El fin no era otro que revisar los precios de los contratos de obras afectadas por la subida de los precios de los materiales. “La revisión no ha resultado todo lo efectiva que esperábamos”, apuntan desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

Según la patronal, la guerra en Ucrania ha disparado los sobrecostes energéticos, que pueden suponer hasta el 30% de los totales de una obra. Asimismo, son clave para la fabricación de materiales o para el uso de maquinaria electrointensiva. “Por tanto, necesitamos incorporar los sobrecostes de la energía en el cómputo de la revisión de precios”, demandan en la CNC.

De no hacerlo, la patronal tiene claro que “puede terminar en una cascada de cierres”. Los datos que maneja hablan de constructoras que no pueden ejecutar sus trabajos. Además, “numerosas promotoras están suspendiendo el inicio de inversiones y promociones por la incertidumbre que se ciñe sobre los costes de construcción”.

El resultado es que, en obra pública, cada vez se ralentizan, paralizan o abandonan más obras, “especialmente difíciles de defender sobre todo para las pymes”. De ahí que califique la situación como “urgencia prioritaria que las Administraciones públicas deben encarar cuanto antes”.

Más urgencias

Esa revisión de precios no es la única urgencia. Hay otra que tiene nombre propio y que, juntas, son esenciales para la supervivencia de las constructoras: los fondos Next Generation. Conviene recordar que siete de cada diez euros de los fondos europeos van a estar relacionados con la actividad constructora.

“Esos fondos no están llegando a las empresas como deberían desde las Administraciones públicas. Necesitamos agilizar la burocracia para que los fondos comunitarios puedan canalizar la transformación económica que necesita España hasta 2026. Si hasta ese momento no se ejecutan eficazmente, estará en riesgo la viabilidad de miles de millones de euros”, advierten desde la CNC.

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Por ejemplo, de la dotación publicada en el BOE para mejorar la eficiencia energética en edificios y viviendas (1.151 millones de euros), de momento solo están disponibles 330 millones de euros por parte de las comunidades autónomas. Es decir, que solo se han convocado el 28,6%.

Y el tiempo se agota. Si no se tramitan antes del 30 de noviembre de 2023, deberán ser devueltos a la Unión Europea (UE).

“En la práctica, hasta después del verano las comunidades no van a estar preparadas para aprobarlas, salvo que estén muy maduras. Hablamos de 15 o 16 meses para tratar de poner en el mercado todos los fondos europeos de rehabilitación, aunque luego se puedan ejecutar hasta 2026”, indican desde Andimac. 

Según la patronal de la reforma y la rehabilitación, lo que habría que hacer es lo siguiente: ampliar los plazos de deducción fiscal por obras de reforma y también los plazos de la fase de cierre de operaciones de rehabilitación al menos hasta diciembre de 2024. Asimismo, apoyar a los sectores para crear sistemas de certificación de buenas prácticas que generen mayor competencia en calidad y mejoren el valor percibido por parte de la sociedad. A la par, simplificar las crecientes cargas administrativas.

“La deducción fiscal por reforma, por rehabilitación en este caso, finaliza este año. Sin embargo, no se han puesto en práctica los fondos. Por lo tanto, no será efectiva. Como mínimo, los plazos de validez para la deducción fiscal tendrían que correr en paralelo a los plazos para el cierre de operaciones de rehabilitaciones energéticas”, remarcan desde Andimac.

De ahí que desde la patronal de la reforma y la rehabilitación consideren como “muy importante” dar tiempo tanto a la fase de comercialización de los proyectos como a la deducción fiscal asociada. “Además, esta deducción fiscal debe mantenerse en el tiempo, sin que se agote con los fondos”. De no hacerse, “no lograremos cambiar el modelo”.