Finalmente, ni el sector pesquero ni el Gobierno español han podido parar el cierre inminente, el próximo 9 de octubre, de 87 zonas para la pesca de fondo de Francia, España, Portugal e Irlanda. No obstante, el sector pesquero español no se rinde. A través de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) presentará un recurso de anulación en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El sector, tras una reunión mantenida con el resto de las flotas comunitarias afectadas y como integrante de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), ya está analizando las demandas a interponer ante el órgano judicial comunitario, tras la publicación ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la Comisión. 

En esta se determinan las zonas de pesca en aguas profundas existentes y se establece una lista de zonas en las que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan.

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El sector confía en mantener el respaldo mostrado hasta ahora por los gobiernos central y autonómicos en su denuncia de la tramitación irregular de este acto de ejecución, fundamentalmente ante la brevedad de los plazos para su entrada en vigor y para la presentación del recurso, que se podrá plantear a lo largo de los próximos 60 días desde su publicación e imprescindible para solicitar una medida cautelar de suspensión.

Asimismo, el sector buscará el amparo del Parlamento y del defensor del Pueblo europeos e intensificará su labor institucional para trabajar en la otra vía existente de enmendar la decisión de la CE en la revisión anual de la medida, tras la actualización del informe científico por parte del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) en noviembre, según informa en un comunicado.

En este caso, la entrada en vigor de cualquier modificación, alerta, se demoraría a los primeros meses de 2023.

Paralelamente, la industria pesquera mantiene su opción de convocar paros y concentraciones ante organismos, tanto nacionales como europeos, en coordinación con otras organizaciones europeas, a través de la EBFA.

Gran impacto 

Cabe recordar que el reglamento de ejecución prohíbe todas las actividades pesqueras que conllevan contacto con el fondo marino (arrastre, palangre, enmalle, etc.) en las 87 zonas de pesca antes mencionadas, lo que impactaría muy negativamente en el futuro de la pesca de fondo en el Atlántico nordeste y, por tanto, en más de 10.000 pescadores. 

En concreto, la zona clausurada abarca 16.419 km2, entre los 400 y 800 metros de profundidad, en las que la CE aduce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan.

En total, 500 barcos españoles se verán afectados de forma directa por la propuesta. Y de forma indirecta las flotas del Cantábrico Noroeste, Cádiz y Gran Sol también lo notarán, ya que, si no se puede faenar en las zonas vulnerables, los buques españoles se tendrán que mover a estas zonas.

Esta medida será un desastre para el sector y en especial para algunas pesquerías, como los palangreros de fondo del Puerto de Celeiro y de la Organización de Productores Pesqueros de Burela, al capturar en estas zonas en torno al 75% de merluza.

No sería la única especie capturada por barcos españoles en peligro. Entre las especies objetivo de la pesca de arrastre, muchas de las cuales no podrían capturarse de otra manera o en un volumen importante, se incluyen pescados como el gallo, el rape, el bacalao, la bacaladilla, el lenguado, la acedía, el salmonete, el congrio, el mendo, la rosada, la raya, la solla o el fletán negro.

También se ven afectados cefalópodos como el calamar (así como el chipirón, de menor tamaño), la pota o sepia (también conocida como jibia o choco) o las puntillitas y crustáceos como la gamba blanca, el gambón, el langostino, gamba roja, la cigala, la galera o el carabinero.