Vista de la autopista AP-7 de la Costa del Sol.

Vista de la autopista AP-7 de la Costa del Sol. Europa Press

Construcción e Infraestructuras

El IEE advierte sobre la falta de inversión en infraestructuras: la mitad será obsoleta en 2030

España necesita una inversión adicional de 55.000 millones de euros al año para acercarse a los niveles de renta per cápita de la UE.

Más información: España necesita inversiones de 104.000 M para hacer frente a las sequías e inundaciones en los próximos 10 años.

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Las claves

El IEE alerta de que, si no aumenta la inversión, cerca del 50% de las infraestructuras españolas tendrá más de 20 años en 2030, comprometiendo su eficiencia y aumentando los costes de mantenimiento.

España presenta un déficit de inversión en infraestructuras de unos 17.000 millones de euros entre 2013 y 2024, siendo especialmente preocupante en redes hidráulicas, ferroviarias y viarias.

El informe destaca desequilibrios en la inversión, como la prioridad histórica del AVE sobre las Cercanías, y el escaso mantenimiento, con inversiones muy por debajo de la media europea.

El IEE propone impulsar la colaboración público-privada, reorientar el gasto hacia el mantenimiento y mejorar la planificación y seguridad jurídica para evitar el deterioro de las infraestructuras públicas.

La economía española se descapitaliza por la falta de inversión en infraestructuras. Si se mantiene la tendencia actual, en 2030 cerca del 50% tendrá más de 20 años de antigüedad, lo que compromete su eficiencia y eleva los costes de mantenimiento, según el último informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE).

El organismo advierte de que el esfuerzo inversor actual no solo es insuficiente para ampliar la red, sino que ni siquiera cubre el desgaste natural del capital existente.

Durante 2019-2024, la formación bruta de capital fijo en España se situó en el 20,4% del PIB, por debajo del 21,8% de la media de la UE, lo que refleja un menor esfuerzo inversor y un déficit medio de unos 19.000 millones anuales.

La brecha es mayor en la inversión pública: representa el 2,7% del PIB frente al 3,4% europeo, evidenciando el menor impulso inversor de las administraciones.

Este desajuste no es algo puntual. Entre 2013 y 2024, la economía española ha acumulado un déficit de inversión de unos 17.000 millones de euros, necesarios únicamente para compensar el desgaste del capital y evitar el deterioro de las infraestructuras.

Del total, el informe desglosa las principales necesidades por tipo de infraestructura: 5.500 millones de euros corresponden a redes hidráulicas, 3.600 millones a ferroviarias y 1.300 millones a viarias.

Inversión de 55.0000 millones

El reto es aún mayor si se tiene en cuenta la convergencia con Europa: el IEE calcula que España necesitaría una inversión adicional de 55.000 millones de euros al año para acercarse a los niveles de renta per cápita de la UE.

Por sectores, el informe dibuja un mapa de desequilibrios y carencias. En el ámbito ferroviario, destaca la fuerte apuesta histórica por la Alta Velocidad frente a las redes de Cercanías.

Entre 1990 y 2018 se destinaron 55.888 millones de euros al AVE, frente a apenas 3.650 millones a Cercanías, pese a que este último concentra el 90% de los pasajeros.

A ello se suma un bajo esfuerzo en mantenimiento: España invierte 45,5 millones de euros por cada 1.000 kilómetros de red, un 77% menos que la media europea.

La red viaria tampoco escapa al deterioro. A pesar de su extensión, el stock de capital en carreteras se ha reducido en unos 1.340 millones de euros entre 2016 y 2022, como consecuencia de una inversión insuficiente para compensar la depreciación.

En materia hídrica, el diagnóstico es especialmente preocupante. España presenta un índice de estrés hídrico del 43,3%, más del doble que la media europea (19,5%), lo que convierte en urgentes las inversiones en almacenamiento, distribución y depuración.

Las deficiencias en este ámbito han tenido además un coste directo: el país acumula 87 millones de euros en sanciones de la UE hasta 2024 por incumplimientos en el tratamiento de aguas residuales.

En el ámbito aeroportuario, el problema no es tanto la falta de inversión como la planificación. Los planes DORA se han basado en previsiones de tráfico demasiado conservadoras.

En 2023, los aeropuertos españoles registraron 283,2 millones de pasajeros, un 21,8% más de lo estimado, lo que ha generado tensiones de capacidad en varias infraestructuras.

Ante este escenario, el IEE plantea un cambio de enfoque en la política de inversión. Entre sus propuestas destaca el impulso de la colaboración público-privada para movilizar recursos adicionales y acelerar proyectos estratégicos.

También aboga por reorientar el gasto hacia la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras existentes, frente a la construcción de nuevas redes.

El informe insiste además en la necesidad de reforzar la seguridad jurídica, revisando marcos como la Ley de Desindexación y simplificando los procesos administrativos que ralentizan las licitaciones.

Por último, subraya la importancia de establecer mecanismos de evaluación independiente que permitan priorizar los proyectos con mayor impacto económico y social.

En conjunto, el diagnóstico del IEE apunta a un problema estructural: sin un aumento sostenido de la inversión y una mejor asignación de los recursos, España corre el riesgo de ver cómo su capital público pierde capacidad para sostener el crecimiento económico en los próximos años.

Presupuestos Generales del Estado

El IEE advertía el año pasado que la prórroga "extraordinaria y disfuncional" de los Presupuestos del Estado implica costes adicionales, retrasos en la ejecución de nuevas políticas públicas y una menor eficiencia en la asignación de recursos públicos.

Aún no hay presupuestos y el efecto sigue siendo el mismo que señalaban: tiene consecuencias importantes, en particular, en el ámbito de la inversión pública, afectando directamente a la planificación y ejecución de proyectos de inversión, en particular, en infraestructura.