El guion de la opa que BBVA lanzó sobre Sabadell sigue sorprendiendo a pesar de acercarse al final. La Comisión Europea acaba de abrir un expediente al Gobierno después de que este bloqueara durante tres años la posible fusión, pese a lo cual el calendario de la operación no se altera.

Bruselas lanzó el jueves un expediente sancionador contra España por considerar que el Gobierno se ha extralimitado al imponer condiciones adicionales a la posible concentración de BBVA y Sabadell que la autoridad de Competencia dio de paso en fase dos el pasado 30 de abril.

Desde la Comisión Europea sostienen que la legislación española que invocó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para elevar la decisión al Consejo de Ministros vulnera los principios de libre circulación de capitales y de libertad de establecimiento recogidos en los Tratados.

Distintas fuentes del mercado trasladan a EL ESPAÑOL-Invertia que la opa seguirá sus tiempos como estaba previsto, dado que esta decisión de Bruselas no altera el calendario. Se trata, por tanto, de un proceso que discurrirá de forma paralela a la opa.

De hecho, como apuntan algunas de estas fuentes, se prevé que el proceso del expediente abierto por el Gobierno que dirige Ursula von der Leyen sea lento y se alargue en el tiempo. De esta forma, el banco podría culminar la opa antes de que se conociera el resultado.

Expediente de Bruselas

La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de bloquear la fusión durante, al menos, tres años, sigue vigente a la espera de que Bruselas resuelva el expediente, por lo que por el momento, aunque lograra sacar adelante la opa, BBVA no podría integrar ambas entidades.

Bruselas ha iniciado el expediente sancionador contra España con el envío de una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción. El siguiente paso es que el Gobierno aclare a la Comisión Europea sus dudas respecto a la normativa española, para lo cual tiene un plazo de dos meses.

Algo que podría acabar con la modificación de las leyes afectadas. La Comisión podría reclamarlo a través de un dictamen el próximo otoño si los argumentos que le dé el Gobierno no le convencen.

En última instancia, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que podría imponer multas crecientes a España hasta que cumpla, si Bruselas así lo solicita.

Hay que recordar que Maria Luís Albuquerque, comisaria europea de Servicios Financieros, ya se había pronunciado en contra de la posibilidad de que los gobiernos opinen sobre fusiones bancarias. En su opinión, sólo el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades de Competencia deberían poder pronunciarse.

Algo en lo que está de acuerdo el supervisor bancario de la zona euro. Y es que, como ya informó este periódico, las intervenciones que están haciendo los gobiernos de España, Alemania, Italia y Portugal en distintos procesos de fusiones bancarias no gustan nada al BCE.

Economía se defiende

Desde Economía, sin embargo, defienden su actuación. De acuerdo con fuentes oficiales, han recibido la comunicación de la Comisión Europea, que afecta a la Ley de Defensa de la Competencia (2007) y la Ley de Solvencia Financiera (2014).

"Cabe destacar que se trata, por tanto, de normativa que lleva bastantes años vigente y que se ha aplicado desde entonces en varias ocasiones", apuntan desde el departamento que dirige Cuerpo. En concreto, estas normas llevan 18 y 11 años en vigor, respectivamente.

Además, el ministro explicó en declaraciones a los medios el jueves que "este procedimiento no suspende la eficacia del acuerdo del Consejo de Ministros relativo a la operación entre BBVA y Sabadell".

Esto quiere decir que, salvo que la Comisión Europea resuelva lo contrario, BBVA no podrá integrar (y, por tanto, hacer desaparecer a) Sabadell en los próximos tres años, como mínimo, y deberá cumplir la condición impuesta por el Gobierno.

Algo que no impide al banco, sin embargo, integrar a Sabadell en su plataforma tecnológica, lo que le permitirá obtener parte de las sinergias de costes previstas en un inicio, como informó EL ESPAÑOL-Invertia.

"Estamos totalmente convencidos desde el principio de que nuestra actuación está en línea con nuestra normativa doméstica y que la normativa doméstica está plenamente alineada con la normativa europea", dijo Cuerpo el jueves en los pasillos del Senado.

Ya el día que se conoció el bloqueo a la fusión, el ministro de Economía explicó en rueda de prensa que el Gobierno había realizado previamente "un análisis legal interno sobre cuál era el terreno de juego".

"Por supuesto, el ángulo legal lo tenemos cubierto desde el principio", afirmó entonces, descartando cualquier temor del Ejecutivo a una posible batalla legal que pudiera iniciar el banco.