La Comisión Europea ha presentado por fin este miércoles su esperada hoja de ruta para desengancharse del gas ruso de aquí a 2027. Una independencia que se ha vuelto todavía más urgente con el uso que está haciendo el Kremlin de la energía como instrumento de chantaje contra la UE en plena guerra en Ucrania. Bruselas cifra en 210.000 millones el coste extra del tratamiento de desintoxicación, que incluye un plan de infraestructuras para diversificar los suministros.

El plan recoge expresamente la interconexión de gas entre España y Francia, pero no establece ninguna estimación de costes o calendarios. Eso sí, el Ejecutivo comunitario subraya que el nuevo gaseoducto deberá ser compatible con el hidrógeno verde, considerado por la UE como una energía del futuro.

"Debe evaluarse con mayor profundidad un proyecto adicional de infraestructura transfronteriza en la Península Ibérica, en vista de su potencial a largo plazo para aprovechar el importante potencial del hidrógeno renovable en la Península ibérica, así como del Norte de África, y para ver si podría convertirse el primer elemento de la columna vertebral del hidrógeno", señala la hoja de ruta de Bruselas.

"Necesitamos acelerar la introducción de interconexiones y somos unos firmes defensores de crear mejores interconexiones entre la Península Ibérica y el resto de Europa", ha destacado el vicepresidente de la Comisión responsable del Pacto Verde, el socialista holandés Frans Timmermans.

Además de un gasoducto directo con Argelia, nuestro país tiene 6 terminales operativas de GNL (la cifra más alta de todos los Estados miembros), que representan el 42% de la capacidad total de la UE.

Créditos de Next Generation

"Si queremos tener éxito en crear un mercado global de gas natural licuado, tenemos que aprovechar todo el potencial de las terminales de GNL en la Península Ibérica. Y para hacerlo, este gas tiene que encontrar su camino hacia el resto de Europa (...) La interconexión de gas es muy importante para nosotros y nos ayudará a diversificar los suministros de gas. También tendrá un efecto positivo en los precios", sostiene Timmermans.

El vicepresidente de la Comisión ha defendido además mejorar las interconexiones eléctricas entre España y Francia, un proyecto "muy urgente y de gran importancia". Esta iniciativa ya está en marcha, con el despliegue de un cable submarino en el golfo de Vizcaya, que ha recibido una importante financiación europea.

Sin embargo, el gaseoducto MidCat, que iba a conectar la Península Ibérica con el resto de Europa, se abandonó en 2019 de común acuerdo entre los Gobiernos de España y Francia por considerar que su coste era excesivo y no iba a resultar rentable. Los dos países y la Comisión Europea debaten ahora cómo resucitarlo. El presidente Pedro Sánchez ya ha pedido que lo pague la UE.

¿Cómo se financiarán los proyectos necesarios para desengancharse del gas ruso? No hay dinero fresco sobre la mesa. Bruselas propone recurrir a los 200.000 millones de créditos del fondo Next Generation que todavía no se han utilizado, de los que a España le corresponderían 70.000 millones. Además, los Gobiernos europeos deberían redirigir a estas infraestructuras parte de los fondos regionales que ya tienen adjudicados, así como ingresos por la venta de derechos de CO2.

Estrategia solar

Además de la diversificación de las importaciones de gas, la hoja de ruta de Bruselas para liberarse del gas ruso se basa en impulsar el ahorro energético y las energías renovables. La Comisión Europea propone en primer lugar aumentar del 9% al 13% el objetivo obligatorio de eficiencia energética que hay que cumplir en todos los Estados miembros en 2030.

En cuanto a las renovables, la cuota vinculante para 2030 subirá del 40% al 45%. Para alcanzarla, el Ejecutivo comunitario ha presentado una Estrategia Solar, dado que la fotovoltaica es una de las tecnologías más rápidas de desplegar. Su meta es llegar a los 320 GW instalados en 2025, el doble que ahora; y a casi 600 GW para 2030. La instalación de placas solares será obligatoria en todos los nuevos edificios residenciales a partir de 2029.

Finalmente, la Comisión propone medidas para agilizar los lentos y complejos procedimientos de autorización para renovables. Ahora mismo, obtener un permiso puede costar hasta 9 años para proyectos eólicos y hasta 4,5 años para instalaciones fotovoltaicas montadas en tierra. El Ejecutivo comunitario quiere acortar estos plazos a entre 6 y 12 meses.

Con el fin de acelerar y simplificar los procedimientos, se pone en marcha una reforma legislativa que consagrará el principio de la energía renovable como interés público superior. La UE está, además, dispuesta a relajar sus normas medioambientales con el fin de facilitar la instalación de energías renovables de forma acelerada en zonas que se considere que no plantean problemas.