El expresidente del BBVA, Francisco González.

El expresidente del BBVA, Francisco González. Efe

Banca CASO VILLAREJO

El juez abre juicio oral al BBVA y a su expresidente Francisco González por los encargos al comisario Villarejo

La Audiencia Nacional fija una cantidad de 1.173.333 euros para asegurar las posibles responsabilidades civiles.

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Las claves

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La Audiencia Nacional abre juicio oral al BBVA, su expresidente Francisco González y otras 14 personas por los encargos al comisario Villarejo entre 2004 y 2016.

El banco y sus exdirectivos serán juzgados por cohecho, 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal y otros cargos.

La Fiscalía Anticorrupción pide 173 años de cárcel para González y una multa de 181 millones de euros para el BBVA.

El BBVA habría encargado a Villarejo espiar a competidores, organizaciones y periodistas, así como obtener información sobre deudores de la entidad.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González y otras 14 personas, entre exdirectivos de la entidad financiera y mandos policiales, por los encargos, presuntamente ilegales, que el banco le realizó al comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016.

En un auto fechado este jueves, el magistrado envía a juicio a la entidad bancaria por cohecho y otros 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

En el caso del expresidente Francisco González, apodado FG, el instructor le manda al banquillo por delitos de cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental.

Por estos mismos delitos también serán juzgados varios exdirectivos del banco.

En su resolución, el magistrado fija una cantidad de 1.173.333 euros para asegurar las posibles responsabilidades civiles y ya anuncia que ordenará el embargo de bienes si no se deposita dicha cantidad en el plazo de tres días.

A partir de ahora, los abogados de los investigados disponen de un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa y proponer las pruebas que consideren oportunas de cara a la vista oral.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 173 años de cárcel para Francisco Gonzalez y otros 174 años para Villarejo.

También reclama una multa de 181 millones de euros para el BBVA.

La Audiencia Nacional confirmó el pasado 20 de febrero el procesamiento del banco, así como de FG y de una serie de sus exdirectivos por la contratación, supuestamente ilegal, de Villarejo.

Entre otros encargos, el BBVA habría encomendado al entonces comisario de Policía espiar a competidores y organizaciones a los que consideraba hostiles, así como obtener información sobre periodistas o averiguar el patrimonio de deudores de la entidad.

Anticorrupción considera a González responsable de un delito continuado de cohecho y de 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Por cada una de estas últimas infracciones, que no admiten una calificación de delito continuado, solicita cuatro años de cárcel, lo que explica la elevada petición de pena de prisión para el exbanquero.

De acuerdo el escrito de acusación de la Fiscalía, González dio su "expresa aquiescencia" a la propuesta de su director de seguridad, Julio Corrochano, excomisario de Policía, para contratar a los entonces comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, apodado El Gordo.

Este último no se sentará en el banquillo por cuestiones de salud.

Según Anticorrupción, Villarejo, "haciendo un uso fraudulento" de sus facultades como policía, había creado el Grupo Cenyt, una "estructura empresarial opaca" destinada a generar beneficios personales sin el conocimiento de sus superiores.

Durante los años 2004 y 2005, el BBVA fue el principal cliente de Cenyt, al que pagó sólo en 2005 un total de 974.987 euros.

El excomisario, de acuerdo con Anticorrupción, ofreció a la entidad bancaria la utilización de aparatos de interceptación de comunicaciones, acceso a empresas telefónicas, seguimientos personales y acceso a bases de datos policiales para realizar las operaciones para las que fue contratado.

Fuentes del BBVA contactadas por EL ESPAÑOL señalan que la postura del banco es la de que "de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la entidad".