Obras de mejora en la depuradora de A Moscadeira, en el municipio pontevedrés de Ponteareas. Contrato de licitación: 5,8 millones de euros. Plazo de ejecución: 30 meses. Finalmente, Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) ha declarado desierta dicha licitación. Ninguna empresa ha considerado rentable llevarla a cabo.

No es un caso aislado. A principios de año, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) presentó un estudio en el que alertaba de un hecho: 500 licitaciones públicas habían quedado desiertas en los últimos meses de 2021, representando un montante superior a los 230 millones de euros.

Desde entonces, el Gobierno aprobó dos reales decretos de revisión de precios de obra pública. “No han funcionado”, afirma Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC. Y eso se ha traducido en que esas 500 licitaciones públicas declaradas desiertas se hayan multiplicado por dos, alcanzado el millar durante los seis primeros meses de 2022, según la patronal.

[El Banco de España aconseja alargar los fondos europeos en construcción para que no suban los precios]

“Los dos reales decreto-ley aprobados no han ayudado a las empresas a mitigar el tremendo impacto que está teniendo la subida superior al 30% del coste de las obras”, señala Fernández Alén. Y añade: “O se aprueba un tercer real decreto-ley de revisión excepcional de precios, o seguirán muriendo empresas y destruyéndose empleo”.

Según datos de Iberinform, elaborados con información aparecida en BOE, 821 procesos concursales se llevaron a cabo en el sector de la construcción de enero a junio de 2022. Por lo que respecta al número de disoluciones, estas fueron 2.622.

Ámbito reducido

El agujero de 230 millones de euros antes reseñados (y que hacía mención a 500 licitaciones públicas desiertas) no ha parado de ensancharse. Y ahí la guerra en Ucrania ha sido un jugador determinante. “El sobrecoste de las obras para las empresas constructoras era del 22,2%. La guerra lo ha disparado al 33,3%” apunta Fernández Alén.

Según el INE, la subida del precio de la energía ha sido del 84% en marzo de 2022 respecto al mismo mes de 2021. Una subida interanual que en el caso de la energía eléctrica ha sido del 178,3%; 50% en materiales siderúrgicos; 44,3% en materiales bituminosos; 39,6% en cerámica; o 20% en el cobre, por ejemplo. De media, el coste de las obras se ha incrementado por encima del 30%.

“La revisión de precios de los contratos públicos no ha funcionado. Los dos reales-decretos son para un determinado tipo de obra, cuyo número es muy reducido. Más del 90% de las empresas no se someten a estos reales-decretos, y no se aplica al 80% de las obras”, se lamenta el presidente de la CNC.

No han funcionado porque, si bien es cierto que la mayoría de las CCAA se han adherido, una parte significativa de las entidades locales todavía no lo han hecho. Al ser estas las que licitan el mayor número de obras de menor importe, de no adherirse, perjudicarán a muchas pequeñas empresas constructoras locales.

[La CNC denuncia que más del 90% de las empresas no pueden acceder a la revisión de precios de obra pública]

Otra ‘piedra en el camino’ es que no pueden acogerse a la revisión excepcional de precios ninguna de las obras que, “aun habiendo estado igualmente castigadas durante 2021 y los primeros meses de 2022 por la citada sensible subida de los costes de ejecución, hayan finalizado antes de la publicación de la norma”, indican desde la CNC.

Fruto de esta situación, hay empresas que no han recibido respuesta por parte de la administración autonómica o local correspondiente. O bien han preferido esperar hasta aplicar el silencio negativo.

“En ese caso, esas empresas se van a ver obligadas a reclamar el reequilibrio económico del contrato a través de un procedimiento contencioso-administrativo apoyado en la exposición de motivos incluida en ambos reales decretos-ley”, se lamentan en la patronal de la construcción de las firmas no cotizadas.

De continuar en esta actitud dichas administraciones, se podría llegar a generar una avalancha de procesos contencioso-administrativos. De momento, son más de 5.000 las obras que están en ese proceso.

Tercer real decreto ley

Las consecuencias de esta situación son: retrasos en las obras, abandono de proyectos, parálisis del sector y cierre de empresas. Para revertir la situación, la CNC propone un decálogo para introducir en un tercer real decreto-ley.

El primero de los puntos hace referencia a que las corporaciones locales queden vinculadas por la decisión que tomen las comunidades autónomas en su ámbito de competencia. El segundo, que incluya en su aplicación a las obras comenzadas con posterioridad al día 1 de enero de 2021.

Vista aérea de una depuradora.

Una tercera opción sería que incluya aquellas obras que hayan estado en ejecución durante 2021 y cuya aprobación de la certificación final de las obras por parte del órgano de contratación haya sido anterior a la entrada en vigor del RD-ley 3/2022.

Otro punto haría mención a que se aplique el silencio administrativo positivo ante la ausencia de un plazo de respuesta por el órgano de contratación. ¿Cómo? Con una propuesta provisional de reconocimiento de la revisión excepcional de precios. También que modifique la definición del umbral del 5%, rebajándolo a un 2% como máximo. De esta manera, se permitiría que un mayor número de obras de diferentes tipologías puedan acogerse.

A estos cinco pilares habría que añadir otros como incluir más materiales; que autorice el planteamiento de modificados técnicos por sustitución de los materiales; que compense el desorbitado incremento del precio de la energía, que puede representar el 30% del coste total; que elimine el valor máximo de compensación del 20% sobre el precio de adjudicación del contrato; y, por último, que incluya los contratos de servicios, conservación y mantenimiento de infraestructuras, así como los de suministros.