Los fondos acreedores de la deuda que acumula la mayor siderúrgica española, Celsa, no se mueven de sus posiciones, lo que hace peligrar el futuro de la compañía y la llegada de ayudas públicas por parte de la SEPI.

Según han informado los sindicatos liderados por CCOO, "la dirección de Celsa en reuniones extraordinarias y urgentes nos transmiten que ayer se rompieron las negociaciones con desacuerdo con los fondos buitre que sostiene su deuda y con ello la no percepción de la ayuda de estado de 550 millones que está sujeta a dicha negociación entre partes".

La ayuda se iba a convertir en la de mayor cuantía con cargo a este mecanismo que ha recibido ninguna empresa española, muy superior incluso a la de Air Europa (475 millones).

Ante la situación, CCOO ha señalado que los comités de empresa de Celsa Group han decidido unirse por una mayoría al resto de comités de las diferentes plantas de grupo de ámbito nacional. 

La manifestación se hace este viernes día 10 de junio a las 12 horas frente a las sedes principales del Deutsche Bank tenga sede Celsa Group como Bilbao, Santander, Barcelona, A Coruña.

La empresa a petición de los comité de empresa, han cesado actividad en las plantas afectadas para que las compañeras y compañeros se puedan adherir y manifestarse hoy viernes día 10.

Principal barrera: Deutsche Bank

Según ha podido saber este diario, Deutsche Bank posee el 17% de la deuda y es la que está atascando las negociaciones. "Compro su participación con un 85% de descuento y pretende sacar un 500%", añaden esas fuentes.

Si no llegan a buen término las negociaciones de la deuda, se cierra la llegada de ayudas de SEPI y eso tendría "consecuencias fatales para la viabilidad futura de la compañía", añaden.

400 millones adicionales

Celsa ha ofrecido a los fondos 400 millones de euros suplementarios al plan de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ligados al desarrollo del plan estratégico ante "la inmovilidad de los fondos buitre en su posición negociadora".

En un comunicado este jueves, la compañía ha explicado que hace esta oferta para impedir la "obstrucción" que considera que los fondos hacen a la llegada de financiación pública.

Estos 400 millones adicionales, aportados por Celsa, están divididos en una cantidad fija y una variable determinada en función del Ebitda que se alcance entre los años 2023 y 2030.

La ayuda pública de la SEPI incluye una partida de 450 millones de euros de repago inmediato y 662 millones de euros en siete años.

Las nuevas cantidades se satisfarían tras el repago íntegro de la ayuda SEPI, por lo que "no supondrían un detrimento de la recuperabilidad de la ayuda pública". Asimismo, la compañía ha dicho que sí implican un esfuerzo y sacrificio adicionales de todos los demás grupos de interés del Grupo Celsa dentro de su estrategia de circularidad y sostenibilidad.

Con la oferta, la concesión de la ayuda pública y el futuro de 30.000 puestos de trabajo quedan a expensas de la decisión de Deutsche Bank, Goldman Sachs, SVP y Cross Ocean.

Celsa ha afirmado que estos fondos no financiaron al Grupo Celsa, sino que compraron su deuda en el mercado secundario con enormes descuentos de hasta el 90% y "pretendían con la oferta planteada obtener rentabilidades medias anuales usurarias, próximas al 80%".

La propuesta cuenta con el apoyo unánime del comité ejecutivo y el consejo de administración de la compañía, y que lo sitúa como "último esfuerzo para salvar el boicot a la ayuda pública" por parte de los fondos. Ambos órganos consideran que las pretensiones de los fondos "rompen los límites" del correcto uso de la financiación pública porque creen que no puede utilizarse como base de una estrategia especulativa.

De hecho, la compañía ya denunció en una demanda interpuesta en 2020 ante los Tribunales de Justicia de España, actualmente en curso de tramitación, que las pretensiones de sus fondos acreedores "eran contrarias al orden público económico y a la Ley de represión de la usura".

La oferta llega tres días después de que la compañía rechazara también de forma unánime la propuesta de los fondos --que según Celsa exige la creación de un nuevo instrumento convertible por importe de 900 millones de euros con un tipo de interés anual del 10% y emitido fuera de España-- por ser incompatible con la ayuda pública de la SEPI.