La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz (c), acompañada por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (d) y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (i), ofrece una rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros del año.

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz (c), acompañada por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (d) y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (i), ofrece una rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros del año. Europa Press

Banca

El Gobierno limita al 22% el coste de los créditos rápidos al consumo y vigilará la publicidad del dinero fácil

El Ejecutivo establece ese techo para todas las nuevas operaciones hasta que entren en vigor los límites definitivos por tramos.

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Las claves

El Gobierno limita al 22% la Tasa Anual Equivalente (TAE) de todos los créditos rápidos, microcréditos y tarjetas revolving para proteger a los consumidores.

La nueva ley obliga a que la publicidad de créditos rápidos informe claramente del coste total, la TAE y el tipo de interés, prohibiendo mensajes que destaquen solo la inmediatez.

Solo entidades registradas y supervisadas podrán conceder créditos al consumo, y deberán consultar el historial de deudas del cliente antes de aprobar el préstamo.

Se refuerza la protección del consumidor: información previa más clara, límites en comisiones y tipos, derechos en reembolsos anticipados y servicios de asesoramiento para hogares con problemas financieros.

El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles el Anteproyecto de Ley que regula los créditos al consumo e introduce, con carácter transitorio, un límite del 22% a la Tasa Anual Equivalente (TAE) de todas las nuevas operaciones. El Gobierno también vigilará la publicidad del dinero fácil.

Ese techo del 22% se aplicará también a la liquidación de las tarjetas revolving ya existentes, recortando de inmediato los costes más altos de este tipo de financiación.

La norma afecta a todo el mercado de crédito al consumo: microcréditos, tarjetas revolving y préstamos rápidos concedidos a través de plataformas digitales.

El objetivo del Gobierno es reforzar la protección financiera de las familias en un entorno donde pedir dinero desde el móvil en cuestión de minutos se ha vuelto habitual y ha disparado el riesgo de sobreendeudamiento.

​Este Anteproyecto transpone las nuevas directivas europeas sobre créditos al consumo y servicios financieros a distancia, y crea por primera vez un sistema general de límites al coste del crédito.

La TAE máxima de cada préstamo se calculará a partir del tipo medio del mercado, sumando un margen que variará según el importe y el plazo.

Habrá tramos distintos para créditos pequeños (hasta 1.500 euros), importes medios y préstamos de mayor cuantía, y el Banco de España actualizará esos límites trimestralmente. Mientras ese desarrollo reglamentario entra en vigor, el tope del 22% funcionará como techo global para todas las nuevas operaciones.

En paralelo, la ley diseña un régimen específico para los llamados créditos de alto coste, típicamente de bajo importe, muy corto plazo y tipos muy elevados.

Estos productos deberán devolverse en al menos tres cuotas mensuales y su coste total quedará limitado por un tipo máximo mensual del 4% y una comisión máxima del 5%, con un tope absoluto de 30 euros.

​En la práctica, esto significa que un microcrédito de 300 euros a 30 días, que hoy puede costar de media más de 100 euros entre intereses y comisiones, pasará a tener un coste máximo de unos 40 euros si se devuelve en tres meses y de unos 20 euros si se paga al cabo de 30 días.

Además, el coste de estos créditos de alto coste no podrá superar el que tendría un préstamo a 12 meses por el mismo importe bajo el régimen general.

Publicidad

La regulación también entra de lleno en cómo se ofrecen y se anuncian estos productos. La publicidad de los créditos rápidos y de alto coste ya no podrá centrarse sólo en la facilidad o la rapidez para conseguir el dinero, ocultando cuánto se llega a pagar realmente.

Los mensajes del tipo dinero en minutos tendrán que ir acompañados de forma visible por el tipo de interés, la TAE y el coste total del crédito, y no podrán destacar la inmediatez por encima de esas condiciones esenciales.

Además, se refuerza la información previa que debe recibir el cliente antes de firmar. En el caso de los créditos de alto coste, la entidad tendrá que entregar una explicación específica y más detallada con al menos 24 horas de antelación, para que la persona pueda leer la oferta con calma, comparar y decidir sin presión.

El anteproyecto obliga también a presentar los datos clave del contrato en una sola página clara y destacada, de modo que no queden “escondidos” entre varias pantallas o documentos.

Entidades registradas y supervisadas

Otro cambio importante es quién puede dar crédito. Sólo podrán conceder préstamos al consumo entidades registradas y supervisadas, ya sean bancos, financieras tradicionales o las nuevas figuras que crea la ley para operar en el segmento de alto coste.

Esto deja fuera a operadores informales y plataformas que hoy actúan sin apenas control. A la vez, se exige que antes de conceder un crédito se consulte el historial de deudas del cliente, especialmente en los productos más caros, para evitar que acumule préstamos en distintas entidades sin que nadie lo detecte.

El texto incorpora también medidas adicionales de protección. Se refuerzan los derechos en caso de reembolso anticipado, se acotan las ventas vinculadas de créditos con otros productos, como seguros, y se crea la figura de los servicios de asesoramiento de deudas, para ofrecer ayuda financiera, jurídica y social a los hogares que ya están en problemas.

El conjunto pretende transformar un mercado hasta ahora muy opaco: menos intereses desorbitados, menos publicidad que vende solo dinero fácil y más seguridad para quien necesita financiación puntual.