La cadena de supermercados Dia prevé cerrar 219 tiendas en España ya en este mes de junio después de no haber recibido ofertas por ellas.

Así lo ha revelado el abogado de la cadena de supermercados en el transcurso del juicio que afronta la empresa por la decisión del sindicato CCOO de impugnar el expediente de regulación de empleo (ERE) aprobado a finales de marzo y que afecta hasta a 1.604 trabajadores.

Durante la vista, celebrada en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, los letrados encargados de la defensa de Dia han citado dos correos electrónicos enviados por la dirección de Relaciones Laborales de la firma durante la última semana de mayo en los que informa de la omisión de seguimiento del ERE de estos cierres.

Han apuntado que el grupo "no tiene ofertas de compra" por ninguno de estos establecimientos.

A mediados de marzo se conoció que una treintena de empresas, entre las que inicialmente no figuraba Mercadona, había manifestado su interés en cerca de las 260 tiendas que la cadena de supermercados Dia había puesto a la venta. En concreto, empresas del sector 'retail' de la distribución, españolas y extranjeras, se habían interesado en la posible adquisición de los establecimientos de Dia.

No obstante, según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras del proceso, sigue existiendo interés por parte de distintos operadores en la treintena de tiendas restantes, tras el cierre de las 219 en junio.

CCOO CREE QUE NO HUBO NEGOCIACIÓN "DE BUENA FE"

Durante el juicio, que ha quedado este martes visto para sentencia, CCOO ha solicitado junto con la Confederación Intersindical Galega (CIGA) la nulidad del ERE al entender que existe fraude de ley y abuso de derecho. Para ello, ha esgrimido que las circunstancias bajo las que se negoció el ERE no son las mismas que las actuales, tras concluir la opa de Letterone, dueña de casi el 70% de la compañía, y el acuerdo con la banca acreedora.

El letrado del sindicato ha reconocido que las causas que motivan el expediente se mantienen, pero no las circunstancias ni la información para poder desarrollar "una negociación de buena fe". "No es lo mismo que los bancos acreedores te dejen pagar la deuda hasta 2023 que te exijan su vencimiento en junio", ha esgrimido.

Por ello, ha señalado que, sin saber si este vencimiento de deuda iba a tener que aplazarse o condonarse parte de ella, "era muy difícil poder negociar" y, además, la sociedad controlada por el inversor ruso Mijail Fridman cuenta con un plan de viabilidad distinto al que se presentó durante la negociación del ERE con la empresa que rechazaron firmar.

LA EMPRESA, UGT Y FETICO RECUERDAN QUE CCOO NEGOCIÓ

Frente a ello, la empresa ha criticado que CCOO no aclara qué supuesto fraude se ha producido, y que para producirse tendría que haber habido ánimo o interés malicioso. Además, ha recordado que inicialmente se planteó un ERE para 2.064 personas, reducido finalmente a 1.604 tras las negociaciones, lo que a su juicio demuestra que hubo un proceso de consulta, una negociación de buena fe y que las medidas son "razonables y proporcionales".

En este sentido, ha asegurado que el sindicato reconocía la existencia de causas para adoptar una medida así, que negoció con la empresa y que estuvo dispuesta a firmar al realizar propuestas y ofertas concretas, y que no denunció esta situación ante las visitas de la Inspección de Trabajo durante las negociaciones. Así, ha reducido las demandas de CCOO a un criterio de oportunidad sobre el que, ha dicho, un juicio de lo social no puede pronunciarse.

Asimismo, el letrado de la empresa ha defendido que el ERE "era absolutamente necesario" y un "ejercicio de responsabilidad" ante la situación en la que se encontraba, que de no llevarlo a cabo la empresa incurría en una "auténtica imprudencia", y que el nuevo plan de recapitalización no afecta al proceso de despido colectivo, que avala el folleto explicativo a su juicio, extremos rechazados por el sindicato demandante.

Por su parte, Fetico ha lamentado la "postura incongruente" de CCOO, al asegurar que habría estado dispuesta a firmar el ERE denunciado de haberse aceptado sus condiciones, mientras que UGT ha defendido "asegurar las condiciones pactadas", argumentando que, pese a los cambios en la empresa, la situación que se plantearía de anularse el ERE "no va a ser mejor".