Pineda, licenciado en Derecho, ya prepara junto a un equipo multidisciplinar (jurídico, contable y reputacional) una reclamación patrimonial al Estado, en la que pedirá ser resarcido económicamente.

En julio de 2021, la Audiencia Nacional le impuso cinco años de prisión como autor de un delito continuado de extorsión y otros tres años más, por estafa. Según dicho tribunal, extorsionó a bancos y grandes empresas para recibir dinero a cambio de evitarles acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra. 

A la vez, y por el mismo motivo, también fue condenado el líder de la organización Manos Limpias, Miguel Bernad, que es autor de la reciente denuncia que ha provocado la apertura de una investigación judicial sobre los negocios de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

Pineda estuvo en prisión provisional desde 2016 hasta 2019. Para ser liberado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le impuso una fianza de medio millón de euros, que luego rebajaría a 200.000 euros. En 2021 se celebró el juicio, que acabó con Pineda y Bernad condenados.

Luis Pineda, presidente de Ausbanc, al ser detenido. Efe EFE

Pero ambos recurrieron ante el Supremo y, tres años después de aquel fallo, el pasado 11 de marzo, el Alto Tribunal les exoneró. En la sentencia absolutoria, de 149 folios, la Sala Penal del Alto Tribunal relataba que, en efecto, Pineda, como director de Ausbanc, presentó demandas y querellas a través de dicha entidad. En ocasiones, de acuerdo con Bernad.

Y, además, negoció con algunos de los demandados o querellados, que solían ser bancos, acuerdos para retirar las acusaciones, que solían incluir el compromiso de Pineda de no iniciar nuevos procedimientos judiciales en su contra y fomentar una imagen positiva de las compañías.

Sin embargo, las acusaciones sí proseguían contra las compañías que rechazaban estos acuerdos, las cuales, "aunque sobre la base de informaciones veraces", eran señaladas en las ya extintas revistas de Ausbanc.

Ahora bien, el Tribunal Supremo concluyó que esta forma de negociación, por censurable que pudiese parecer desde un punto de vista ético, no lo es bajo la óptica penal.

El secretario general y líder de Manos Limpias, Miguel Bernad, el pasado mes de marzo en Madrid. Fernando Alvarado EFE

No son hechos de una entidad suficiente para ser calificados como extorsión. Las acciones judiciales que Ausbanc impulsaba estaban amparadas por la ley. En ocasiones, de hecho, ganó las demandas que presentó. También es lícito que la entidad que presidía Pineda ejerciese su derecho a la libertad de información y publicase noticias al respecto.

Tal y como recalca el Supremo, "varias de las mercantiles supuestamente extorsionadas forman parte del Ibex 35 y todas ellas, al tiempo de producirse los hechos, constituían entidades financieras de significada magnitud económica".

Estas "potentes sociedades" disponían de servicios jurídicos especializados, además de "suficiente cobertura económica para encarar con plenas garantías acciones, civiles o penales, frente a la publicación de informaciones que pudieran resultarles, en cualquier sentido, indebidamente perjudiciales".

"Y lo mismo para decidir de forma razonablemente libre, sin otros condicionantes que los consustanciales a toda actividad negocial, en qué publicaciones o en qué medios de comunicación preferían anunciarse, disponiendo también, como se ha dicho, de la robusta posibilidad de reaccionar jurídicamente frente a cualesquiera informaciones falsas que pudieran afectarles", subrayó la Sala Segunda del Alto Tribunal, presidida por el juez Manuel Marchena.

Delito de estafa

En cuanto al delito de estafa, por el que también condenó la Audiencia Nacional a Pineda, el máximo órgano judicial español no pudo establecer en qué consistió el supuesto engaño, que es un elemento esencial en este ilícito. Por tanto, los dos acusados también fueron absueltos del mismo por el Supremo.

El fiscal que participó en el juicio, José Perals, llegó a solicitar nada menos que 118 años de prisión para Luis Pineda y 24 para Bernad. No obstante, el tribunal enjuiciador descartó los delitos de organización criminal, denuncia falsa, fraude y estafa procesal y administración desleal que sí atribuía el Ministerio Público a los dos encausados.

En declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia, Pineda lamenta la "acusación falsa" que ha debido enfrentar durante ocho años.

"Pero no sólo eso. El daño también lo ha sufrido la proyección internacional de España, la marca España, en definitiva. Ausbanc ejercía una actividad fiscalizadora que afectaba positivamente a la imagen de los servicios que ofrece el país y que, entre otras cosas, benefician al turismo, la principal industria nacional", relata.

"La asociación llevaba a cabo un control ciudadano en paralelo al que desempeñan los poderes del Estado, contribuía a generar confianza no sólo en los consumidores españoles, sino también en los extranjeros. Esa labor fue reventada de un plumazo por la acción, precisamente, de las cloacas de esos poderes del Estado, que fueron contra sus propios intereses. Estamos trabajando para evaluar este perjuicio tanto a nivel económico como personal, porque no es de recibo que el Estado cause un estropicio de tal calibre y no responda por ello. No sería buen ejemplo ni para la ciudadanía española ni para la del resto del mundo que este destrozo quedara impune", concluye.