Peajes en la autopista AP-9.

Peajes en la autopista AP-9. Cedida

Construcción e Infraestructuras

Las concesionarias recuperan los ‘peajes blandos’ para financiar carreteras: 3 euros por recorrer 100 km

La propuesta de la patronal Seopan permitiría cubrir un déficit de inversiones urgentes de 11.494 millones y generar un superávit fiscal de 3.054 millones.

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Las grandes constructoras vuelven a poner sobre la mesa los peajes blandos: un pago ligero que no duele en el bolsillo pero que podría ser la salvación de las carreteras españolas.

La propuesta presentada este miércoles por Seopan -la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras- es que los vehículos ligeros paguen 3 euros por cada 100 km recorridos, y los pesados 14 euros, en los 13.674 km de autovías interurbanas que hoy son gratis para todos (10.066 km titularidad del Estado y 3.608 km de las comunidades autónomas).

Este "peaje blando" busca reducir el impacto en el conductor, situando las tarifas por debajo de la media de la Unión Europea, que es considerablemente más alta: 9 euros por cada 100 km para vehículos ligeros y 18 euros por cada 100 km para vehículos pesados.

Las políticas tarifarias y descuentos expuestos por Seopan, eso sí, ponen atención en la necesidad de minimizar el impacto para los usuarios frecuentes y los colectivos más vulnerables o afectados por la medida, estableciéndose descuentos en función del tránsito, del vehículo o de la persona propietaria.

La inversión media en atender cada kilómetro de carretera en España ronda actualmente los 22.489 euros, muy por debajo de lo que destinan otros países europeos como Reino Unido (108.141 €/km), Alemania (49.229 €/km), Francia (47.553 €/km) o Italia (41.537 €/km). Esto ayuda a entender por qué nuestras infraestructuras están tan retrasadas y deterioradas.

Las compañías concesionarias pretenden cubrir el agujero de inversión urgente en la red viaria, que ya supera los 11.494 millones de euros.

Estas inversiones se dividen en varias áreas clave. En primer lugar, 874 millones para adaptar la red viaria a los requisitos de la movilidad conectada y autónoma, además de cubrir el déficit acumulado en conservación y mantenimiento, que supera los 10.000 millones, según la Asociación Española de la Carretera.

La transición hacia una movilidad más sostenible también recibiría un impulso importante, con 3.769 millones destinados a instalar infraestructura de recarga pública para vehículos eléctricos, incluyendo 1.585 electrolineras y 10.710 puntos de recarga ultrarrápida.

Otros 2.084 millones se invertirían en proyectos ecológicos, como la plantación de pino piñonero para absorber CO2, la protección acústica en tramos cercanos a poblaciones con altos niveles de tráfico y la optimización de la iluminación para reducir el consumo energético.

Finalmente, 1.540 millones financiarían la digitalización y conectividad de sistemas para la comunicación entre vehículos y la gestión de datos, mientras que 833 millones irían a la implantación de la infraestructura necesaria para el cobro de peajes.

Para mejorar la seguridad vial, se invertirían 1.847 millones en la construcción de carreteras 2+1, un diseño que facilita adelantamientos seguros y reduce accidentes. Además, se reservarían 547 millones para la creación de aparcamientos seguros.

Superávit fiscal

Según Seopan, el modelo propuesto generaría ingresos por peajes de 143.024 millones de euros en 25 años, acompañados de un ahorro en gasto público de 41.038 millones y un retorno fiscal de 35.314 millones gracias a la recaudación del IVA y el BICES, así como por los impuestos de Sociedades y Transmisiones Patrimoniales.

Esto supondría ingresos y ahorros anuales promedio de 1.642 y 1.413 millones de euros, respectivamente.

En conjunto, la recaudación adicional y el ahorro generado podrían crear un superávit fiscal de 76.352 millones en 25 años, equivalente a 3.054 millones anuales.

Esta cifra supone cerca del 20% del presupuesto anual para gastos del Ministerio de Transportes a día de hoy.

En línea con la normativa

El Gobierno central mantiene actualmente una política de no establecer nuevos peajes en la red estatal de autovías y, de hecho, ha continuado liberando algunos tramos de autopistas en los últimos años.

Pero el modelo de "quien usa paga" es el que respalda la Unión Europea. En concreto, lo impulsa a través del Reglamento (UE) 2021/241.

En España, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de 2021 también comprometía la implantación de un sistema de pago por uso en las vías de alta capacidad para asegurar su mantenimiento y cubrir costes ambientales y sociales.

Sin embargo, en 2023, una adenda eliminó la obligación de poner peajes, sustituyéndola por medidas para fomentar el transporte ferroviario, debido al alza de carburantes y la futura inclusión del transporte por carretera en el mercado europeo de derechos de emisión de CO2.

Cabe recordar que también el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible (LMS) de 2022 contemplaba inicialmente la opción de un sistema de pago por uso, pero la referencia fue eliminada en la versión final presentada a las Cortes (por razones socioeconómicas).

También la Estrategia de Movilidad 2030 y las directrices europeas insisten en que el usuario debe asumir el coste del mantenimiento y parte de los costes sociales y ambientales, mediante sistemas de tarificación según distancia y tipo de vehículo.