Unidas Podemos recrudece su ofensiva contra los supermercados. La formación ha presentado una proposición no de ley (PNL) en el parlamento valenciano en la que solicita "limitar la expansión" de Mercadona, Carrefour y Lidl. Considera que estas firmas operan como "un oligopolio" que, al concentrar el 41,4% del mercado, tienen "la capacidad para pactar precios". El texto aboga además por "la creación de un tributo que grave los beneficios extraordinarios de las grandes cadenas".

Se trata de una PNL "de tramitación especial de urgencia" sobre "la implementación de medidas para dar respuesta al alza de los precios de los alimentos básicos". La impulsan con el objetivo de que el Gobierno de España fije un tope a los alimentos básicos, tal y como anunció este lunes el candidato morado a la presidencia de la Generalitat Valenciana y actual vicepresidente, Héctor Illueca. Pero el texto presentado va mucho más allá.

La PNL asevera que "se está produciendo una dinámica especulativa por parte del oligopolio alimentario, que es uno de los principales beneficiarios y que, conforme avanza el calendario, evidencia con menos reparos su voluntad de seguir ganando dinero a espuertas pese a la crisis actual". La misma la firman los diputados Estefanía Blanes, Ferran Martínez y Pilar Lima. Esta última es portavoz parlamentaria y candidata a la alcaldía de Valencia por Unides Podem.

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A tales acusaciones, Unidas Podemos agrega una más grave. "Como manifiesta la denuncia de Facua Consumidores en Acción, observamos un comportamiento poco ético por parte de las grandes cadenas de alimentación que operan en nuestro país y en la Comunidad Valenciana, ya que han seguido la estrategia de no repercutir la bajada del IVA en productos básicos".

A continuación, la formación morada pone nombre y apellidos a lo que denomina "oligopolio". "Durante el año 2022, según datos de la consultora Nielsen IQ, Mercadona fue la cadena de supermercados que más cuota de mercado ganó, situándose por encima del 25% en el sector, a mucha distancia del resto de sus competidoras", afirma.

"Según esta misma fuente, Mercadona, junto a Carrefour y Lidl, ya controlan el 41,4% del mercado de España, algo que las sitúa en una posición de dominación en el mercado alimentario que se traduce en la capacidad para fijar precios, fijar condiciones a los productores y expulsar a la competencia", agrega.

Con estos argumentos, el partido político insta a tomar medidas tanto al Gobierno valenciano como al central. A nivel autonómico, propone "modificar el Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunidad Valenciana (Patsecova)". En concreto, platea "dejar sin efecto la moratoria que afecta a las grandes superficies comerciales, robustecer la regulación que limita la expansión de estas y reforzar las medidas de protección del pequeño comercio".

El Patsecova es el plan de ordenación para regular la implantación del comercio minorista en la autonomía. Del mismo se encuentran suspendidos varios artículos, entre ellos el que introdujo nuevas restricciones a la apertura de tiendas de más de 1.000 metros cuadrados. El PSPV-PSOE se opuso a esta demanda de Compromís, que habría exigido una licencia autonómica para la apertura de la práctica totalidad de las tiendas de Mercadona, Consum, Lidl, Aldi y similares, al atribuir a las mismas un "impacto territorial".

Las empresas afectadas, al considerar que este escenario ralentizaría la apertura de tiendas y la supeditaría a la voluntad de los políticos autonómicos, solicitaron elevar estos requisitos a las tiendas de más de 1.750 metros. Pero Unides Podem, en su propuesta, parece solicitar que la restricción sea a partir de 1.000 metros, como se redactó inicialmente.

Regular precios

Al Gobierno valenciano también le solicita "ayudas económicas de emergencia social", fomentar "empresas agroalimentarias y de consumo bajo formas de propiedad cooperativa", una "reducción de trabas para mejorar las capacidades de la venta directa" y fomentar el conocimiento de estas últimas.

Por lo que respecta al Ejecutivo central, Unides Podem reclama "definir una cesta de la compra básica de alimentos y establecer un mecanismo de regulación de precios" y "habilitar ayudas directas y líneas de crédito" al pequeño comercio. También "desarrollar todas las acciones de inspección y control que sean necesarias" para controlar la vigente rebaja del IVA y "un sistema realmente eficaz de control de los precios de la cadena alimentaria".

La última de todas ellas es la de "estudiar la creación de un tributo que grave los beneficios extraordinarios de las grandes cadenas de distribución alimentaria y grandes supermercados que operan en el conjunto del Estado". La formación precisa además que estos fondos deberían destinarse "a frenar los impactos derivados de la inflación sobre el sector primario, el pequeño comercio", así como "a sufragar el coste de la cesta de la compra básica".