Amey, la proveedora de soporte de infraestructuras y filial del grupo Ferrovial, pagará 215 millones de libras (unos 239,7 millones de euros) al Ayuntamiento de Birminghan para rescindir el contrato que mantenían relativo a la rehabilitación, mantenimiento y reposición de determinadas infraestructuras de la ciudad.

En un hecho relevante remitido este sábado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ferrovial ha explicado que el acuerdo alcanzado con el consistorio de Birminghan implica el pago por parte de Amey de esos 215 millones de libras (239,7 millones de euros), de los que 160 millones de libras (178,5 millones de euros) se abonarán este año, y los 55 millones de libras restantes (61,3 millones de euros) a lo largo de los próximos seis años.

El acuerdo entre ambas partes pone fin al contrato que Amey firmó en 2010 con el Ayuntamiento de Birmingham para la mejora de las carreteras de la ciudad inglesa hasta 2035, y que ha sido fuente de disputas entre ambas partes y pérdidas para la empresa.

"Amey continuará prestando servicios de forma provisional hasta el 30 de septiembre de 2019, pudiendo extenderse dicho plazo hasta el 31 de marzo de 2020", ha añadido la compañía, que ha asegurado que el citado acuerdo no tiene impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias de Ferrovial.

La consecución de este acuerdo facilita al grupo que preside Rafael del Pino la venta de su división de Servicios, que tiene el grueso de su actividad en Reino Unido. De hecho, el contencioso con Birmingham había llevado a la compañía a plantear la posibilidad de negociar la venta de Amey de forma separada al resto del negocio, tal como el director económico-financiero del grupo, Ernesto López-Mozo, indicó con ocasión de la reciente presentación de los resultados trimestrales.

Ferrovial realizó una provisión de 236 millones de euros hace ahora un año para cubrir los posibles fallos judiciales contrarios que derivaran del proceso judicial hacia el que se dirimían sus discrepancias con el Ayuntamiento de Birmingham. Ferrovial resolvió entonces elevar el contencioso al Tribunal Supremo (Supreme Court) tras perder el último juicio ante el Appeal Court, si bien el recurso se rechazó en julio de 2018.