiaban de los altos precios del mercado diario. Así que un mes después, el Gobierno aprobó el RDLey 23/2021, que modificó las condiciones de esa minoración del gas. 

Se reconocía su ámbito de aplicación, y la energía contratada a plazo y a precio fijo solo debería devolver la sobrerretribución, si dicho precio era superior a 67 euros/MWh.

También se amplió el número de hogares beneficiarios del bono social y con un mayor descuento: del 60% y el 70% para los consumidores vulnerables y los vulnerables severos. Cabe recordar que el bono social lo financian las comercializadoras de electricidad.

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Por último, la industria electrointensiva vio reducidos los peajes eléctricos un 80% para todo 2022, así como una mayor compensación por el coste del CO2 repercutido en la electricidad.

Carburantes y 'tope' al gas

Con el inicio de la guerra rusa en Ucrania, los precios de los carburantes se dispararon. Por eso, el RDLey 6/2022 aprobó el descuento de los 20 céntimos por litro, pero también se prorrogan todas las medidas anteriores hasta el 31 de junio.

Y, por último, el 'tope' al gas o excepción ibérica, en el RDLey 10/2022. Un mecanismo solo para la Península ibérica que limita el precio del gas y rebajar el precio de la electricidad. 

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Se trata de un ajuste temporal del precio de la electricidad con un tope de 40 euros/MWh durante los primeros seis meses y subirá cinco euros cada mes hasta cumplir un año.

Se quedan en el tintero dos medidas que levantaban ampollas en el sector. Se trata del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y del impuesto de los 'dividendos' del CO2. Se preveía su aprobación en el Congreso de los Diputados el próximo martes, 28 de junio, pero se ha pospuesto hasta septiembre. 

También en Europa

Un gravamen a los beneficios de las grandes energéticas no solo lo dice Unidas Podemos. Tanto Bruselas como la OCDE llevan meses diciendo que es posible recortar parte de las ganancias para compensar a los consumidores.

Y en otros países europeos ya se han puesto en marcha. El más radical ha sido el conservador Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido. A finales del pasado mayo, el ministro de Hacienda británico anunció un impuesto del 25% a petroleras que, según sus cálculos, le permitirá recaudar casi 6.000 millones de euros en solo doce meses.

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El primer ministro de Italia, Mario Draghi, ya ha aplicado un impuesto específico a las eléctricas: el pasado marzo aprobó una subida del 10% y solo un mes después lo subió al 25%. Se trata de una medida con carácter retroactivo que afecta a las eléctricas desde el pasado octubre hasta abril.

Bélgica también prepara un impuesto contra los beneficios caídos del cielo, y Grecia y Hungría también han lanzado medidas en esa dirección.