Un bloque de viviendas en construcción en Madrid.
Constructores y promotores exigen a PSOE y Sumar que desbloqueen la reforma de la ley del suelo del PP
El sector privado concentra hasta el 80% de la vivienda protegida en España.
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La Asociación Nacional de Constructores Independientes y la Asociación de Promotores Constructores de España han pedido este martes en el Congreso que se reactive la reforma de la Ley del Suelo impulsada por el PP.
La iniciativa fue admitida a trámite el pasado abril, pero todavía está pendiente de aprobación.
La presidenta de la asociación de constructoras, Concha Santos Pedraz, y el director gerente de la asociación de promotores, Alfredo Díaz-Araque, han comparecido ante la Comisión de Vivienda del Congreso para exponer su posición sobre la reforma y analizar la situación actual del mercado inmobiliario y urbanístico.
La propuesta del PP pretende evitar que errores que pueden corregirse provoquen la anulación completa de un proyecto urbanístico.
Esta modificación ya figuraba en una iniciativa presentada por PSOE y PNV que finalmente fue rechazada en el Parlamento. El texto también plantea derogar algunos aspectos de la Ley de Vivienda aprobada en 2023.
Ambas patronales han coincidido en la necesidad de desbloquear la reforma para dar más seguridad jurídica y agilizar unos procesos urbanísticos que, según denuncian, pueden quedar anulados por errores subsanables.
Santos Pedraz ha situado la falta de suelo urbanizable entre los principales cuellos de botella para construir vivienda. También ha advertido de la saturación de la red eléctrica para abastecer los nuevos desarrollos.
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"El sector es perfectamente capaz de adaptarse a diversas circunstancias de demanda, pero en este momento el cuello de botella está en el suelo", ha señalado. Además, ha criticado que el planeamiento urbanístico pueda tardar diez años en desarrollar suelo.
La presidenta de la asociación de constructoras también ha indicado que los tributos y tasas sobre el suelo, junto con los impuestos que paga el comprador, representan entre el 25% y el 30% del precio final de una vivienda.
Asimismo, ha cuestionado que los presupuestos públicos sean suficientes para cubrir las necesidades de construcción y ha defendido la colaboración público-privada y la industrialización.
Por su parte, Alfredo Díaz-Araque ha alertado de las consecuencias "gravísimas" de la nulidad en cascada, que puede provocar que errores subsanables tumben proyectos completos incluso cuando ya cuentan con licencia.
El representante de APCE ha defendido que "sin oferta suficiente, no existe política de vivienda que pueda tener éxito" y ha reclamado aumentar la producción residencial.
A su juicio, construir vivienda en España se ha convertido en una "carrera de obstáculos", con la inseguridad jurídica urbanística como uno de los principales problemas.
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Díaz-Araque ha asegurado que la reforma también daría más certezas a los 8.500 municipios españoles y ha recalcado que no pretende "eliminar controles ni reducir garantías", sino permitir que determinados errores puedan corregirse sin reiniciar procedimientos que llevan años de tramitación.
También ha aclarado que la propuesta no supone "liberalizar suelo", una competencia que seguirá en manos de las comunidades autónomas.
Por último, ha señalado que el sector privado concentra entre el 75% y el 80% de la vivienda protegida en España, con 43.300 viviendas frente a las 16.400 del sector público. Por ello, ha reclamado reglas claras y estabilidad para el capital privado y ha defendido un "gran acuerdo sobre vivienda".
