La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) han pedido al Gobierno que rebaje la presión que soportan los carburantes.

En una nota conjunta, piden, de forma temporal y extraordinaria, "medidas excepcionales" como la reducción del IVA, la exención del Impuesto Especial de Hidrocarburos o la devolución mensual del gasóleo profesional.

Con estas medida aseguran que se mitigaría la "dificilísima situación" que atraviesa la economía española y, en particular, los sectores del transporte y de las estaciones de servicio después de que el barril de crudo haya atravesado la barrera de los 100 dólares por barril.

Las patronales recuerdan que las medidas que proponen ya se están llevando a cabo en otros estados miembros de la Unión Europea, entre los que citan Portugal, Irlanda, Polonia, Eslovenia o Francia (a partir de 1 de abril el ejecutivo galo rebajará 15 céntimos por litro en el combustible).

En su opinión, serían un "balón de oxígeno" para las empresas españolas, que asisten "impotentes" a una escalada de los precios de los carburantes que "mina su competitividad y provoca un estrangulamiento financiero del tejido productivo".

La crisis energética además ha propiciado que la brecha de precio entre las gasolineras automáticas y las gasolineras tradicionales aumente un 25% comparado con el mes de enero de este año, hasta situarse la media nacional en 15 céntimos por litro. A esta conclusión ha llegado la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) tras analizar los precios publicados en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica correspondiente al día 1 de marzo.

Según esto, la diferencia de precios en las distintas provincias oscila entre los 9 y los 25 céntimos, aumentando el mínimo registrado el pasado mes de enero. Barcelona es la provincia donde más se pueden ahorrar los consumidores a la hora de elegir la estación, ya que la diferencia media es de 25 céntimos en gasolina y 21,4 céntimos en gasóleo (entre las gasolineras automáticas y las tradicionales). 

Transporte público

Por otra parte, la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) ha solicitado que el sector del transporte público cuente con medidas similares a las puestas en marcha en el ámbito de las obras públicas y a las medidas de apoyo que prepara el Gobierno a la industria electrointensiva como consecuencia de la "extrema gravedad" de la situación actual, dado su alto consumo energético y porcentaje de coste que supone en su funcionamiento.

De esta forma, ATUC ha reclamado al Gobierno que se dote al sector de medidas de apoyo para intentar paliar la situación financiera por la que atraviesan, ya que, sin haber tenido tiempo para recuperarse de las consecuencias que tuvo la crisis del Covid-19 en su situación económica, ahora se suma el incremento de costes energéticos, poniendo en peligro la continuidad de gran cantidad de las concesiones y del funcionamiento del servicio.

Actualmente, las flotas de autobuses urbanos están impulsadas en un 38% con gas natural comprimido, y con la escalada de precios, un solo autobús puede llegar a suponer un sobrecoste de combustible anual de 20.000 euros, lo que representa para el conjunto del sector alrededor de 100 millones de euros, cantidad a la que indiscutiblemente hay que añadir la disminución en los ingresos por la venta de billetes como consecuencia de la pandemia.

En el caso del transporte público impulsado por energía eléctrica, como el metro o los trenes de cercanías, el impacto puede implicar un incremento del precio del 400%.

Por este motivo, el sector ha pedido una revisión excepcional de los precios de los contratos públicos con las empresas concesionarias de transporte colectivo, y que los contratos de concesión puedan indexarse al coste del precio de la energía en todas sus variantes. También ha pedido que el sector ferroviario tenga un tratamiento similar a las industrias intensivas en consumo eléctrico.