"Nos encontramos en un punto de presión por ambas partes, forma parte de la negociación", explican fuentes conocedoras a EL ESPAÑOL-Invertia, "porque el peligro de la compañía no está en su viabilidad, es un tema de propiedad".

Por un lado, los acreedores del 90% de la deuda Jumbo y Convertible de Celsa aseguran que "los intereses económicos de la familia Rubiralta son el único impedimento a un rescate", señalan en un comunicado. Ellos piden que el reparto de cualquier valor existente una vez conseguida la financiación de la SEPI y la deuda reestructurada debe ser reembolsado.

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Y por otro lado, está la familia Rubiralta "que no solo defiende el negocio desde un punto de vista empresarial, sino también emocional", explican las fuentes conocedoras. "Los fondos, liderados por Goldman Sachs y Deutsche Bank, pretenden obtener un rendimiento un 400% por encima de lo que invirtieron cuando compraron deuda". 

"Este dislate se produce por los Acuerdos de Basilea que obligan a que la banca se deshaga, aún a pérdidas, de activos con alto riesgo crediticio. Los fondos 'oportunistas', a los que se les llama popularmente como 'buitres', aprovechan esta obligación y compran esa deuda de los bancos a un precio muy inferior. Por ejemplo, por cada 100 de deuda real, se lo compran al banco por 20 o 30, pero en el documento que firman figura como 100". 

En el caso del banco alemán, que posee el 17% de la deuda, pagó 36 millones de euros y ahora reclama 220 millones de euros.

Y ahí es donde se produce el conflicto. "El problema es que la ayuda de la SEPI es dinero público y no tiene sentido que se pague una cantidad de los bolsillos de los ciudadanos para dárselos a quienes no invirtieron esa cantidad. Más aún, si se lee la letra pequeña, quieren que la deuda convertible sea un vehículo con sede en Luxemburgo, cuya ley es más laxa y permite además, incorporar un tipo de interés muy elevado".

Problemas de liquidez

El grupo siderúrgico cerró 2021 con 5.200 millones de facturación y un beneficio bruto de 600 millones, lo que demuestra la buena marcha del negocio. "Tuvimos un parón por la pandemia que ha provocado la situación en la que nos encontramos", señalan a este diario fuentes del sindicato CCOO. 

"Y ahora vivimos la incertidumbre de los precios de las materias primas y seguimos con la falta de pedidos por los ERTEs en sectores como, por ejemplo, el de la automoción. Sin embargo, la siderurgia es un negocio lento pero seguro".

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Celsa se creó 1967 por los hermanos Rubiralta en Castellbisbal (Barcelona) con la puesta en marcha de su primer tren de laminación. 55 años después es una multinacional formada por seis grandes grupos empresariales con acerías, trenes de laminación, plantas transformadoras, empresas de distribución y recicladoras. Cuenta con más de 9.100 empleados en todo el mundo y está presente industrialmente en Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Noruega, Polonia, Suecia y Reino Unido.

"La compañía creció rápidamente en los últimos años y se expandió por toda Europa, pero también porque la banca facilitaba la financiación de sus proyectos", añaden las fuentes conocedoras. 

Fecha tope: el 28 de junio

Empresa y acreedores de Celsa tienen un límite para llegar a buen puerto, el 28 de junio, cuando se celebra el último consejo de ministros del mes. Dos semanas es el tiempo que le queda para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) dé salida a los rescates a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Este fondo, dotado con un total de 10.000 millones de euros, fue aprobado por el Gobierno en julio de 2020 con el objetivo de aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional. 

La prórroga acordada por la Comisión Europea alargó el campo de ampliación del marco temporal de ayudas estatales hasta el 30 de junio de 2022. Es decir, quedan tres semanas para resolver favorablemente o no los expedientes. O, lo que es lo mismo, tres Consejos de ministros ordinarios para dar luz verde a los mismos.

Asimismo, los préstamos no son a fondo perdido. Es decir, las empresas tienen un plazo -de siete años en muchos casos- para devolver el dinero al Estado que se está canalizando, por norma general, en un préstamo participativo y otro ordinario.

2,5 millones para sostenibilidad

En la negociación también se estudia el futuro de la compañía a largo plazo. Y Celsa cuenta con una ayuda del Gobierno de 2,5 millones para proyectos de sostenibilidad y circularidad.

La compañía productora de acero se ha marcado además como objetivos estratégicos "alcanzar la completa circularidad en cinco años y ser 'Net Positive' en 2040".

El tiempo corre en su contra, y si no consigue esas ayudas públicas, solo le quedan dos opciones: "seguir buscando financiación en los mercados, lo que supondrá un mayor endeudamiento y dificultad para crecer, o tirar la toalla y presentar un plan de cierre", concluyen los sindicatos.