Bruselas proseguirá con su expediente sancionador contra España tras el fracaso de la opa del BBVA sobre el Sabadell

Bruselas sostiene que la normativa española que invocó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para llevar la opa del BBVA al Consejo de Ministros vulnera los principios de libre circulación de capitales y de libertad de establecimiento recogidos en los Tratados. Y por eso exige su derogación.

"La Comisión no comenta sobre los resultados de operaciones de mercado y nunca lo ha hecho", ha dicho el portavoz de Servicios Financieros del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, al ser preguntado por el fracaso de la opa del BBVA. "En cuanto a nuestro procedimiento de infracción, es importante dejar claro que sigue en curso", ha agregado el portavoz.

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Bruselas sigue considerando que la legislación española en cuestión "invade las competencias exclusivas del Banco Central Europeo y de los supervisores nacionales, infringe la normativa bancaria de la UE y restringe el libre movimiento de capitales y la libertad de establecimiento".

El Ejecutivo comunitario alega que el Gobierno de Sánchez no tenía ningún argumento para imponer condiciones adicionales a la opa del BBVA, una vez que ya había sido autorizada por las autoridades competentes: el propio BCE y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMNC).

Tras el envío de una carta de emplazamiento en junio, el siguiente paso que tiene que dar Bruselas es aprobar un dictamen motivado en el que reclame formalmente a Sánchez que modifique la ley con el fin de quitar al Gobierno el poder de vetar fusiones ya autorizadas por las autoridades competentes.

En última instancia, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que podría imponer multas crecientes a España hasta que cumpla, si Bruselas así lo solicita.

Denuncia ciudadana

Lo más sorprendente del caso es el origen último de este expediente. La Comisión inició sus pesquisas a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano español particular, justo dos días después de que el 9 de mayo el BBVA anunciara públicamente su intención de adquirir el Sabadell.

Este ciudadano alertaba al Ejecutivo comunitario de que determinadas disposiciones del derecho español, algunas de las cuales supuestamente debían transponer legislación comunitaria, vulneran los Tratados y las disposiciones de la unión bancaria.

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Se trata en concreto de la Ley 10/2014, que es el acto de transposición de la directiva de requisitos de capital; del Real Decreto 84/2015 sobre ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito; y la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia.

Según Bruselas, estas normas otorgan al ministro de Economía unos poderes discrecionales y que no están limitados, y otorga al Gobierno la facultad de poder prohibir una fusión por razones distintas al interés general.

Aunque todas estas normas están en vigor desde hace como mínimo una década, la Comisión Europea no detectó ningún incumplimiento del derecho comunitario hasta recibir esta denuncia del ciudadano particular.

Este es precisamente el argumento al que ha aferrado hasta ahora el ministro Cuerpo para rechazar la actuación de Bruselas en el caso BBVA-Sabadell.

Carlos Cuerpo

Tras estas afirmaciones, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, ha afirmado que el Gobierno sigue en contacto con la Comisión Europea para "defender" su actuación en la opa y darle “todos los argumentos necesarios”.

En una rueda de prensa en Washington, Cuerpo ha incidido en que la actuación del Gobierno no sólo está dentro de la normativa española, sino que además esta es "plenamente compatible con la legislación europea y los avances necesarios en materia de integración y de mercado único en el ámbito financiero".

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En este sentido, el titular de Economía ha asegurado que la intención del Ejecutivo ha sido en todo momento proteger el interés general, “siempre dentro del marco normativo nacional”.

Cuerpo ha vuelto a trasladar su "máximo respeto" a la decisión de los accionistas del Sabadell, que son los que tenían que tomar la decisión, al tiempo que ha destacado el buen desempeño de todas las instituciones involucradas en esta operación: Banco de España, la CNMC y la CNMV.

Por otro lado, ha afirmado que este proceso presenta un resultado positivo en cuanto al precedente que ha sentado con respecto a la capacidad de este tipo de operaciones de generar valor para los accionistas y poder hacerlo protegiendo a la vez los intereses generales.

"Hemos visto que tras las condiciones impuestas por el Gobierno para proteger ese interés general, BBVA siguió adelante con esta operación, con lo cual queda claro que en ningún momento se ha impedido el desarrollo de esta operación, cuya decisión final le ha correspondido, como no puede ser de otra manera, a los accionistas de Sabadell", ha argumentado.

En cualquier caso, Cuerpo considera que será interesante conocer la valoración de "todos los actores involucrados" en esta operación con respecto a posibles lecciones aprendidas a raíz de la misma.