La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 21 de diciembre de 2022,.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 21 de diciembre de 2022,. Eduardo Parra Europa Press

Distribución

Planas y los 'súper' ganan a Yolanda Díaz y esquivan el tope a los precios de los alimentos y los impuestos

La vicepresidenta fracasó en la imposición de una cesta de la compra básica o la prohibición de repartir dividendos a las grandes cadenas.

28 diciembre, 2022 02:42

En pleno verano, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, inició una guerra contra las grandes cadenas de distribución que finalmente se ha traducido en una derrota. Esto ha quedado palpable en el tercer paquete de medidas anticrisis aprobado por el Gobierno con la aprobación de una medida pedida por los supermercados: la reducción del IVA a algunos alimentos. 

Pero para llegar hasta aquí se ha producido un enfrentamiento durante tres meses en un Gobierno de coalición muy dividido. Primero, Díaz propuso topar los precios de los alimentos a la vez que Podemos hablaba de subir diez puntos porcentuales el Impuesto de Sociedades. Todas estas medidas pusieron en alerta a la parte socialista del Ejecutivo, que no dudó en salir a rechazar el tope a los alimentos y en defender al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al que habían dejado al margen de toda esta historia.

A pesar de ello, Díaz siguió insistiendo en plantear medidas para hacer frente a una inflación que en septiembre era del 8,9% y en octubre se moderaba al 7,3%, pero con el precio de los alimentos disparado un 15%. En este caso abanderó la idea de que los supermercados propusieran una cesta de la compra básica y asequible.

[De la rebaja del IVA de los alimentos al cheque de 200 euros: todas las medidas del Gobierno contra la inflación]

Cabe recordar que dicha cesta de la compra debía ser asequible (con precios congelados), que se extendiera más allá de Navidades, con productos frescos y variados, que rotaran cada semana y que se realizara una cesta alternativa pensando en los celíacos. Además, tiene que respetar al pequeño comercio y a los productores. Esta debía incluir leche, huevos o frescos, por ejemplo. 

Tan solo Carrefour lanzó la suya por 30 euros, pero más por reclamo mediático que por la intermediación de la vicepresidenta. Con el resto de las cadenas y grandes superficies no tuvo nada de éxito, a pesar de que se reunió con ellas para intentar convencerles. 

La respuesta fue el rechazo absoluto. De hecho, el sector tampoco entendió las razones por las que Luis Planas era ajeno a estas reuniones. Fue aquí cuando Asedas, la patronal de Mercadona, Lidl y Dia, trasladó otras medidas que en mayo ya propuso al Gobierno, como la rebaja del IVA de los alimentos, algo que se hizo en países como Alemania.

De estos tortuosos encuentros en septiembre tanto Yolanda Díaz como el ministro de Consumo, Alberto Garzón -que ya se había sumado a la cruzada-, sacaron en claro que no podían limitar los precios ni obligar a las cadenas a crear cestas de la compra básicas.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante la reunión mantenida con los distribuidores.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante la reunión mantenida con los distribuidores.

Y así pasaron algunas semanas sin que ocurriera nada hasta que Yolanda Díaz y Podemos volvieron a la carga. En esta ocasión, la idea era centrarse en los beneficios de las cadenas de distribución ante una inflación desbocada. Y fue cuando se propuso dar un cheque de hasta 500 euros y aplicar un impuesto del 33% sobre los beneficios de las grandes distribuidoras (algo que ya se aprobó en Portugal). 

De nuevo, el sector de la distribución en bloque rechazó estas ideas. De hecho, en ese momento las grietas en el Gobierno de coalición eran cada vez más grandes. Por un lado, el PSOE apostaba por la rebaja del IVA, tal y como adelantó este medio, así como por pactar con estas empresas acuerdos para rebajar los márgenes de beneficios y evitar imponer impuestos. 

Por otro lado, en Unidas Podemos quería llegar a un entendimiento para que las compañías facilitaran una cesta de la compra asequible y con productos de calidad, aunque con matices. Aquellas cadenas que faciliten esta cesta tendrían bonificaciones. Pero las que no estén por la labor “podrían ver cómo se les prohíbe repartir dividendos, como hicimos en otros momentos de la crisis”, advirtió Yolanda Díaz hace casi dos semanas.

Y, finalmente, ayer la guerra llegó a su fin: la rebaja del IVA de algunos alimentos dio la victoria en esta partida a la parte socialista y las empresas de gran consumo frente a Yolanda Díaz y Podemos. 

[Así son las nuevas condiciones para renovar los abonos gratuitos de Renfe en 2023]

El único triunfo de Podemos -en lo que respecta al apartado de alimentación- está en el cheque de 200 euros que el Gobierno ha aprobado para familias vulnerables con rentas inferiores a 27.000 euros anuales y cuyo patrimonio descontando la vivienda habitual no supere los 75.000 euros.

Aunque no es una victoria completa, ya que en un inicio la formación morada exigía una ayuda de hasta 500 euros, que después se redujo a 300 euros para finalmente ser solo de 200.

Quejas

Sin embargo, aunque las empresas de gran distribución celebran el paquete de medidas, no están del todo contentas. Han puesto dos pegas ante este plan de medidas anticrisis.

La primera es que la rebaja del IVA no afecta a todos los productos. Recordemos que implica la reducción del gravamen del aceite y la pasta del 10% al 5% y de los productos esenciales del 4% al 0%.

Una pescadería.

Una pescadería.

Por ello, consideran “una oportunidad perdida la exclusión de artículos como el pescado, la carne o los yogures de esta rebaja del IVA”, ya que los productos frescos forman parte de la cesta básica de los consumidores y son, además, esenciales en la dieta mediterránea.

Y la segunda es que no se hayan aprobado iniciativas para evitar nuevos sobrecostes a las empresas, como la entrada en vigor del impuesto al plástico el próximo 1 de enero supone “una amenaza para miles de empresas, especialmente pymes”. El gran consumo cifra en 690 millones de euros el impacto directo que tendrá.