Aunque Bruselas ha dado carta blanca a los Gobiernos para la creación de impuestos temporales a las eléctricas por los beneficios extraordinarios obtenidos en la actual crisis, de momento son pocos los Estados miembros que han seguido esta vía. De entre las grandes potencias de la UE, sólo la Italia de Mario Draghi ha optado por esta solución, mientras que en España esta medida se ha convertido en un nuevo foco de conflicto entre Unidas Podemos y el PSOE en el seno del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Fuera de la UE, también Reino Unido ha aprobado una tasa a las eléctricas.

La Comisión de Ursula von der Leyen incluyó el impuesto a las eléctricas como posible herramienta dentro de su plan de medidas de emergencia para combatir el alza de la luz publicado a principios de marzo, poco después del estallido de la guerra en Ucrania. "Los Estados miembros pueden considerar la adopción de medidas fiscales temporales sobre los beneficios imprevistos", reza el documento.

"Estas medidas fiscales sobre los beneficios elevados podrían poner a disposición del erario público hasta 200.000 millones de euros en 2022 para compensar parcialmente la subida de las facturas energéticas", sostiene Bruselas, citando las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía.

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No obstante, el Ejecutivo comunitario fija una serie de condiciones a la hora de diseñar el impuesto a las eléctricas. En primer lugar, en ningún caso debe tener carácter retroactivo. Además, tiene que ser tecnológicamente neutro. Finalmente, Bruselas apunta que cualquier intervención de este tipo debe permitir a los productores de electricidad cubrir sus costes y proteger las señales del mercado y del precio del CO2 a largo plazo.

Entre las ventajas del impuesto a las eléctricas, la Comisión destaca que, si está bien diseñado, no interfiere en la formación de precios en el mercado mayorista y por tanto no afecta al comercio de electricidad en la UE ni pone en riesgo la seguridad de suministro. Esta receta no reduce por sí misma la factura de la luz, pero los ingresos que genera pueden usarse para dar ayudas directas a los más afectados, por ejemplo mediante cheques a los hogares y apoyo financiero para las empresas.

En cuanto a los inconvenientes, el Ejecutivo comunitario avisa de que, para determinar adecuadamente la existencia de beneficios excesivos, las autoridades nacionales necesitan disponer de información detallada sobre los costes de los generadores, a la que es posible que no tengan acceso.

Una puesta en marcha apresurada puede dar lugar a una avalancha de recursos judiciales, ya que las eléctricas se verán afectadas de formas diferentes. Finalmente, la creación de un impuesto a las eléctricas afectará probablemente a la confianza de los inversores, lo que podría traducirse en mayores costes de capital y menor despliegue de energías renovables en el futuro, sostiene Bruselas.

Italia

En Italia, el Gobierno de Mario Draghi aprobó a princios de mayo un plan de 14.000 millones de euros para ayudar a los hogares y a las empresas más vulnerables a hacer frente a la subida de la factura energética.

El paquete incluye un cheque extraordinario de 200 euros para alrededor de 28 millones de italianos con ingresos inferiores a 35.000 euros, así como rebajas fiscales para las industrias de alto consumo de energía y descuentos en el transporte público.

Como su capacidad de endeudamiento adicional es limitada (Italia tiene una deuda del 150,8% y su prima de riesgo se ha disparado en las últimas semanas), Draghi tiene previsto financiar estas medidas de apoyo con un impuesto del 25% sobre los beneficios extraordinarios (windfall profits) que las compañías energéticas han obtenido por la escalada de los precios del petróleo y del gas. 

El primer ministro italiano anunció por primera vez este impuesto en marzo, pero inicialmente había previsto un tipo del 10%. El agravamiento de la crisis energética le ha obligado a subirlo al 25%. Los productores y comercializadores de electricidad, gas natural y productos del petróleo tienen que realizar un primer pago del 10% a finales de junio y abonar el resto para noviembre.

Reino Unido

En Reino Unido, el Gobierno de Boris Johnson anunció el pasado 26 de mayo un impuesto extraordinario del 25% sobre los beneficios de las empresas energéticas en los próximos 12 meses. Una tasa cuyo objetivo es también financiar un paquete de ayudas por valor de 15.000 millones de libras (17.500 millones de euros), cuyo objetivo es salir al rescate de los hogares con problemas para pagar sus crecientes facturas energéticas.

El plan de Reino Unido incluye un descuento de 400 libras (465 euros) por hogar en la factura eléctrica, con rebajas adicionales para las personas más vulnerables.

Pese a las presiones de la oposición laborista, el Gobierno de Johnson se negaba hasta hace unos meses a introducir este impuesto a las eléctricas con el argumento de que perjudicaría a las inversiones. Pero la escalada de los precios de la energía le ha obligado a cambiar de opinión. Los beneficios extraordinarios de las compañías no se deben a mejoras en la asunción de riesgos, la innovación o la eficiencia, y por eso hay que gravarlos de forma justa, alega el ministro de Finanzas, Rishi Sunak.

El nuevo impuesto ha provocado una revuelta entre los productores de petróleo y gas del mar del Norte, que amenazan con reconsiderar sus proyectos de inversión futuros.

Francia

En Francia, el Gobierno de Emmanuel Macron no ha introducido de momento un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las eléctricas, aunque ha adoptado una medida que podría considerarse equivalente. Por un lado, ha impuesto un tope del 4% a la subida de las facturas eléctricas de los hogares este año, pese al incremento sin precedentes del precio la energía en los mercados mayoristas.

Por otro lado, el Gobierno francés ha obligado al gigante energético EDF, de titularidad pública, a asumir el coste de la medida. Un coste que la propia compañía ha estimado en 8.400 millones de euros.

Alemania

En Alemania, el Gobierno de coalición semáforo está dividido sobre la creación de una tasa extraordinaria a las eléctricas. Por un lado, el vicecanciller y ministro de Economía, el verde Robert Habeck, apoya esta medida y asegura que está "en la agenda" del Ejecutivo.

Sin embargo, el ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, rechaza este impuesto con el argumento de que podría disminuir los recursos para la inversión en renovables. "No se puede identificar claramente qué es un beneficio excesivo y qué efectos lleva asociados", sostiene Lindner. El resultado es que el canciller, el socialista Olaf Scholz, no ha dado todavía ningún paso para poner en marcha esta iniciativa.