En el primero de los casos, se trata de una medida cuyo uso queda a disposición de las familias, aunque recalca que la finalidad es aliviar el aumento de los precios de productos de primera necesidad, especialmente sobre la alimentación. Una medida que en realidad ya existe en España de la mano de supermercados (especialmente regionales), ayuntamientos y ONG. 

Así, empresas como Alimarket en el norte, Gadisa en Galicia o Consum en Valencia -entre otras muchas- ofrecen ayudas a familias vulnerables. Lo hacen en colaboración con ayuntamientos, ONG o simplemente dentro de su propia estrategia de responsabilidad social. Y las fórmulas son variadas más allá de las colaboraciones con el banco de alimentos: vales de compras gratuitos, donación de alimentos…  

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“También se hacen acuerdos con ayuntamientos para repartir esas tarjetas y parte del dinero lo ponen las empresas”, señalan fuentes del sector, que reconocen que “el problema siempre es el mismo: identificar al destinatario”. Y lo cierto es que de llevar a cabo una propuesta como la de Podemos esta sería una de las principales trabas. 

Su propuesta implica ofrecer este cheque en función de la renta y situación social. Calcula que llegará a ocho millones de habitantes. Y como antecedente a su favor tiene el cheque de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados con rentas bajas que el Gobierno aprobó en verano para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, especialmente por el incremento de la factura de la luz. 

Por su parte, las propias ONG también cuentan con programas como la tarjeta monedero de Cruz Roja que ofrece una ayuda de entre 150 y 250 euros mensuales para comprar alimentos y productos de higiene y limpieza. Esta se puso en marcha a raíz de la pandemia.

Por último, las cadenas de supermercados también cuentan con otros mecanismos como el club de socios, que en algunos casos incluyen descuentos como la de Carrefour o la de Dia. Aunque lo cierto es que este tipo de tarjetas son más para fidelizar consumidores. 

Impuesto a distribuidoras

Además de este cheque, el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, avanzó ayer que demandará desplegar un impuesto extraordinario a los beneficios de los grandes supermercados, con un tipo del 33% sobre sus márgenes gananciales, y dirigido como efecto “disuasorio” para que estas cadenas no eleven los precios de la cesta de la compra.

Se trata de una medida que la formación morada toma copiada de nuestro país vecino. En octubre, el primer ministro portugués, el socialista António Costa, anunció que los grupos de la distribución alimentaria pagarán en Portugal una tasa temporal por los lucros extraordinarios que les está aportando la inflación. Se avanzó que sería de un 33% y que era de carácter temporal. Sin embargo, de momento aún no se ha puesto en marcha. 

Este impuesto en nuestro país se encontraría con un gran rechazo entre las grandes distribuidoras tal y como ya pasó con la cesta de la compra básica que propuso la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Solo una gran cadena (Carrefour) lanzó al mercado una cesta por valor de 30 euros. 

Además, la gran distribución se enfrenta a partir de enero a otro impuesto sobre envases de plástico no reutilizables que amenaza con incrementar los precios de los productos. El sector del gran consumo cifra en 690 millones de euros el impacto directo que tendrá el gravamen.