Manifestantes marchan desde la Plaza del Ayuntamiento de Almaraz hasta las puertas de la central nuclear para pedir su continuidad.

Manifestantes marchan desde la Plaza del Ayuntamiento de Almaraz hasta las puertas de la central nuclear para pedir su continuidad.

Observatorio de la Energía

Extensión o fin nuclear: el futuro de la política energética de España se juega en Almaraz en 2026

Tras la petición formal de Iberdrola, Endesa y Naturgy, todas las miradas están puestas en la central extremeña.

Más información: El CSN pide a Iberdrola, Endesa y Naturgy datos adicionales de Almaraz antes de terminar febrero para evaluar su prórroga

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Las claves

España debe decidir en 2026 si amplía la vida de sus centrales nucleares o cumple el calendario de cierre pactado para 2027-2035.

La central de Almaraz es el epicentro del debate, ya que su continuidad condicionará la política energética nacional y el futuro del resto de centrales nucleares.

La petición de prórroga por parte de Iberdrola, Endesa y Naturgy ha reactivado el debate social y político, ante el impacto económico y de empleo en Extremadura.

La decisión final depende del Consejo de Seguridad Nuclear, que debe avalar la seguridad y viabilidad de la extensión, mientras se mantienen las exigencias de no aumentar costes ni poner en riesgo el suministro eléctrico.

España decidirá previsiblemente en 2026 si ampliar la vida de sus nucleares o cumplir el calendario de cierre, y Extremadura, con su central Almaraz, es el epicentro político y simbólico de esa decisión.

El futuro del parque nuclear español está, sobre el papel, escrito desde 2019, cuando eléctricas -Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP- y la empresa pública encargada de los residuos radiactivos y desmantelamientos -Enresa- acordaron un calendario de clausura escalonada entre 2027 y 2035.

Ese protocolo fija el apagón de los siete reactores que hay en España, alineado con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y con el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos.

La primera en cerrar es Almaraz (el primer reactor en noviembre de 2027 y el segundo en octubre de 2028). Pero los últimos años han dado un giro al guion: en 2025, tras meses de tira y afloja con el Gobierno, Iberdrola, Endesa y Naturgy solicitaron formalmente prorrogar la vida de la central extremeña hasta 2030.

La cuestión no es baladí, pues lo que se resuelva con la planta extremeña condicionará de facto la política energética española de la próxima década.

En primer lugar, porque esta petición, de aceptarse, brinda a las eléctricas tiempo político. En 2027 habrá elecciones generales y un eventual cambio de Gobierno podría dar mucho más margen a las nucleares, con un PP que se ha mostrado claramente favorable a alargar la vida útil de las plantas.

Al mismo tiempo, lo que ocurra con Almaraz condicionará el futuro del resto de centrales nucleares, especialmente el de las catalanas, Ascó y Vandellós. El debate sobre la seguridad energética está más abierto que nunca en la región, condicionada por el lento desarrollo del parque de energías renovables.

Impuestos y presión social

La decisión sobre Almaraz ha acaparado todas las miradas. La central extremeña es el principal motor económico de la zona, pues genera más de 1.000 empleos directos y entre 2.900 y 4.000 puestos indirectos e inducidos en Extremadura.

La aproximación de su cierre ha desatado una fuerte reacción social. Trabajadores, ayuntamientos y plataformas como “Sí a Almaraz, sí al futuro” se han movilizado para defender la continuidad de la planta.

Esa presión se ha trasladado al ámbito político y empresarial. La Junta de Extremadura, alcaldes y organizaciones empresariales han reclamado que se valore el impacto socioeconómico antes de tomar cualquier decisión.

Al mismo tiempo, expertos del sector nuclear advierten del riesgo de perder capacidad firme en el sistema eléctrico.

En este caldo de cultivo, Iberdrola, Endesa y Naturgy presentaron hace dos meses su solicitud de prórroga. Pero han tenido que ceder en uno de sus puntos más polémicos, la rebaja de la tasa que pagan a Enresa y de la carga fiscal específica sobre nucleares.

Eso sí, tras la rebaja de la ecotasa autonómica anunciada por el Ejecutivo de María Guardiola, un gesto clave que desbloqueó la solicitud de prórroga.

Renunciar a la rebaja de la tasa Enresa era condición necesaria para que el Gobierno central estudiara seriamente la prórroga. El Ejecutivo había marcado "tres líneas rojas" para cualquier cambio en el calendario nuclear.

La primera línea roja es garantizar que cualquier ampliación de la vida útil respete la seguridad nuclear y radiológica de la población. Este aspecto deberá ser avalado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La segunda, que la prórroga no suponga un mayor coste para consumidores ni contribuyentes. Las empresas cumplen este requisito al dejar de lado sus pretensiones de rebajas fiscales.

La tercera, asegurar la continuidad del suministro eléctrico, evitando riesgos a la estabilidad del sistema. Precisamente un punto de preocupación que se reforzó tras el apagón del 28 de abril y los debates sobre la resiliencia de la red.

El papel del CSN

Tras la petición formal de las eléctricas, el Gobierno ha dejado la pelota en el tejado del Consejo de Seguridad Nuclear.

El Ministerio para la Transición Ecológica se limitó a señalar que trasladaría la solicitud al regulador al objeto de que fuese él quien valorase la petición para emitir su preceptivo informe.

Ese documento deberá avalar, desde el punto de vista técnico, si se cumplen las condiciones de seguridad nuclear y radiológica para que la central opere más allá de 2027‑2028.

El CSN tiene de plazo hasta el 1 de septiembre de 2027 para remitir su dictamen al ministerio. Sin embargo, en la práctica no se puede apurar demasiado la decisión.

En juego están contratos de compra de uranio, planificación de recargas, organización de plantillas y planes de desmantelamiento. Las eléctricas necesitan margen suficiente para prepararse, ya sea para una prórroga o para un eventual cierre.

Y mientras se discute el futuro de Almaraz, el foco ya comienza a desplazarse hacia otras centrales del parque nuclear español.

En Cataluña, el debate ha empezado a asomar con fuerza. La eventual continuidad o cierre de Ascó y Vandellós aparece ya en el horizonte político, consciente de que lo que ocurra en Extremadura sentará precedente.

Por eso, 2026 marcará un punto de inflexión. Será el año en el que el debate deje de ser teórico y empiece a traducirse en decisiones tangibles.