Fitch Ratings ha advertido de que el recorte de más de 1.000 millones de euros anuales en la retribución de las eléctricas que prevé aprobar el Gobierno para corregir el dividendo de carbono que reciben las centrales no emisoras (hidráulicas, nucleares y algunas eólicas) representa una "intervención política". Además, "desafía el diseño del mercado de costes marginales a escala de la UE" y que "disminuye la predictibilidad del marco regulatorio energético español para los inversores".

En un informe para analizar la medida anunciada la pasada semana por el Ejecutivo español con el fin de abaratar el recibo de la luz, la agencia de calificación considera que el anteproyecto de ley supone una "intervención política" que sería "negativa" para el sistema.

Asimismo, subraya que esta medida, de prosperar en su tramitación, podría recortar las ganancias esperadas e incluso "amenaza la viabilidad económica" de algunas plantas, especialmente dado el reciente repunte de los precios del CO2.

Fitch ve el marco regulatorio energético español "menos robusto" que el de otros países de Europa, especialmente "en relación con su independencia, transparencia y previsibilidad, con un historial de intervencionismo político", lo que ha hecho de él un factor de riesgo para las eléctricas españolas.

En este sentido, afirma que esta medida para acabar con los llamados 'beneficios caídos del cielo' (windfall profits) es otro ejemplo de política intervencionista en el sector, "con impacto en los perfiles financieros de las empresas".

Iberdrola y Endesa

Basándose en las cifras del escenario central que plantea el borrador del anteproyecto de ley, Fitch estima que Iberdrola, con un impacto de unos 500 millones de euros, y Endesa, con unos 430 millones de euros, serían las empresas que más sufrirían el 'hachazo'. Un escenario con un precio de los derechos de emisión de CO2 de 50 euros la tonelada supondría un recorte en los ingresos para el sector de más de 1.100 millones de euros en 2022.

Por su parte, el impacto en sus ingresos para Naturgy sería, en ese escenario de precios del CO2, de unos 100 millones de euros, mientras que para EDP España ascendería a unos 33 millones de euros.

Así, Iberdrola y Endesa soportarían el 44% y el 38%, respectivamente, del recorte total a los ingresos del sector, seguidas de Naturgy (9%) y EDP (3%).

Fitch cree que esta "intervención política" se produce en un momento en que la situación financiera de las empresas ya están presionada por un alto ciclo de inversión, con grandes políticas de dividendos comprometidas y altos volúmenes de producción vendidos para 2022, "dejando poco margen para reaccionar a los cambios en las condiciones operativas" el próximo año.

Calificaciones de eléctricas

No obstante, considera que las calificaciones de las energéticas "serían resistentes" a este recorte, asumiendo una compensación parcial del impacto a partir de 2023.

De todas maneras, la agencia estima que sigue "siendo incierto" si la normativa finalmente será implementada tal y como se ha planteado o si cambiará en el largo trámite que tiene por delante, ya que debe ser aprobada por el Congreso de los Diputados y recibir los informes no vinculantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado.

"Basado en declaraciones recientes de la ministra para la Transición Ecológica de España, Teresa Ribera, creemos que hay margen para la negociación y la implementación final podría ser menos severa que en nuestro escenario central", ha concluido.