Acciona activa una auditoría de sus controles internos entre 2015 y 2021 tras los informes del ‘caso Koldo’

La investigación busca determinar “hasta qué punto los controles de la compañía han funcionado y en qué medida podrían haberse eludido”, según explicó José Julio Figueroa, director de Asesoría Jurídica, en una rueda de prensa posterior a la junta general de accionistas de Acciona.

Se trata de un análisis "de muchos documentos" y "dinámico" que abarca, como mínimo, el periodo comprendido entre 2015 y 2021, y cuyo alcance "podrá ampliarse o reducirse según los resultados preliminares que se vayan obteniendo", apuntó.

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Figueroa reconoció que, dada la magnitud y dispersión internacional de Acciona -con más de 60.000 empleados en más de 40 países- “podría haber fallado o eludido algún control”, incluso de forma deliberada.

Sin embargo, defendió que la compañía mantiene “políticas y procedimientos de cumplimiento muy estrictos” que prohíben cualquier tipo de pago indebido. “No tenemos ningún indicio de que se haya producido ni consideramos adecuado que se nos atribuya esa conducta”, añadió, apelando a la cautela y respeto por la investigación en curso.

Los cinco proyectos que han estado bajo la investigación de la UCO fueron otorgados entre 2018 y 2021, con José Luis Ábalos al frente del departamento de la obra pública.

"Hemos revisado cuidadosamente el informe de la UCO y no encontramos ninguna imputación directa de irregularidad en el proceso de contratación pública. Acciona obtuvo las mejores puntuaciones, tanto técnicas como económicas. Además, ninguno de los competidores impugnó las adjudicaciones", defendió Entrecanales.

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Asimismo, recordó que las mesas de contratación están integradas por funcionarios públicos, incluyendo representantes jurídicos y de la Intervención General del Estado, lo que refuerza la idea de que "cualquier irregularidad sería altamente improbable", insistió.

La Guardia Civil también recogió en su informe indicios sobre el reparto de 620.000 euros por parte de Acciona y abonos sin efectuar por otros 450.000 euros. Además, vinculó directamente al exempleado de Acciona, Fernando Agustín Merino Vera, con el presunto pago de comisiones.

Entrecanales se desvinculó del que fuera delegado de Operaciones de Acciona en Navarra y La Rioja hasta 2021, cuando fue despedido. "No conocía al señor Merino. Su actividad estaba circunscrita a niveles muy operativos, sin contacto directo conmigo", dejó claro.

Añadió que "actuaba con autonomía en una organización descentralizada" y que los contratos bajo su responsabilidad "representan un importe muy pequeño en comparación con el volumen total de actividad".

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¿Por qué fue despedido en 2021? El presidente de Acciona reveló que la decisión se debió a la "pérdida de confianza por parte de sus superiores".

"Según hemos podido reconstruir, se trató de una reestructuración interna en una zona donde Merino ya no contaba con la confianza necesaria", explicó ante la prensa.

En palabras de Entrecanales, fue un "despido objetivo dentro de un proceso de reorganización, sin que existiera en ese momento ningún indicio relacionado con las cuestiones que hoy se investigan".

El presidente de Acciona también se pronunció sobre Justo Vicente, exresponsable de construcción en España y cesado tras conocerse el informe de la UCO: "No prejuzgo ninguna conducta irregular, pero las organizaciones funcionan por niveles de confianza. Y si algo así ocurre bajo tu responsabilidad, aunque sea involuntario, hay que tomar decisiones".

Requerimiento de la UCO

Acciona confirmó que ha recibido un requerimiento de información por parte de la Guardia Civil, tramitado a través del Tribunal Supremo, en el marco de la investigación del 'caso Koldo'.

Según explicó la compañía, la solicitud incluía el acceso a la cuenta de correo electrónico del exempleado Fernando Agustín Merino y documentación sobre los procesos de licitación de los cinco contratos públicos adjudicados entre 2018 y 2021.

José Manuel Entrecanales aseguró que la empresa respondió a los requerimientos de la UCO "de forma inmediata" y defendió que Acciona ha colaborado "de manera proactiva" con las autoridades judiciales.

Pese a la polémica generada por los informes policiales y al impacto reputacional reconocido por la dirección, el presidente de Acciona afirmó que no consta que el caso haya tenido repercusiones en el negocio ni que ninguna administración haya planteado objeciones para seguir contratando con la compañía.